“La privatización no tiene marcha atrás, y no hay estudios sobre ella”

El presidente de la Sociedad Española de Cardiología, Vicente Bertomeu, cree que el debate sobre la privatización se ha centrado demasiado en su coste, y que falta el de su eficacia. Para él, como representante de una sociedad científica destinada a la “aplicación del conocimiento a beneficio del paciente y lejos de cualquier comportamiento corporativo”, esta es la clave de la discusión que se está viviendo sobre todo en Madrid, pero también en otras comunidades como la suya, la valenciana, o Castilla-La Mancha. “No todo es cuestión de dinero. Los médicos tenemos un doble compromiso ético, primero, con el paciente, de que va a recibir el mejor tratamiento posible; segundo, con el sistema, para dar a los pacientes lo suficiente, pero no de más” y así ahorrar.

El médico, por tanto, pone el debate sobre la privatización no en el coste de la cama, sino en el de los tratamientos. Para decidir “necesitamos datos objetivos sobre los resultados de la privada”. “Nuestro objetivo es el paciente, y en ese sentido sabemos que no existen datos suficientes, y, si los hay, no se utilizan de forma objetiva para tomar decisiones independientes”, afirma Bertomeu por teléfono desde Alicante, donde es jefe de Cardiología del hospital de San Juan.

El problema de esta comparación es la falta de datos por ambas partes. La privada siempre acude a “la satisfacción, que es un dato muy valioso, pero como cardiólogo yo lo que quiero saber es la mortalidad y los reingresos”, comenta. Precisamente unos días antes de la entrevista la Fundación IDIS, vinculada a la patronal privada, había presentado su primer estudio sobre resultados, pero, como para dar la razón a Bertomeu, entre los 14 indicadores medidos no los había de cardiología.

Los pocos datos que hay no se utilizan de una forma objetiva”

Puesta esta base, para Bertomeu, quien como todos los profesionales sanitarios sigue con mucho interés lo que está sucediendo en Madrid, las protestas responden a “un conflicto transversal, que ha contado con un gran respaldo de la población”. “No es ideológico, porque muchos de los que protestan también son votantes del PP, pero las encuestas dicen que un 87% de las personas están en contra de la llamada externalización. Nunca he visto una encuesta con esos niveles de acuerdo. A lo mejor si todo el mundo está de acuerdo” en la oposición a las medidas de la Comunidad de Madrid “es que van a tener razón”, afirma. “Lo que está claro es que las estrategias de marketing de las entidades de gestión privada no ha convencido a los profesionales”.

Porque no es solo información sobre resultados médicos lo que echa en falta el experto. “¿Qué pasa con la patología compleja que ellos no van a cubrir?”, dice refiriéndose a una de las críticas clásicas a las privadas: que tratan lo fácil y cuando llega lo complicado lo derivan a la pública. Aunque él no lo vive como una crítica, sino como una constatación de que “si atienden aun área pequeña, de unas 150.000 personas, es lógico que no tengan todas las especialidades”. Claro que el problema viene en cómo se va a regular esa cooperación: “¿Va a haber contratos con los hospitales de referencia? ¿Qué pasa con la formación de especialidades de posgrado? Porque lo que no nos podemos permitir es el lujo de perder el sistema MIR”.

Pero estas son solo preguntas concretas sobre una reflexión más general. “A todo el mundo se le llena la boca con el papel de la I+D, pero no se ve dónde está con este modelo. Por eso los profesionales de forma mayoritaria y cohesionada están en contra. Nuestro sistema público es aceptado universalmente aunque tenga grandes posibilidades de mejora, y esa es una de las causas por la que todos pagamos impuestos. Lo que sorprende es que este sistema del que todos estamos tan orgullosos haya que transferir su gestión a terceros”, dice.

“Yo quiero saber de mortalidad y reingresos, no solo de satisfacción”

Y abunda en las posibilidades de mejora: “Lo primero que habría que hacer es implementar modelos, y algunos cambios que no son tan difíciles de adivinar, como establecer un sistema más justo de adjudicación de plazas y que se prime la competencia en el trabajo, a los mejores gestores. Si hace falta, se puede cambiar la ley de la función publica. Es cierto que en los hospitales hay bolsas de ineficiencia, pero no hay normas que las atajen. Hace falta un acuerdo de todos los actores (sindicatos, gestores y profesionales), y lo que no puede ser es que los sindicatos ni ningún otro protejan las bolsas de ineficiencia”.

Y concluye con otra reflexión. “Externalizar a parte de la población probablemente genere inequidades, sea porque con el nuevo modelo están mejor atendidos —que no lo sabemos— o porque están peor”. Con un riesgo en estas medidas de externalización añadido: “Son de mucho calado, y no tienen marcha atrás”.