La Eurocámara quiere restringir el uso de datos personales en Internet

Internet ha revolucionado la exposición pública de datos personales y las leyes actuales han quedado obsoletas para garantizar el derecho a la privacidad. Conscientes del desafío, las instituciones europeas plantean una nueva legislación que restrinja el uso que hacen las empresas de la información personal con fines comerciales, especialmente en la Red. Las compañías que no se atengan a los nuevos requisitos podrán recibir multas que asciendan hasta el 2% de su facturación anual. El Parlamento Europeo discute hoy su propia propuesta, que endurece el proyecto inicial de la Comisión Europea.

Si los planes de la Eurocámara salen adelante, los usuarios de Internet deberán ser informados de lo que compañías como Facebook o Google —en general, cualquier empresa activa en el mercado europeo— pretenden hacer con sus datos personales y dar su consentimiento expreso ante una eventual cesión a terceros u otros usos. Para obtener la conformidad no valdrán esas “páginas y páginas de lenguaje legalista” que el usuario acepta marcando una casilla. En su lugar, las firmas deberán ofrecer “iconos estandarizados y condiciones de uso fáciles de entender”, según un informe del diputado que defiende hoy esta iniciativa, el alemán Jan Philipp Albrecht, del grupo Los Verdes.

Los eurodiputados esperan aprobar definitivamente el proyecto este año

Uno de los elementos principales de esta legislación, que debería estar lista antes de que acabe el año, es el derecho al acceso, la corrección y, en última instancia, la desaparición de datos personales en la web (el conocido como derecho al olvido). El usuario podrá retirar los contenidos que considere oportuno, especialmente si no había dado su consentimiento para publicarlos. Además, los propietarios de páginas web tendrán más dificultades para crear perfiles concretos de usuarios y siempre será posible utilizar el servicio de forma anónima. Para garantizar que las firmas se toman en serio la protección de datos, el proyecto crea la figura del responsable de protección de datos para grandes empresas, aunque el Parlamento pide que exista en todas aquellas donde la defensa de este derecho sea necesaria.

El texto pretende unificar el abanico de legislaciones difusas y heterogéneas que existen en los 27 Estados miembros de la UE. El elemento más polémico para las empresas afectadas reside en las consecuencias que deberán afrontar si incumplen estas exigencias. El texto inicial de la Comisión, que de momento no ha sido rebajado por el Parlamento, fija multas de entre el 0,5% y el 2% de la cifra de negocio anual. A cambio, Bruselas ofrece una simplificación en el procedimiento para las compañías, que se enfrentarán a un único interlocutor en materia de protección de datos: la autoridad nacional del país en el que tienen su sede. Esa agilización del trámite les ahorrará unos 130 millones de euros al año, según la Comisión.

López Aguilar ve un “salto adelante sustantivo” respecto a la actual norma

Casi un año después de que el Ejecutivo comunitario lanzara la iniciativa, la Comisión de Libertades del Parlamento discute hoy su posición. El presidente de este órgano, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, defiende el “salto adelante sustantivo respecto a la actual directiva europea de protección de datos”, que rige desde 1995. El europarlamentario destaca además que este proyecto se tramita como un reglamento, lo que supone su aplicación inmediata en todos los países, sin necesidad de trasladar lo aprobado a la legislación nacional, como ocurre con las directivas comunitarias. “Es un reglamento muy invasivo, inmediatamente vinculante y exigible ante los tribunales”, resume.

Tras la sesión de hoy, la Eurocámara espera poder votar un texto de consenso entre abril y mayo. A partir de ahí volverá a negociar con los Estados miembros para tener listo el reglamento antes de que acabe la legislatura europea, a principios de 2014.