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ANÁLISIS

El riesgo de división social

La implantación de la jornada continua en muchos colegios públicos es consecuencia de los recortes educativos

Según informaba la cadena SER, desde 2009 a 2013 los colegios públicos de infantil y primaria que tienen jornada continua (lo que significa concentrar la docencia de nueve a dos en lugar de hacerlo como hasta ahora en horario de mañana y tarde) han pasado del 46% al 62% del total. Algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, han publicado una nueva normativa en la que ya no se exige para el paso a la jornada continua un plan de mejora que garantice la existencia de actividades extraescolares.

Eso sí, se mantiene el requisito, por lo demás menos exigente que las mayorías cualificadas para modificar la Constitución, de que voten como mínimo dos tercios del censo de padres y madres y que, a su vez, lo hagan a favor dos tercios de quienes hayan votado.

¿Qué podría explicar este súbito incremento de 16 puntos? A falta de investigaciones científicas sobre el tema solo cabe lanzar hipótesis a partir de algunos datos fragmentarios.

Dos aspectos de la crisis parecen poder explicar este cambio. El primero tiene que ver con la desaparición de becas de comedor. Muchas familias no pueden permitirse el lujo de abonar los poco más de 100 euros que cuesta el comedor escolar. Ante esta situación se barajó la polémica posibilidad de que sus hijos cargaran con un tupper desde casa. Otra alternativa es simplemente llevárselos a casa a las dos y que coman en el hogar con lo que cabría establecer una correlación entre el nivel socioeconómico del público de los colegios y la preferencia por una u otra jornada.

No obstante, la jornada continua sigue siendo la opción de algunas familias sin problemas económicos que desean obviar el tiempo del comedor —posiblemente porque la comida es peor que en casa a lo que se añaden los problemas de convivencia del largo recreo del comedor— o que está en condiciones de pergeñar una jornada de tarde capaz de tapar los huecos que deja la escuela pública: idiomas modernos, informática, etcétera.

El segundo aspecto podría tener que ver con el hecho de que en los últimos tiempos los funcionarios docentes han visto decrecer sus salarios al tiempo que se ha intensificado su trabajo (hay más alumnos por aula y menos profesores de apoyo). Qué duda cabe de que la jornada continua es un caramelo que compensa, siquiera parcialmente, tanta penalidad.

Finalmente, la concertada y la privada —salvo alguna excepción puntual— siguen prefiriendo la jornada partida (pese a los cantos de sirena que emite la pública), con lo que el riesgo de trazar una divisoria social debería tomarse en consideración. Que no lo hagan los sindicatos corporativos se puede comprender. Sin embargo, que no lo consideren los de clase requiere más explicaciones.

Rafael Feito es sociólogo.