Las urgencias rurales cierran para 100.000 vecinos de Castilla-La Mancha

Más de 100.000 ciudadanos de una centena de municipios de Castilla- La Mancha tendrán que hacer muchos kilómetros si enferman a altas horas de la madrugada o los fines de semana. El Gobierno de María Dolores de Cospedal ha decido cerrar desde este lunes 21 Puntos de Atención Continuada (PAC) repartidos en las cinco provincias por la "baja afluencia" de pacientes a estos servicios de urgencia nocturnos. Esta decisión obligará a miles de vecinos de pequeñas poblaciones a realizar desplazamientos de hasta 50 kilómetros para llegar a su nuevo centro de referencia si necesitan de atención sanitaria.

La medida ha despertado la indignación de los afectados que no han dudado en salpicar de protestas la comunidad. Según el nuevo horario, 10 de los centros de salud de los municipios en los que se elimina el PAC cerrarán a las 15.00 los días laborables y no habrá servicio los fines de semana. El resto tendrá servicio de urgencias hasta las 20.00 y los fines de semana. La medida afecta a siete municipios de Cuenca, seis de Guadalajara, cuatro en Ciudad Real y dos de Toledo y Albacete, respectivamente.

Los vecinos de Tembleque (Toledo) han protagonizado encierros, desalojos y multitudinarias manifestaciones, la última esta misma tarde, en un intento de que el centro de salud de su municipio no echara el cierre a las ocho y hasta el día siguiente. La mayoría de los 150 habitantes de Hiendelaencina (Guadalajara) permanecieron en el PAC del pueblo con el mismo propósito hasta que a primera hora de la tarde les desalojó la Guardia Civil. Su alcalde, Mariano Escribano (PSOE), se encerró en el edificio de la Delegación de la Junta de Comunidades en Guadalajara para conseguir que el Consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, se comprometa a recibir a los ediles de las poblaciones afectadas. “Estoy indignado. Nos mandan a 40 kilómetros en dirección contraria al hospital”, se quejaba el edil a este periódico. Escribano, junto con otros tres alcaldes de la provincia que le acompañaban, abandonó el edificio sin esa promesa. “Nos han dicho que la decisión estaba tomada y era inamovible. Pero Contraviene la legalidad que estipula que un ciudadano tiene que tener un servicio de urgencias a menos de media hora”, declaraba enfadada Juana Jiménez, alcaldesa de Abobes, cuyos habitantes ahora tendrán que viajar más de 50 kilómetros hasta su nuevo PAC en Molina de Aragón.

La Junta de Comunidades recalcaba en un comunicado, que se han teniendo en cuenta exclusivamente criterios técnicos como la frecuentación, el índice de población o la situación geográfica y meteorológica de cada localidad.

Algunos ediles de los municipios afectados gobernados por el PP se han unido al rechazo de la medida. El alcalde de Sisante (Cuenca), Pedro Garde, declaraba en Radio Azul que “esta es una gestión mal hecha”. Denunciaba además que no había tenido respuesta a su propuesta de contratar a un profesional, un médico, y pagarle con parte de su sueldo. Los cuatro concejales populares en el Ayuntamiento de Honrubia, de la misma provincia) presentaron ayer su dimisión al alcalde del PSOE, Julián Pardo, alegando que no estaban de acuerdo con el cierre de las urgencias nocturnas del municipio. “La aceptaré”, confirmaba Pardo a este periódico. La Junta de Comunidades ha insistido en una nota en que el Sescam ha ajustado el horario prestado en estos 21 PAC con el objetivo de velar por la sostenibilidad del sistema sanitario y situar los recursos donde están realmente las necesidades, al tiempo que recuerda que, de los 182 centros que componen la red, 161 no habían registrado ninguna modificación.

“Cerrar los PAC desde las 15.00 horas es tanto como pretender que un infarto, un episodio de muerte súbita de un bebé o un accidente se produzcan solo en horario de mañana y de lunes a viernes”, alegan vecinos de Hiendelaencina en un manifiesto de protesta. El temor a carecer de asistencia médica no es el único que denuncian los afectados. Los ediles y las plataformas ciudadanas contrarias a la medida apuntan que esta decisión se suma al cierre de escuelas y la eliminación de servicios que se vienen produciendo en la comunidad, lo que aboca a la despoblación de las zonas rurales. Así lo cree también Magdalena Valerio, diputada nacional por Guadalajara por el PSOE. “Cierran oportunidades al desarrollo rural, y en este caso con algo tan fundamental como la salud”, declaraba en el Hospital de Guadalajara, donde protestaba junto a un centenar de personas entre políticos y vecinos de toda la provincia. Los congregados en Cuenca han optado por protestar representando un simbólico cortejo fúnebre por la sanidad pública alrededor del hospital, que han respaldado cerca de 200 personas.

Algunos profesionales sanitarios también se han alzado en contra del cierre de las urgencias nocturnas. El sindicato de enfermería de Castilla-La Mancha (SATSE) considera que se trata de una decisión “inaceptable porque obedece únicamente a criterios económicos” y “supondrá el aumento de la probabilidad de morbilidad de la población afectada”. Juan Manuel Bachiller, presidente del sector de Sanidad del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) de la comunidad, también rechaza la medida. “No hay explicación técnica. Los dirigentes no conocen la región. Han decidido estos cierres basándose en mapas y estadísticas. Pero hay muchos pueblos pequeños con malas carreteras de sierra, en los que nieva y hiela con frecuencia en invierno, lo que ralentiza el desplazamiento. Dejarlos a más de una hora de un centro de salud es una barbaridad”, opina. “Por su geografía, Cuenca y Guadalajara se verán muy afectados”, añade. El experto alerta, además, de que se saturarán las urgencias de los centros que asuman a los ciudadanos que ahora se quedan sin PAC ya que no le consta que se vayan a reforzar los equipos médicos.

El PSOE de Castilla-La Mancha calcula que con el cierre de los 21 PAC se ahorrará un millón de euros. Una cantidad que consideran se podría obtener de otras partidas que en 2013 han experimentados grandes aumentos. Es el caso de la destinada a divulgación y campañas institucionales de la Dirección General de Atención Sanitaria, que pasa de estar dotada con 1.700 euros en 2012 a 688.000 este año, según consta en los presupuestos de la comunidad.