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ANÁLISIS

Una oportunidad de oro perdida

No recurrir la sentencia hubiera contribuido al fin de ETA

El Partido Popular siempre ha alardeado de no dejarse seducir por los atajos en política antiterrorista. Era una manera de poner en evidencia la guerra sucia que se practicó contra el terrorismo etarra durante los Gobiernos de UCD y el primero de Felipe González. Sin embargo, sí se ha dejado seducir por los atajos legales, como muestra su interés en mantener la doctrina Parot cuando ya no hay terrorismo etarra que combatir. Esta doctrina jurisprudencial, bautizada con el apellido del preso etarra Henri Parot, es una interpretación del Tribunal Supremo, de 2006, del cumplimiento de la pena que, en vez de aplicar los beneficios penitenciarios sobre el máximo de cumplimiento de prisión, de 30 años, lo hace sobre la totalidad de la condena. Esto ha supuesto el alargamiento de la condena en varios años para el penado y afecta a 50 presos etarras.

La unánime sentencia de la pequeña sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, de julio pasado, tumbó esta interpretación del alto tribunal español por vulnerar los artículos 5, 1 y 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos con el contundente argumento, de principios del derecho, de que “nadie puede recibir una pena más elevada que la que le era aplicada al delito en el momento de su comisión”. La sentencia de Estrasburgo coincidió, además, con una nueva etapa política, el final de 40 años de terrorismo tras el cese definitivo de la violencia de ETA de octubre de 2011. La mera aplicación de la sentencia de Estrasburgo hubiera supuesto el comienzo de la abolición de la legislación excepcional impuesta por los Gobiernos en la etapa del terrorismo etarra. Dicho de otra forma, el reconocimiento de que se abría una nueva etapa, como habían sugerido a Mariano Rajoy el lehendakari Iñigo Urkullu y su antecesor en el cargo y líder del PSE, Patxi López.

Pero el Gobierno, acuciado por problemas más urgentes, como la crisis económica, el caso Bárcenas o la amenaza de secesión en Cataluña, no ha querido abrir un nuevo frente de disensión a su derecha, que presiona con dureza por el mantenimiento de la doctrina Parot y ha decidido hacer bandera de esta doctrina y dar la batalla contra su abolición en Estrasburgo. El Ejecutivo ha perdido, con ello, una oportunidad de oro para mostrar la superioridad del Estado de derecho sobre unos terroristas derrotados, que no han logrado sus objetivos con el chantaje de la violencia. Hubiera sido una buena manera de contribuir a consolidar el final de ETA. Una consolidación a la que no se hace más que poner obstáculos por todas partes, empezando por la propia ETA que sigue teniendo pendientes tareas como el desarme y la asunción de la reinserción individual para sus presos.

En todo caso, la última palabra sobre la doctrina Parot la tiene quien la tiene que tener, el Estado de derecho, representado ahora por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El Gobierno, pese a sus presiones sobre otros Ejecutivos europeos, no lo tiene fácil por el precedente de la sentencia de julio de la pequeña sala que, por unanimidad, concluyó que esta interpretación vulneraba un derecho fundamental, la irretroactividad de las penas. La legitimidad en la lucha antiterrorista se gana cumpliendo fielmente los principios del derecho.