El Consejo Escolar advierte contra la falta de memoria económica de la reforma

El Consejo Escolar del Estado señala que el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no contiene una memoria económica que garantice su viabilidad, pese a que se incluyen medidas que, a juicio de esta institución, suponen una "fuerte inversión", como el aumento de dotación de personal docente y la disminución de las ratios.

Así lo indica este órgano consultivo en su informe de la ponencia sobre el segundo borrador (del 3 de diciembre), y que el próximo jueves 24 de enero se debatirá en el Pleno. "No será posible desarrollar gran parte de las propuestas si no se cuenta con los suficientes recursos económicos y humanos", advierte el Consejo Escolar.

Para ello, propone que se añada una nueva disposición final en el texto normativo que contemple los compromisos presupuestarios necesarios para desarrollar los objetivos de la educación y las medidas que contiene, y establezca tanto la aportación del Estado como de las comunidades autónomas. Según este organismo, los ciclos de Formación Profesional Básica, el diseño e implantación por parte de los centros de métodos didácticos propios, la atención personalizada a los alumnos en primaria y los diagnósticos precoces, las dos opciones de cuarto de la ESO, los programas de mejora del aprendizaje, la FP dual, las plataformas digitales, la autonomía de los centros escolares, o la especialización curricular en institutos son algunas de las medidas que el Consejo Escolar considera que necesitan de una fuerte inversión.

"La memoria económica debe concretarse en que España dedique en educación un incremento progresivo del porcentaje del Producto Interior Bruto hasta alcanzar un valor equivalente al de los países europeos", señala el informe. La financiación de la LOMCE será objeto de estudio en la próxima Conferencia Sectorial de Educación, que se celebrará previsiblemente antes de que finalice enero. Las comunidades trasladaron al ministro José Ignacio Wert su preocupación ante la ausencia de una memoria económica viable que acompañara al texto normativo.

La semana pasada, la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, adelantó, sin dar cifras, que la reforma no va a ser "costosa" y que "centrar el esfuerzo" en materias instrumentales y en la compactación de opciones en Bachillerato va a suponer un "gran ahorro", que "compensará" los costes directos ligados a la transformación de la Formación Profesional, la anticipación de itinerarios en cuarto de la ESO o la implementación de las evaluaciones estatales al final de cada etapa.

No obstante, reconoció que la reforma tendrá costes indirectos "difíciles de prever", a los que se hará frente "de forma gradual, con el paso de los años", y explicó que si se consigue que no haya abandono escolar prematuro y que una mayor proporción de jóvenes acceda a la FP, "aumentará el coste". "Cuanto mayor sea el éxito de la ley, más costosa va a ser", avisó.

Aspectos confusos

El documento que debatirá el Pleno del Consejo Escolar el jueves señala también que la redacción de algunos aspectos del borrador de la LOMCE es "confusa". En concreto, señala la referencia a la evaluación de la "lengua materna" en primaria, que podría provocar "problemas prácticos", dependiendo del modelo lingüístico aplicado por la comunidad autónoma o por el centro docente, así como "problemas interpretativos" en relación con el alcance de dicho concepto.

Asimismo, señala que "parece razonable" que si el alumno debe cursar necesariamente tanto la lengua cooficial como la castellana en determinadas comunidades, se debe también evaluar el grado de dominio de ambas lenguas cooficiales puesto que constituye un objetivo de Primaria. Por ello, solicita al ministerio "revisar" este extremo.

También ve "confusos y ambiguos" los indicadores del nivel "alto, medio y bajo" que el Ministerio de Educación establece para la evaluación de sexto de Primaria. A juicio del Consejo Escolar del Estado, esta prueba debe valorar la madurez del alumnado y detectar sus déficits para la corrección de los mismos, por lo que no puede establecerse los indicadores anteriormente mencionados.

En cuanto a las competencias del Estado, sugiere hacer constar expresamente que le corresponde la regulación de las condiciones de obtención expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, dada su "trascendencia en el sistema de reparto competencial".

Sobre el horario de las asignaturas troncales, tanto en primaria, como en la ESO y bachillerato, indica que el borrador señala que corresponde al Estado determinar el "horario mínimo" del bloque de las troncales, "pero no explícitamente cada una de las asignaturas". Asimismo, en relación a la atribución a las comunidades autónomas de fijar el horario máximo de las troncales, el documento señala que "presumiblemente" éste será diferente en las distintas administraciones, lo que puede provocar una "heterogeneidad poco aconsejable". En realidad, con la legislación actual en Gobierno central fija el horario mínimo de las asignaturas y cada comunidad lo puede aumentar, cosa que hacen unas más y otras menos en unas materias o en otras, dependiendo de sus apuestas educativas.  

El Consejo Escolar propone que se añada entre las competencias de la Administración General del Estado la determinación de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, pero también de los objetivos de cada asignatura. En relación a la Formación Profesional Básica, que constará de dos cursos obligatorios y sustituirá a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), sugiere que estas nuevas enseñanzas incluyan complementos formativos que conduzcan a la obtención del título de graduado en ESO.

De la misma forma, plantea que la futura ley refleje que el título de Técnico Profesional Básico permita el acceso directo a los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional y a la evaluación final de la ESO.

El organismo propone asimismo añadir en la primera parte del texto legal: "Sería conveniente un Pacto de Estado por la Educación", pues "la experiencia educativa en España dice que sin un pacto los sistemas educativos durarán lo que dure el Gobierno de turno". También propone el siguiente texto: "La finalización de un ciclo económico expansivo, y sus inevitables consecuencias presupuestarias, no puede ser una coartada para eludir las necesarias reformas del sistema educativo ni para limitarse a la aplicación de unas medidas de ajuste y racionalización, aunque estas se presenten como coyunturales". En este sentido, el Consejo Escolar asegura que las medidas de recorte aplicadas al sistema educativo "han penalizado claramente" la calidad del servicio y las condiciones de sus profesionales.