La justicia da la razón a las víctimas del peor brote bacteriano en un hospital

Leandro Ángel, de 76 años, falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital 12 de Octubre en mayo de 2007, casi tres semanas después de superar con éxito un by pass. Se infectó con una vieja conocida de la UCl, una cepa multirresistente de la bacteria Acinetobacter baumanii, contra la que el hospital luchó 20 meses antes de conseguir erradicarla. Para lograrlo, incluso, el centro tuvo que echar al suelo la antigua UCI por los problemas de higiene que comportaba. Afectó a 252 pacientes, de los que fallecieron 101, según una investigación del propio centro, que determinó que en 18 casos “la muerte fue atribuible a la bacteria”. La dirección del hospital negó las conclusiones de sus propios profesionales y el Gobierno regional intentó convertirlo en un caso de acoso político. Ahora, una sentencia firme devuelve la razón a los enfermos y obliga al hospital a indemnizar a la familia de Ángel.

El brote de la Acinetobacter, que se expande con facilidad y desarrolla resistencia a los antibióticos, se inició en febrero de 2006 y no fue extinguido hasta septiembre de 2007. Además, personal y sindicatos alertaban desde 2005 de la falta de medios. Acudieron sin éxito al juzgado y al Colegio de Enfermería de Madrid. Al final, les ayudó CC OO. Denunciaron que no había suficientes enfermeras y que faltaban elementos fundamentales para combatir un brote, como papel secamanos —usaban toallas no desechables— o grifos de pie, que evita el contacto con las manos.

Leandro Ángel pasó casi tres semanas en la UCI sin abrir los ojos. “Cuando se despierte va a estar estupendamente”, recuerda su hija Rosa Ángel que le dijeron los médicos. Pero no despertó. “Nos trataron mal, nos acusaron incluso de haber llevado nosotros el brote”, recuerda ella. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) establece que el brote infeccioso estuvo “mal controlado” y que las quejas “por falta de medios materiales y personales para mantener la debida asepsia” estaban “debidamente documentadas”.

El brote estuvo “mal controlado” y las quejas “bien documentadas”

El tribunal añade que el hospital, que aseguró entonces que se estaba combatiendo el brote escrupulosamente, no acreditó “la realidad ni el alcance de las medidas efectivamente adoptadas”. Le condena a pagar 125.000 euros de indemnización a la familia. “Esta sentencia calla la boca al hospital, que negó que el fallecimiento de este paciente fuera consecuencia del brote infeccioso”, dice Álvaro Sardinero, abogado de la familia y de la asociación Defensor del Paciente. Asegura que pedirán el cese de los responsables del centro y que se abra una nueva investigación sobre lo ocurrido.

“Es una indignidad. Nunca se tuvo en cuenta a los profesionales que denunciaron las carencias, se les acusó de actuar con intereses espúreos”, añade Enrique Orsi, de CC OO. “Alguien no hizo bien su trabajo y debería dimitir”, añade. Una portavoz del 12 de Octubre declinó ayer comentar la sentencia.

Entre las múltiples cartas que envió Orsi, una de diciembre de 2006 alertaba de que una sola enfermera estaba al cargo de “cuatro enfermos aislados por Acinetobacter”. “Se están asumiendo riesgos innecesarios para la vida de los pacientes”, señalaba en el escrito. Casi cinco años después de la muerte de su padre, y con la sentencia en la mano, Rosa Ángel sigue “llena de rabia y con el corazón cerrado”. Leandro Ángel, soldador jubilado, se perdió sus bodas de oro, que se cumplieron tres meses después de su muerte, o el matrimonio de uno de sus cuatro hijos. Murió de una infección que, según el Alto Tribunal, se podía haber evitado. “Espero que esto sirva para que no le ocurra a nadie más”, pide la hija.