El Tribunal de Cuentas destapa el caos en la gestión de la dependencia

Que las estadísticas del sistema de dependencia eran un caos no era un secreto para nadie. La opacidad en la financiación de esta ley, tampoco. Pero el Tribunal de Cuentas ha puesto negro sobre blanco los tremendos despropósitos de gestión que han jalonado este sistema desde su comienzo en 2007 hasta abril de 2011. Hay dos conclusiones claras: que el Gobierno ha pagado a las comunidades 46.853.881 millones de más solo por una de las vías de financiación de la ley, el llamado nivel mínimo (por el que se ha pagado un total de 4.600 millones en este periodo). Y que hay decenas de miles de dependientes que aún esperan la ayuda a la que tienen derecho, mientras muchos otros mueren sin recibirla.

 La gestión ha sido tan incorrecta e incoherente, y aún muestra tal debilidad, que en el sistema se han registrado personas cuya fecha de fallecimiento es anterior a la puesta en marcha de la propia ley: 88 beneficiarios ha encontrado el Tribunal de Cuentas en ese caso.

A los casi 30.000 muertos por los que las comunidades autónomas seguían recibiendo financiación estatal (una situación económica que se ha corregido) hay que añadir otros 12.000, que aún estaban en abril de 2011. Se han abonado importes por expedientes duplicados; se ha pagado por más de 2.500 personas que solo recibían el servicio de teleasistencia, algo que no debe recibir financiación estatal; se han abonado de forma indebida hasta 20 millones como consecuencia de expedientes que recibían más dinero del que correspondía...

Pero no todo era pagar. A veces se incurría en el error contrario, se dejaba de abonar a las comunidades lo que se les debía, por ejemplo por atrasos en los pagos o porque se contabilizaban pagos negativos, algo imposible. O se pagaba (mejor dicho, se acumulaban deudas) con la Seguridad Social por las cuidadoras de dependientes, que figuraban también duplicadas.

Fuentes del Ministerio de Sanidad y Política Social aseguran que desde abril de 2011 no se paga a las comunidades por las personas fallecidas porque se coteja ese dato con el Ministerio de Justicia. Sobre si aún se abona por aquellas personas que solo reciben teleasistencia, aseguran que es algo que se está “comprobando”, lo mismo que en aquellas situaciones en que se pagó de más por duplicidades en el DNI o por incorporar a los sistemas informáticos el mismo nombre de forma distinta.

El Tribunal de Cuentas lamenta que no haya garantía alguna para certificar los datos que las autonomías comunican al Gobierno. Indican que se podría estar vulnerando el acceso universal e igualitario de todos los ciudadanos al sistema; y es muy duro con el sistema informático por el que se pagaron más de 14 millones de euros en dos contratos. El contrato con la empresa para el desarrollo y mantenimiento de estas aplicaciones, dice el tribunal, “supone de facto una contratación de personal informático encubierta, al margen de los procedimientos públicos de selección de personal...”.

El ministerio asegura que habrá un nuevo contrato para la explotación de este servicio que mejore estas situaciones. Falta hace, porque comunidades como Extremadura aseguran que el sistema informático les ha perdido en estos años hasta 24.000 expedientes. Baleares cita 16.000 y 70.000 documentos. Las comunidades se han quejado en ocasiones de estos problemas. Por cierto, que solo ocho de ellas conectan directamente con el ordenador central, y no en todo el proceso. El resto traslada sus datos desde sistemas informáticos propios.