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Madrid ofrece menos privatización sanitaria para cerrar el conflicto

El Gobierno plantea entregar a empresas solo un hospital de los seis previstos Los médicos rechazan la propuesta

Elena G. Sevillano

Los médicos madrileños, en pie de guerra —junto con el resto de personal sanitario, colegios profesionales y sociedades científicas— desde que el Gobierno regional anunció que pensaba privatizar seis hospitales y 27 centros de salud, aseguran que van a mantenerse firmes en su rechazo a estas medidas. Así lo han decidido después de que los negociadores de la Consejería de Sanidad les plantearan rebajar el número de centros afectados: solo un hospital y siete u ocho centros de salud. “Es evidente que uno es mejor que seis, pero supondría abrir la puerta a la privatización. Además, la oferta no es formal”, explica Jesús Frías, portavoz de los jefes de servicio de los hospitales públicos de la región en el comité coordinador que negocia con Sanidad.

Los médicos no se fían de la consejería y han acordado no ceder y mantener la unidad. “Dudamos de que el ofrecimiento vaya en serio. Si la justificación que dieron para privatizar era el ahorro, es evidente que un hospital es una miseria. Si nos creemos la oferta, quiere decir que buscan una salida política al conflicto, no económica”, insiste Frías. Médicos y Administración trataron esta cuestión en una reunión celebrada el miércoles pasado, después de que un alto cargo llamase unos días antes al móvil de un jefe de servicio para lanzar el primer globo sonda.

El presidente madrileño, Ignacio González, aseguró ayer que no le constaba esta oferta. La Consejería de Sanidad se negó a comentarla “mientras continúen las negociaciones”. González añadió que es “muy importante” contar con los profesionales a la hora de hacer los cambios. Sin embargo, cuando anunció el plan de privatizaciones, el 31 de octubre, no lo había consultado previamente con ninguna organización sanitaria ni colegios profesionales o sociedades científicas. Todas ellas se han pronunciado después en contra del plan, que se aprobó a finales de diciembre gracias a la mayoría absoluta del PP en el Parlamento regional.

La Consejería de Sanidad ha hecho diferentes intentos en las últimas semanas para tratar de desbloquear el conflicto. Mantiene dos mesas de negociación abiertas. Por un lado, con los sindicatos y, por otro, con un comité profesional que se creó para representar a los jefes de servicio, a los directores de centros de salud, los coordinadores de planes estratégicos, el Colegio de Médicos y la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), que fue la que convocó la huelga de cinco semanas que paralizó la sanidad madrileña. Las reuniones no dan frutos, aseguran personas que participan en ellas, porque Sanidad se niega a renunciar a la privatización.

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra (PP), aseguró el jueves que no ve con buenos ojos extender el modelo Alzira como planean Madrid y Castilla-La Mancha y que es un “error” acometer cambios sin acordarlos con los profesionales del sector. El presidente madrileño afirmó ayer no haber escuchado esas declaraciones. Dijo que “varias veces” ha oído a Fabra decir que al modelo Alzira “le costó arrancar” pero que hoy “funciona”.

Los jefes de servicio de los hospitales madrileños acusaron ayer a la Consejería de Sanidad de infrautilizar los recursos públicos al suspender toda la actividad de tarde, cerrar camas y unidades especializadas y permitir una “desviación sistemática de pacientes hacia hospitales privados”. Añadieron en un comunicado que “la privatización no es más barata ni más eficiente, incluso todo lo contrario, y que constituye un serio problema para el futuro del sistema público de salud en Madrid”. Por último, afirman que el traslado de actividad a la privada “representa ya un verdadero expolio de la sanidad pública, que es propiedad de todos los madrileños”.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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