Baleares avanza en su plan para privatizar los parques naturales

“Había gente acostumbrada a vivir del medio ambiente y se ha acabado”. Biel Company, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de Baleares, uno de los "duros" del Gobierno del PP, responde así a las críticas de los grupos ecologistas sobre los recientes despidos de personal de las empresas públicas dependientes de su departamento y avanza en su plan para privatizar de manera progresiva la gestión de los servicios de los parques naturales de la comunidad.

Biel Company quiere “implicar a la propiedad privada” en las tareas de protección de los ámbitos naturales y señala que un 80% de los terrenos está en manos de particulares. Según él, se ha vivido una etapa en la que “se perseguía a los propietarios como si fueran auténticos enemigos” y está dispuesto a ponerle fin. El consejero, empresario y expresidente de la patronal agrícola Asaja en Baleares, fue tiempo atrás un destacado activista contra las políticas progresistas y organizaba manifestaciones de tractores.

La estrategia gubernamental "de eficiencia" del Gobierno balear, en la que se enmarca la privatización de la gestión de los espacios naturales, pasa por la explotación turística, a través de concesionarios, de la red de parques y ámbitos protegidos, con la intención de que no generen costes a la Administración. Ello implica el cobro de muchas actividades que hasta ahora eran gratuitas, algo que ya se ha empezado a aplicar al implantarse tarifas por amarrar barcos en el parque de Cabrera o por participar en excursiones y cursillos con monitores.

Los recortes y la nueva filosofía del Gobierno balear de José Ramón Bauzá han reducido al mínimo (en alguna zona, en una proporción de seis a uno) las plantillas de vigilantes y de educadores de los parques de Cabrera, Ses Salines de Ibiza y Formentera, Albufera, Llevant y Mondragó de Mallorca, Es Grau de Menorca, Sa Dragonera y el ámbito de la sierra de Tramuntana de Mallorca, patrimonio de la humanidad. La fusión de las sociedades públicas existentes en la red autonómica ha provocado más de dos decenas de despidos, con casos de trabajadores de más 20 años de experiencia como educadores e investigadores.

Los proteccionistas del Grupo de Ornitología Balear (GOB) denuncian que solo se ha mantenido uno los seis técnicos de gestión que había en Tramuntana, alertan de que ha quedado casi sin vigilancia el parque de Sa Dragonera y advierten de que se ha suprimido el seguimiento biológico en la Albufera de Mallorca, Es Grau de Menorca y Ses Salines de Ibiza y Formentera.

Según el GOB, “se pone en riesgo la conservación de los más valiosos espacios naturales de las islas”, mientras que Xavier Pastor, director de la organización internacional Oceana, afirma que el Gobierno balear “ha desviado en dos años hasta nueve millones de euros” del Ministerio de Medio Ambiente destinados a la protección del Parque Nacional de Cabrera. Pastor sostiene que “se han reducido los programas de investigación, gestión, interpretación y vigilancia en Cabrera, llevando el presupuesto de inversiones a niveles próximos a cero, dificultando el control de la pesca ilegal y el furtivismo”.

El Gobierno balear reducirá de 13 a cuatro los trabajadores dedicados a la vigilancia, manejo de embarcaciones y mantenimiento de infraestructuras en Cabrera y prepara la rescisión del contrato con la empresa parapública Tragsa, que lleva décadas en el parque. Los educadores han pasado a vender entradas del centro de interpretación en Ses Salines, también en vía de privatización.