Europa debate limitar el acceso de la policía y los jueces a los datos personales

Las fuerzas y cuerpos de seguridad dan un tratamiento desigual –y en ocasiones abusivo- a los datos personales de los ciudadanos. El Parlamento Europeo quiere aprovechar el trámite del reglamento que protege al ciudadano frente a las empresas para extender a la policía y los jueces esas restricciones en el procesamiento de información. Los eurodiputados proponen que cada almacenamiento de datos esté justificado y que detalles sensibles como los genéticos se transmitan solo en investigaciones clave.

El rápido avance de las nuevas tecnologías ha multiplicado exponencialmente la exposición pública de los ciudadanos, especialmente en Internet. El 97% de la información comunicada por medios telemáticos circula en la Red, según cifras de la Comisión Europea. Esa avalancha de datos deja obsoletas las actuales reglas de protección, por lo que las instituciones comunitarias intentan crear un nuevo marco europeo homogéneo.

Bruselas lanzó hace un año su proyecto para endurecer el uso que empresas como Google o Facebook realizan de los perfiles de sus usuarios, con una defensa clara del llamado derecho al olvido (posibilidad de que un ciudadano pueda retirar de la web información propia que le perjudique). A la vez, presentó una iniciativa paralela para trasladar unas normas similares a los poderes públicos de los Estados. La Eurocámara, que ahora tramita todo ese paquete, se propone endurecer la propuesta de la Comisión.

El Parlamento persigue “que existan reglas comunes entre las fuerzas de seguridad y que sean las mismas que se aplican a las empresas”, en palabras del eurodiputado alemán Jan Philipp Albrecht, del grupo Los Verdes. Dimitrios Droutsas, autor de la propuesta sobre esa regulación, abunda: “Soy pragmático y sé que no será posible tener el mismo nivel de protección en las fuerzas de orden público que en las empresas, pero tenemos que conseguir que se aproximen lo más posible”. El objetivo es que las excepciones no se conviertan en norma.

Para lograrlo, la Eurocámara pide que en cada caso se recojan los propósitos concretos que justifican el procesamiento de datos y que se prohíba la trasmisión a terceros salvo en casos de peligro. Asimismo deberá existir un mecanismo de evaluación que evite la creación de “una sociedad orwelliana donde al final todos los datos se procesen y analicen”, describe gráficamente el texto.

Bruselas pide se recojan los propósitos que justifican el procesamiento de datos

El paso por la Eurocámara añade una importante novedad a la propuesta inicial de la Comisión. Se trata de la información genética, que muchos ficheros personales incorporan de oficio y que puede ser utilizada contra los derechos del ciudadano. Esa información solo podrá circular si en el transcurso de una investigación policial o judicial se descubre un vínculo genético relevante.

El énfasis que pone el Parlamento en tratar como un solo paquete la protección de datos para las empresas y para las fuerzas de seguridad choca con el recelo de los Estados a limitar esas prácticas. Los diputados Droutsas y Albrecht admiten un problema con el Consejo Europeo a ese respecto. La protección de datos personales figura como una de las prioridades de la actual presidencia irlandesa de la Unión Europea, pero es más que probable que los Estados intenten desgajar los dos proyectos de forma que el reglamento para empresas sea más invasivo y la directiva para policía y jueces, más laxa. “Esto es muy preocupante. Si hay obstáculos, el Parlamento está dispuesto a aplicar toda la presión que sea necesaria”, advierte el diputado socialdemócrata griego.

Con directiva o no, lo más probable es que el reglamento que pone trabas a las empresas para comerciar con datos de usuarios en Internet vea la luz este mismo año. Si se aprueba en los términos actuales, la norma obliga a suministrar información clara al usuario sobre lo que se pretende hacer con sus datos y exigir una aceptación explícita. Las empresas incumplidoras se enfrentarán a multas de hasta el 2% de su facturación.

El Parlamento pretende votar el paquete entre abril y mayo y a partir de ahí iniciar una negociación con los Estados que debe concluir antes de las próximas elecciones a la Eurocámara, en los primeros meses de 2014. Las normas son de aplicación directa, pero no entrarán en vigor hasta dos años después de ser aprobadas, en 2016.