La desamortización de Cospedal

No es difícil aventurar la escena. Dentro de unas décadas, bajo una de esas encinas en el Dehesón del Encinar, en la falta de Gredos, un hombre le cuenta la historia a su hijo: “Esta finca la compró tu abuelo al Estado en la crisis de 2013”. Con la crisis, hay quien no descarta otra desamortización. Es el caso de Castilla-La Mancha, que en sus presupuestos prevé ingresar este año 45,6 millones de euros por la venta de fincas públicas, aunque un portavoz afirma que no hay nada decidido y que ese dinero puede salir de parcelas que no sean montes.

Sin embargo, la desamortización no será sencilla, porque el ejecutivo que preside Dolores de Cospedal ha traspasado una línea roja: no solo quiere vender parcelas públicas —como han hecho Andalucía (PSOE) o Cataluña (CiU)— sino que, según fuentes de la Junta, tasa montes de utilidad pública. Esta es una figura de protección creada en 1859 y en cuya defensa se ha forjado una extraña alianza, la de los ingenieros de montes y los ecologistas.

El Dehesón del Encinar, en Torralba de Oropesa, Toledo, es una finca con mucha historia. Felipe IV le cedió el uso al Duque de Alba por su apoyo en la guerra de Flandes y después pasó a manos del Duque de Frías. Tras una sucesión de pleitos con los pueblos que lo reclamaban, la II República expropió la finca. En 1962, 1.300 hectáreas pasaron a los pueblos y el Estado se quedó con 715. En una dehesa bien cuidada: alcornoques y robles cruzados por un arroyo en el que hay huellas de nutria. Entre los árboles se pueden ver grullas y en el cielo, águilas imperiales. Una delicia.

En 1944, el Instituto Nacional de Colonización encargó al genetista Miguel Odriozola la gestión de la finca, y allí estableció una piara experimental de cerdo ibérico. “Ha servido de reserva genética única del ibérico”, cuenta Luis Silió, científico del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), que en 1981 se hizo cargo del proyecto. Cuando los ganaderos empezaban a traer cerdos de otras partes del mundo y a mezclarlos con el ibérico, el Dehesón del Encinar se mantuvo al margen. Hoy, los datos allí conseguidos son clave para establecer la pureza genética del ibérico. “El Dehesón supuso una reserva muy valiosa cuando el cerdo ibérico parecía que iba a la extinción. En los últimos 15 años se han obtenido bancos de ADN y tejidos y han participado allí investigadores del INIA, la Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Madrid, entre otras”, cuenta Silió.

Sin embargo, en marzo pasado, la Junta de Castilla-La Mancha, titular de la finca desde 1984, mandó al INIA que sacara la piara experimental. El centro encontró con una asociación de ibérico un emplazamiento en Extremadura y en los últimos meses, la Junta ha vendido el ganado que había allí. Solo quedan unas ovejas que nadie quiso. El personal —unas 15 personas— está sin apenas trabajo a la espera de recolocación.

La Junta prevé ingresar 45 millones en 2013 con la venta de fincas

Se puso fin así al trabajo en El Dehesón, que ha mantenido una población genéticamente aislada durante 68 años y que generó controles genealógicos y datos de 14.212 camadas y 92.319 animales. La Junta alega que apenas quedaba investigación allí, algo que Silió y sus colegas niegan: “Entiendo que por problemas financieros sea más complicado sostener el centro, pero no pueden decir que no se estaba investigando, porque había ensayos en marcha que hemos tenido que llevarnos”.

En la zona temen que la finca esté entre las que planea vender la Junta para combatir el déficit público. Oficialmente, la Junta asegura que no tiene una decisión tomada sobre la venta. Cospedal declaró esta semana que no va a “poner en peligro espacios naturales protegidos, ni nada parecido”, sino que pretende vender fincas rústicas.

“El Dehesón es goloso porque está cerca de Madrid en una zona de alto valor cinegético”, explica Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción y que ha empezado una campaña contra la privatización: “Es difícil que lo paremos, pero las únicas batallas que se pierden son las que no se dan”, cuenta Hernández de paseo por el Dehesón, donde queda una residencia que mantiene el escudo de la Casa de Frías. Hernández no quiere ni discutir sobre el precio que podría sacar la Junta: “En esta época seguro que lo malvenden, pero me da igual seis millones o 60. Es patrimonio natural de un valor incalculable. Nadie se plantea vender el Prado para saldar la deuda”.

La Junta debe emprender un camino tortuoso para privatizarlo, porque El Dehesón, como la mayor parte de las fincas de la Junta, está catalogado como monte de utilidad pública, una figura creada a mitad del XIX que previene su venta. Por ley, estos montes son “inalienables, inembargables e imprescriptibles” y hay que demostrar que han perdido sus características o cambiar la Ley de Montes. La Junta afirma que no hará nada que contravenga la ley.

Fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha explican que para alcanzar los 45,65 millones de ingresos previstos, debe haber venta de montes de utilidad pública. No basta con fincas propiedad de la comunidad. Entre los ingenieros han comenzado a circular listados de montes de los que podría colgar el cartel de “se vende”: Jócar, Robrodarcas, Las Cabezadas, Fraguas, Botijoso, El Espinar... Solo en Guadalajara, hay unas 10.000 hectáreas estudiadas. Un portavoz sostiene, en cambio, que hay parcelas rústicas que se podrían vender sin tocar espacios naturales. Los montes de utilidad pública de toda España suponen 7.042.000 hectáreas de superficie forestal.

El Colegio de Ingenieros de Montes ha criticado el plan. Y lo ha hecho con una lección de historia: “Las desamortizaciones de la propiedad forestal en el siglo XIX tuvieron desastrosas consecuencias para nuestra naturaleza que aún hoy no hemos logrado reparar. Destruyeron cinco millones de hectáreas de capital natural”.