“En el Ejército hay muchos gastos prescindibles”

Desde el pasado 3 de abril, el subteniente Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la mayor asociación profesional de las Fuerzas Armadas, con 4.000 afiliados, cumple un mes de arresto en el centro disciplinario de la base San Pedro, en Colmenar Viejo (Madrid). Su delito consiste en haber declarado, a una emisora de radio, que en el Ejército hay “un sinfín de gastos superfluos que se pueden recortar antes de rebajar el sueldo a los militares”. Por ejemplo, bodas de plata de promociones, juras de bandera de civiles, festividades de patronos y un largo etcétera.

En el centro donde lleva 24 días recluido no hay demasiadas distracciones —hacer deporte, leer o ver la TV—, así que Bravo ha tenido tiempo para reflexionar y ha llegado a la conclusión de que sus palabras “no fueron muy acertadas”. Pero no por el contenido, sino por la forma de expresarse. “La próxima vez me explicaré mejor”. Y lo que explica, en el encuentro que mantuvo ayer con dos medios de comunicación en la sala de visitas del centro de internamiento —paredes blancas, dos sofás, fotografías de temas militares como única decoración— es que un estudio de la AUME demuestra que hay una “una larga lista de gastos que son perfectamente prescindibles y se pueden ahorrar sin afectar en absoluto a la operatividad de las Fuerzas Armadas”.

Es la tercera vez que el líder del asociacionismo militar cumple arresto por unas declaraciones pero, a diferencia de las anteriores (en 2007, bajo Gobierno del PSOE), ahora está en vigor la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que consagra el derecho de los militares a la libertad de expresión “sin otros límites que los derivados de la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la dignidad de personas e instituciones”, así como la necesidad de ajustarse a la disciplina “en los asuntos estrictamente relacionados con el servicio”.

Bravo está seguro de no haber vulnerado la ley, como también lo está el presidente de la organización que agrupa a 40 asociaciones militares de 26 países europeos (Euromil), el belga Enmanuel Jacob, que ha escrito una carta de protesta al ministro de Defensa, Pedro Morenés, y ha visitado al subteniente en su reclusión. En cambio, no cree que a él se le haya aplicado una vara de medir diferente que al general Chicharro, que no fue sancionado pese a justificar una intervención del Ejército para frenar la secesión de Cataluña. “Sencillamente a él no se le aplicó ninguna vara de medir, ni siquiera fue expedientado”, alega.

Es improbable que el arresto arredre a Bravo; más posible es que su estancia modifique el funcionamiento del centro disciplinario. Tras elevar unas 30 quejas ha provocado, por ejemplo, que se ponga un tablón para los anuncios de las asociaciones de militares (obligado en toda instalación militar) o se instale un escáner (para evitar el registro manual de los paquetes).

Está dispuesto a recurrir al Constitucional o al Tribunal de Estrasburgo, si fuera preciso, pero eso no evitará que siga encerrado hasta que el 3 de mayo cumpla su castigo. Solo tres días después, como presidente de AUME, asistirá a una reunión extraordinaria del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, un órgano asesor del propio Morenés. El tema a tratar: la libertad de expresión de los militares.