El Gobierno reduce en cuatro años a la mitad el dinero para dependencia

Las comunidades autónomas no paran de quejarse de lo que le cuesta a sus presupuestos la factura de la dependencia. Y cada vez tienen más razón. El sistema, que nació para ser cofinanciado entre los Gobiernos autónomos y central, ha ido perdiendo ese equilibrio, si alguna vez lo mantuvo: en la actualidad, el Ministerio de Sanidad y Política Social apenas aporta el 21,4% del total del coste, que es de 6.570 millones anuales, cuando en 2009 alcanzaba casi un 40%. La razón es que el Gobierno pasa a las comunidades una cantidad de dinero por cada dependiente que ingresa al sistema, una cantidad lineal que no tiene en cuenta el coste del servicio que recibe el beneficiario: da lo mismo por un gran dependiente atendido en casa por familiares que por otro que esté en una residencia geriátrica. A eso hay que sumar el último recorte del Gobierno de Rajoy en esta vía financiación, de alrededor de un 13%, así como la caída de partidas enteras de dinero que se destinaban a la dependencia o la rebaja de un 15% en la prestación a las familias que cuidan a los suyos.

En total son 835 millones de euros anuales menos de los que se duelen las arcas autonómicas que, sin embargo, tienen que seguir atendiendo a los dependientes. ¿Es eso posible? No sin que el sistema se paralice. Y así ha estado mucho tiempo. Ahora, sencillamente, va en retroceso, según el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, presentado esta mañana y elaborado con datos oficiales, tanto del Ministerio de Sanidad como de Hacienda. En él se pone de manifiesto que en los últimos cuatro meses el incremento de personas atendidas es negativo en todos los grados de la dependencia, no solo para los severos, también para los dependientes más graves. Si el promedio de ayudas mensuales que se concedían en 2008 era de 28.847, el año pasado no alcanzaron las 1.172. “Y eso que el Gobierno afirma siempre que la preferencia es atender a los grandes dependientes”, ha criticado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez. “Además se está produciendo una revisión brutal de los expedientes, adjudicándose a las personas un grado de dependencia por debajo del que obtuvieron en su día”, ha afirmado. Eso también abarata la factura.

Mientras tanto, prosigue la lista de espera. 230.203 personas estaban a finales de diciembre sin ser atendidos, el 23% del total de los que tienen reconocido el derecho. Aunque no entrara nadie más al sistema, al ritmo en que se conceden las ayudas ahora “se tardarían 11 años en atender a todos ellos”, asegura Ramírez. Sin embargo, la lista de espera ha bajado en los último meses, algo que no para de repetir el Gobierno. Pero lo que el ministerio llama eficacia, la Asociación de Gerentes lo califica de “una simple y llama pérdida de derechos. ¿Cómo no va a bajar la lista de espera si han mandado a casa a 50.000 personas que estaban reconocidos como dependientes moderados. Esos ya no están, y el resto están falleciendo, por miles”, ha criticado Ramírez. El plazo de atención a los dependientes está en una media de 1,5 años y hay que tener en cuenta que la mayoría supera los 80 años y su salud no es la normal para esa edad puesto que son dependientes.

Ramírez ha acusado al Gobierno de llevar a cabo una “demolición controlada de la ley, lanzando continuos mensajes sobre su inviabilidad. Es falso”. Ha recordado que por cada millón de euros invertidos en dependencia se generan “más de 30 empleos netos, estables y no deslocalizables”. “Además se genera ahorro sanitario y, por último, es una cuestión de justicia. No se puede dejar de atender a la gente que por ley tiene derecho a ello, es como si por cada enfermo que deja las urgencias no se dejara entrar a ningún otro y esas camas se quedaran vacías”, ha dicho.

En la Asociación se han mostrado preocupados también por el incremento del copago, lo que aportan los beneficiarios al coste de los servicios que reciben, que en 2009 suponía un 10% (387 millones) y en 2012 ha alcanzado un 16% (1.051 millones).

Pero la mayor solidaridad de esta asociación la han recibido hoy las comunidades autónomas, para las que se ha pedido, por primera vez, comprensión ante sus bajas calificaciones en la presentación de los datos del Observatorio de la Dependencia, que también se han hecho públicos esta mañana. La mitad de las comunidades suspenden. Solo Castilla y León, Andalucía y País Vasco sostienen el sistema con notable dignidad. Este último semestre estudiado, a partir de datos oficiales y siguiendo los mismo criterios de examen de 2008, destaca por el bajón que han experimentado dos comunidades, Aragón y Castilla-La Mancha. Esta última pasa de ser una de las mejor calificadas a quedarse en un suficiente (5,8). Y Aragón, que el año pasado obtenía un notable, tiene ahora un 3,8. “Queremos destacar el esfuerzo de Navarra y Galicia, que mejoran. E insistir en que hay comunidades que no tienen excusa para hacerlo tan mal: Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares”, ha criticado Ramírez. “En Canarias hay más gente esperando que atendida y lo de Valencia es un destrozo de la ley”, ha dicho.

De los derechos a la caridad

Patrocinio de las Heras, experta en servicios sociales, que fue directora del Imserso y una de las personas que participó activamente en la puesta en marcha de los servicios sociales modernos en este país, ha acompañado a Ramírez hoy en la rueda de prensa. Su intervención trataba de alertar sobre el “cambio de modelo” que se está produciendo en España, el paso de los derechos sociales a la beneficencia. “La Ley de Desarrollo Local que está a punto de aprobarse en Consejo de Ministros desprovee a los Ayuntamientos de sus mínimas obligaciones y competencias en servicios sociales y se establece una asistencia social. Esto es gravísimo. Sustituyen los derechos por la beneficencia, un modelo que ya se extinguió con la Constitución. Eso significa que las ayudas, si las hay, dependerán de la voluntad del político de turno y del presupuesto”, ha criticado.

De las Heras ha recordado que los servicios sociales básicos atienden a ocho millones de personas, una cifra que ha crecido exponencialmente en estos años de crisis mientras que el Plan Concertado, que es la vía de financiación del Gobierno para estos servicios municipales, “ha pasado de 96 millones a 27 desde que entró Rajoy al Gobierno”. Este cambio que plantea el borrador de esta ley “podría afectar también a 50.000 trabajadores sociales.