Una mujer corre riesgo de muerte por la prohibición del aborto en El Salvador

Beatriz tiene 22 años y está encinta de 20 semanas. Si sigue adelante con el embarazo puede morir. El lupus eritematoso discoide y la insuficiencia renal grave que padece ponen en serio riesgo su vida, según han diagnosticado los médicos que la atienden. Además, el hijo que espera tiene anencefalia —carece de parte del cerebro— y su supervivencia tras el parto es prácticamente nula. Pero Beatriz vive en El Salvador, un país donde el aborto está totalmente prohibido en cualquier circunstancia. Las mujeres que se lo practiquen se enfrentan a penas de hasta 50 años de cárcel, y los médicos que lo realicen hasta 12. Una amenaza tangible que la Fiscalía del Estado ha lanzado ya contra esta joven y cualquiera que la atienda. Beatriz, que ha solicitado amparo ante la Corte Constitucional de su país y la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH), aguarda ahora a que el Gobierno de El Salvador permita una excepción para que pueda abortar.

La interrupción del embarazo se pena como homicidio agravado y conlleva hasta 50 años de cárcel

Su historia ha desatado la polémica en el país centroamericano, que en la década de los noventa eliminó la opción del aborto terapéutico que entonces recogía su legislación. A voces como la de la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, que ha pedido a la justicia que se otorgue un permiso especial para que se le pueda practicar el aborto a la chica sin que ella o los médicos sean castigados, se contraponen las duras palabras de la Conferencia Episcopal de El Salvador, que ha manifestado que interrumpir un embarazo no está justificado en ningún caso. Los obispos, además, han acusado a las organizaciones de mujeres y de derechos civiles de “usar” la enfermedad de Beatriz para “manipular” al Gobierno y empujarle a despenalizar el aborto en ciertos supuestos.

El caso ha llegado hasta Naciones Unidas. Un grupo de expertos de ese organismo criticó la inacción de las autoridades salvadoreñas y apeló el viernes pasado al Gobierno de Mauricio Funes (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) para que permita la intervención que salvaría la vida de la chica. “Esta situación de incertidumbre ha extendido el sufrimiento de Beatriz, quien tiene pleno conocimiento del estado de salud del feto y el riesgo de muerte que ella misma enfrenta, sometiéndole a vivir una situación cruel, inhumana y degradante”, subrayan. No es el único organismo internacional que la apoya. El lunes, la CIDH concedió a la joven el amparo que había solicitado y exigió a El Salvador que cumpla con el tratamiento recomendado por el comité médico que la atiende: la interrupción del embarazo. Les instó, además, a hacerlo sin dilación.

El Gobierno del país centroamericano, que debe acatar la orden de esta corte internacional, aún no ha movido ficha. Mientras, Beatriz permanece ingresada en un hospital de la capital, explican los abogados de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico que la representan. La chica, que procede de una familia con pocos recursos de la zona rural de Jiquilisco (al sur) tiene ya un hijo de dos años. Ese primer embarazo también fue de riesgo, aunque menor, y la mantuvo en cuidados intensivos durante 38 días, explica Morena Herrera, portavoz de esa agrupación. "Llevamos 21 días esperando la resolución del Gobierno. La situación de Beatriz es dramática", apunta por teléfono.

La situación de Beatriz es, para los expertos de la ONU, un ejemplo de que El Salvador debería considerar la introducción de excepciones a la prohibición total del aborto. “El derecho internacional en su estado actual no prohíbe el aborto ni lo impone tampoco; cada Estado puede elegir qué tratamiento darle en su legislación interna”, explica Juan Méndez, relator especial de la ONU para la tortura. “Pero el derecho internacional sí prohíbe en forma absoluta el trato cruel, inhumano y degradante, por ello los Estados están obligados a arbitrar medios jurídicos eficaces para evitar someter a las mujeres a situaciones que impliquen trato cruel, inhumano o degradante”, indica.

La Corte Iberoamericana de Derechos Humanos ha instado a que se realice la operación

Beatriz se enfrenta a la muerte o a la cárcel. En El Salvador, 19 mujeres cumplen penas de prisión por abortar, explica la abogada de la organización Women's Link Worldwide Mónica Roa, que ha seguido de cerca el proceso. “Su Código Penal castiga con hasta 14 años de cárcel el delito de aborto, en el caso de las mujeres, pero a la mayoría se las procesa por homicidio agravado, penado con hasta 50 años”, dice.

En El Salvador fallecieron, según los datos que manejan las organizaciones de mujeres y de derechos civiles al menos 13 mujeres como consecuencia de problemas en el embarazo que se hubieran evitado si se les hubiera permitido abortar. Y no es el único país de América donde se producen situaciones similares. En 2010, una mujer de 27 años enferma de cáncer perdió la vida en Nicaragua porque le negaron la interrupción del embarazo. En 2012, una chica de 16 años con leucemia murió en República Dominica porque las autoridades desautorizaron el tratamiento farmacológico porque ponía en riesgo la vida del hijo que esperaba; que tampoco salio adelante.

A estas historias dramáticas se añade un hecho constatado por la Organización Mundial de la Salud: que las leyes más duras no atajan la tasa de abortos, al revés; y en cambio sí incrementan el número de intervenciones inseguras, incide Marta María Blando, de la organización internacional IPAS, que lucha por evitar las muertes y discapacidades atribuibles a esas prácticas. Blando apunta que la clandestinidad y la falta de transparencia de los Gobiernos hacen difícil tener cifras concretas de este fenómeno, aunque la OMS estima que cada año mueren 40.000 mujeres en todo el mundo debido a abortos inseguros.

“En abstracto es difícil defender un derecho que nadie quiere tener que usar. Ninguna mujer quiere abortar, pero hay una realidad que no podemos negar. Debe garantizarse a las mujeres un mínimo de cobertura para que ninguna muera porque no le hacen un aborto. Y desde esa base los Estados tendrían espacio para decidir qué tipo de legislación quieren”, reclama la abogada Roa. Algunos, como Colombia o Uruguay, ya han dado ese pequeño paso.