Expertos sociales alertan de que la reforma local traerá “más marginación”

La reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que ha diseñado el Gobierno lleva a la "degradación definitiva de los servicios sociales” en un momento en el que esta atención es más necesaria que nunca por el impacto de la crisis económica. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha presentado este miércoles su análisis de la norma, pendiente de trámite parlamentario. Y las conclusiones están plagadas de sombras.

La medida prevé ceder la competencia exclusiva en prestaciones sociales a las comunidades autónomas. Ello rompe con la situación actual, en la que los equipos de base municipales, los que conocen de primera mano las necesidades de sus vecinos, son la puerta de entrada a la atención a las personas en riesgo de exclusión o desamparo.

Por ello, no solo implica “un gran atentado al municipalismo”. Los servicios sociales “tienen la proximidad como seña de identidad y ámbito ineludible de acción sin la cual se vuelven ineficientes e ineficaces”, según el informe. La reforma supone un “tremendo error” que "pasará factura en términos de cohesión social, marginación y sufrimiento a los de siempre”.

Los consistorios quedarán "absolutamente privados" de sus funciones de prevención de la exclusión o de intervención directa. Solo los mayores de 20.000 habitantes podrán dedicarse a la "valoración, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación en riesgo de exclusión social", según recoge el anteproyecto de la reforma. Esta limitación representa la "desnaturalización del sistema actual", a juicio de la asociación. En los municipios menores de 20.000 vecinos, las competencias quedan en  manos de las diputaciones.

La asociación de gerentes recuerda en su estudio que por estar más cercanos a los ciudadanos, “los municipios son más proclives a facilitarles servicios y más inclinados a medir sus acciones en función de la rentabilidad social, de la eficiencia social, no exclusivamente en el equilibrio financiero”. El informe, que lleva por título El valor de la proximidad, destaca que sin la cercanía que ha caracterizado a los servicios sociales municipales, la ayuda a domicilio, la promoción comunitaria, el apoyo psicosocial para la integración social, la educación social para la mejora de la convivencia familiar y otras intervenciones que protagonizan estos servicios “quedan reducidas a entelequias asistencialistas condenadas a morir” una vez desposeídas “del valor de la cercanía”.

La reforma de la Ley de Régimen de Bases “elimina de un plumazo”, para los especialistas en servicios sociales no solo la competencia municipal de estos servicios, sino “la posibilidad de que los vecinos de un municipio puedan decidir organizar unos servicios sociales básicos de proximidad”.

Ello tendrá un impacto directo en el mundo rural, donde los servicios sociales municipales, gracias precisamente a esta capacidad de los ayuntamientos de dotarse de las prestaciones que consideraran necesarias, “han significado un auténtico banderín de enganche en muchas zonas rurales para poblaciones jóvenes”. No solo por los apoyos de tener atención a mayores o medidas de protección a familias, menores o mujeres sino por la percepción de que permanecer en el medio rural “merece la pena”.

50.000 personas trabajan en los servicios sociales que prestan las corporaciones locales, que atienden a unos siete millones de usuarios, según la Memoria del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales 2010-2011, elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Las intenciones del Gobierno  ponen en peligro “miles de puestos de trabajo” y auguran “un largo proceso privatizador”, según el documento de la asociación.