El control del déficit amenaza los fondos para formar en trasplantes

La Ley de Estabilidad Presupuestaria que controla al milímetro que comunidades y municipios gasten solo lo que deben, es decir, que se ajusten a su límite de déficit, amenaza las subvenciones destinadas a formar a los profesionales sanitarios en materia de trasplantes. El castigo del Ministerio de Hacienda a las cinco autonomías díscolas —Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Cataluña e Islas Baleares— se ha llevado por delante ya subvenciones para programas de todo tipo, desde arqueología a digitalización de archivos. Se teme que ahora el recorte afecte al funcionamiento de una de las joyas de la corona de la sanidad pública española: el sistema de trasplantes, exportado a medio mundo. La Organización Nacional de Trasplantes (ONT), dependiente del Ministerio de Sanidad, recuerda que las ayudas para la formación son una parte fundamental del engranaje del sistema. Mientras, el ministerio de Cristóbal Montoro matiza que aún no hay nada decidido.

La ley ha endurecido las condiciones de acceso a las subvenciones del Gobierno a las autonomías incumplidoras. Desde hace un año, las ayudas y convenios deben pasar una criba específica y estricta de Hacienda, que emite un informe para concederlas. El de la ONT todavía no se ha hecho. La convocatoria anual de subvenciones para esta organización está a punto de publicarse. Se trata de un fondo de algo más de dos millones de euros, a repartir entre las 17 autonomías. Cantidades que se destinan a que los servicios de salud, hospitales y sociedades científicas formen a sus profesionales. Más de 14.000 han pasado por estos cursos. Un elemento cada vez más importante en un sistema en el que el número de donaciones puede haber tocado techo, y en el que la pauta reside en buscar, junto a los profesionales, nuevas vías y donantes.

Rafael Matesanz, coordinador de la ONT, señala que para el sistema es fundamental que estas subvenciones lleguen a buen puerto. “Nuestra red de coordinación de trasplantes se basa en ellas. Este dinero nos ha permitido establecer toda la estructura que tenemos”, señala. Matesanz admite que la normativa que pone en peligro ahora esas ayudas es general, y que no afecta solo a los trasplantes. “Interactuaremos con Hacienda para hacerle ver que este tema es muy sensible”, dice. Porque aunque esos fondos se destinen a la formación, el agujero que provocaría dejar a cinco regiones sin ayudas repercutiría “lógicamente”, dice Matesanz, “en que se hagan más o menos trasplantes”.

Las comunidades se reparten dos millones de euros al año

La radiografía de la donación en España, líder mundial de manera ininterrumpida desde hace 21 años, ha cambiado. Las muertes por traumatismos han descendido —debido a la caída de los accidentes de tráfico y la siniestralidad laboral—, también los accidentes cerebrovasculares. Hay menos fallecimientos por causas que permitan la donación, y los donantes son cada vez mayores. Factores a los que se añade que las donaciones en las unidades de cuidados intensivos han tocado techo: allí se detecta a la mayoría de los pacientes aptos y, salvo negativas familiares, ya lo hacen.

Por eso, la ONT busca ahora otros caminos para sostener un sistema que permite realizar 4.211 trasplantes al año. Una de ellas es tratar de localizar a los posibles donantes que entran en los hospitales por las urgencias. Un estudio de la ONT y de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) revela que uno de cada 2.000 de estos enfermos podría ceder sus órganos. Sin embargo, solo el 30% de ellos fallece en la UCI, la única unidad hospitalaria desde donde se puede donar. “Por eso, la formación de los urgenciólogos para evitar que se pierdan esos posibles donantes, y tratar de canalizarlos para que puedan hacerlo, es esencial”, incide Tomás Toranzo, presidente de la Semes.

También lo es para las otras dos vías que pueden lograr que el número de donantes —más de 1.600 al año— se mantenga: la donación en vivo y la canalización de los pacientes que mueren por parada cardiorrespiratoria fuera del hospital.

Algunas de las comunidades susceptibles de perder la subvención están seriamente preocupadas. Es el caso de Andalucía, por ejemplo. Su consejera de Salud, María Jesús Montero, consideró ayer “absolutamente intolerable” que el Gobierno “supedite” las subvenciones destinadas a la política de trasplantes al cumplimiento del objetivo de estabilidad. El perjuicio para esta autonomía puede ser grande porque solicita las subvenciones de manera unificada y luego las reparte por los centros y hospitales. “El que determinadas comunidades tuvieran acceso a estos fondos y otras no tendría un efecto cualitativo de pérdida de cohesión del sistema. Algo básico en materia de trasplantes”, remarca Matesanz.