Las comunidades recibieron 140 millones por dependientes que ya habían fallecido

Un informe del Tribunal de Cuentas sobre la Ley de Dependencia revela que desde 2007 a 2011 las comunidades recibieron hasta 140 millones de euros del Gobierno por dependientes que ya habían fallecido, tal ha sido el caos de gestión de esta ley. Se financiaron las ayudas de más de 29.000 dependientes que habían muerto aunque se desconoce si las familias llegaron a percibir esa prestación indebida y, si era así, por cuánto tiempo. Eran más de 4.000 casos en Andalucía y Castilla y León, más de 3.000 en el País Vasco y Galicia; en total hasta 140 millones de euros que no se gestionaron correctamente y que, según el informe, han sido “recuperados”. ¿Quiénes son los responsables de una gestión que permite recibir dinero por ayudas fantasma, mientras que más de 200.000 estaban esperando para obtener una prestación que no llegaba nunca? La ministra de Sanidad y Política Social, Ana Mato, no respondió ayer cuando se le preguntó por las responsabilidades, solo dijo que es un informe que está en periodo de alegaciones. “El Tribunal de Cuentas recalca que falta transparencia y se demuestra que hay que hacer modificaciones”, dijo.

El Tribunal de Cuentas, sí habla de responsabilidades por esta “financiación indebida”: responde, dice el texto, a la falta de comunicación de estos fallecimientos por parte de las comunidades al Gobierno; y también acusa al Imserso de no haber tenido “un adecuado control” como responsable de la aplicación informática.

Los fallecidos son una constante en la Ley de Dependencia. Siempre se ha discutido cómo pagar a aquellos que tenían derecho y morían esperando, que se cuentan por miles, aún hoy; de hecho, el adelgazamiento de la lista de espera se debe en gran medida a estas muertes. Por otro lado, para que las comunidades no cobraran por los que no debían, se puso en marcha en la anterior legislatura un programa informático que cruzaba los datos con los del Instituto Nacional de Estadística (INE), precisamente para tener en cuenta los fallecidos en aras de una mejor gestión. No parece que se hiciera, al menos no correctamente.

Todas las comunidades han incurrido en esta “financiación indebida”. Baleares, con solo seis casos, y Canarias, con 197, son las que menos. Puede que su gestión al respecto fuera mejor, pero su aplicación de la ley ha sido tan mínima en todos estos años que las cifras pueden no tener valor estadístico.

La gestión de la dependencia en estos años ha estado plagada de pequeñas o grandes trampas, debido al ahogo económico con el que ha nacido esta ley, y al apretado calendario para su implantación. Las estadísticas sorprendían cada mes, por ejemplo cuando algunas comunidades incorporaban miles de dependientes al sistema, por los que cobraba. Pero aquellas personas ya estaban atendidas, era solo una forma de hacer caja.

No había forma, sin embargo, de que hubiera cifras oficiales de financiación. Por último, el Tribunal de Cuentas se hizo cargo del asunto, hace ya más de dos años.

El sistema de información ha sido uno de los puntos flacos de esta ley. Apenas la mitad de las comunidades vuelcan sus datos mensuales al ordenador central de forma directa. El resto maneja programas informáticos propios, algo que ha originado siempre recelos entre ellas. La estadística de la dependencia es pobre, pero no hay quien la arregle. En el Consejo Territorial de Política Social celebrado ayer se pretendía que las comunidades añadieran más datos cada mes de los que actualmente recibe el Gobierno. Pero ese punto se retiró y se aplazó para futuros estudios. Algunas comunidades entienden que los datos que se piden no sirven para gestionar mejor, solo para obstaculizar.

Ana Mato aduce que el informe aún está en fase de alegaciones

Por otro lado, este organismo, que reúne a los consejeros y al Gobierno, sentó ayer la redacción para llevar al BOE algunos de los decretos ya avanzados en las medidas anticrisis hace unos meses. A partir de este año la financiación que reciban las comunidades se distribuirá favoreciendo a aquellas que presten más servicios y menos ayudas económicas. Esa forma de repartir el dinero se fortalecerá año tras año. Pero ¿qué es un servicio? En esta ley hay dos prestaciones económicas, la que recibe la persona que cuida a un anciano o dependiente y la prestación económica vinculada al servicio. Esta última, con una desigual aplicación por comunidades, concede un dinero para que las familias contraten con él el servicio que consideren conveniente. Ahora esta segunda ayuda será considerada un servicio, no una prestación económica. En la práctica es un cheque-servicio y levanta ampollas en la izquierda, que ven en este cambio la “privatización del sistema”, como denunciaron los responsables de Andalucía y Asturias. Con ese dinero las familias no deciden, explican los que rechazan esta ayuda, sino que son los centros, los geriátricos, los que acaban seleccionando a los dependientes, porque permitirán el acceso de aquellos que no solo tengan esa ayuda, sino que posean, además, dinero extra para pagar otros servicios que se ofrecen en las residencias, como masajes, peluquerías, etcétera.

Por otro lado se rompe el acceso público a las prestaciones: ya no es la Administración quien decide, en función de la discapacidad de la persona, qué servicio le es más conveniente y a qué lugar debe ir, sino que cada familia, de nuevo según su capacidad económica, tendrá que resolver sus problemas. Para Ana Mato este cambio se hace “pensando en el ciudadano” y priorizando la atención profesional.