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Una sentencia protege a los interinos frente a las empresas del modelo Alzira

Los jueces anulan la amortización de 161 plazas en el departamento sanitario de Dénia

Los puestos de trabajo estatutarios vacantes pasaron a ser laborales

Trabajadores y pacientes del nuevo hospital de Dénia, en el pasillo de acceso a las consultas externas.
Trabajadores y pacientes del nuevo hospital de Dénia, en el pasillo de acceso a las consultas externas.

Una sentencia ha anulado la amortización de 161 plazas de personal interino que se ejecutó cuando Marina Salud, la empresa concesionaria del departamento de salud que tiene como centro de referencia el hospital de Dénia, se hizo con la gestión de la asistencia de los habitantes en la comarca. El fallo obliga a la empresa a negociar para continuar con la amortización o, de lo contrario, cubrir las plazas "de forma reglamentaria"

Los hechos se remontan a junio de 2009, cuando Marina Salud asumió plenamente la gestión del hospital bajo la fórmula del modelo Alzira y la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana procedió a la amortización de todas las plazas vacantes de personal estatuario. Esta decisión supuso "el cese del personal interino que las ocupaba y que pasó a ser personal laboral de la empresa, con el empeoramiento de sus condiciones laborales", como recuerda el sindicato Intersindical Salut, que recurrió la amortización ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por considerar que se vulneraba "el pliegue de cláusulas técnicas y administrativas de la concesión".

Estas cláusulas determinan que la empresa se compromete al mantenimiento de las condiciones laborales de la plantilla. Además, contemplan que la administración debía abrir un proceso de negociación colectiva en cuanto que suponía la modificación de condiciones laborales, lo que no se produjo.

Negociar los procesos de privatización de plantillas

La sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por parte de la Consejería de Sanidad, que considera que la provisión de plazas es potestad de la Administración. Para Intersindical Salud, si el fallo se confirma en el Supremo, "supondrá un antes y un después en el proceso de privatización de la sanidad pública y un verdadero correctivo para la consejería, que se verá obligada a negociar con los sindicatos todos y cada uno de los expedientes de modificación de plantilla que se produzcan como consecuencia de procesos de privatización o externalización".

Este requisito previo de negociación "puede convertirse en una ocasión única para las organizaciones sindicales para suavizar las condiciones de las nuevas concesiones administrativas, especialmente en aquellas cuestiones que afectan al personal estatutario público y a su dependencia de la Consejería", según el sindicato.

De este modo se evitaría que pasen a ser personal laboral de las empresas concesionarias, añaden las mismas fuentes sindicales. Además, la sentencia "supone la reversión de estas plazas a la sanidad pública de gestión directa, y abre una puerta a que puedan ser proveídas por los procedimientos reglamentarios" como bolsa de trabajo, concurso de traslado u oposición.

En la Comunidad Valenciana existen cinco departamentos sanitarios gestionados por empresas privadas. La empresa Marina Salud fue la adjudicataria del área de la Marina, que cuenta con unos 200.000 habitantes. Esta compañía está formada por la aseguradora sanitaria DKV, que cuenta con un 65% de las acciones, y Ribera Salud, que controla el resto de participaciones.