La factura en fármacos bajó 1.190 millones entre enero y noviembre
El cambio del copago acelera el ahorro, pero su efecto se pierde muy deprisa Cataluña ha recaudado unos 50 millones por el euro por receta
De todas las variables sanitarias, probablemente no haya ninguna tan controlada como lo que pagan las Administraciones por los medicamentos recetados a los ciudadanos. Para empezar, porque es una partida importante: 11.135 millones de euros en 2011. Y, para seguir, porque es prácticamente el único dato que se tiene mes a mes. Por eso las medidas destinadas a reducirlo se pueden monitorizar de manera casi inmediata. Y los resultados, hasta el momento, son muy buenos para las arcas públicas: en los 11 primeros meses de 2012 se gastaron 1.190 millones menos que en el mismo periodo de 2011.
La cantidad estaba en descenso desde 2010, cuando las rebajas decretadas por el Gobierno del PSOE y la aceleración en el proceso de entrada en vigor de precios máximos subvencionados consiguió que la partida decreciera. Pero ha recibido un impulso importante desde julio de 2012. Entonces, la entrada en vigor de las modificaciones en el copago decididas por el Gobierno del PP consiguió que la partida, medida mes a mes, llegara a descensos hasta entonces insospechados: un 25,45% menos en septiembre de 2012 comparado con el mismo mes de 2011. En euros, el ahorro fue de 231 millones solo ese mes.
Los números de noviembre apuntan a que 2012 puede acabar con un descenso récord por encima del 10%. La batalla política está en saber qué parte se debe a las medidas que ya estaban en vigor a primeros de año, y qué parte a las modificaciones introducidas en este. De una manera general, siguiendo la evolución anterior al real decreto ley de abril que hizo que los pensionistas pagaran un 10% de los fármacos que toman y que para la mayoría del resto la aportación subiera también 10 puntos (con excepciones como que los parados de larga duración o quienes reciben rentas básicas no lo hacen), el reparto viene a estar en un 4% por las medidas anteriores y un 6% por las nuevas.
No hay datos para ajustar más, y, además, el hecho de que haya habido otras medidas regionales (el euro por receta catalán) o nacionales (la desfinanciación de más de 400 fármacos) dificulta aún más evaluar el impacto exacto de cada paquete de medidas. También hay que tener en cuenta que el descenso no obedece solo a que ase dejen de consumir fármacos, sino a que ahora los pacientes pagan más por cada caja.
Hay algo que sí que se observa: que el mercado del medicamento es tan inelástico (no obedece al capricho de los pacientes, sino a sus necesidades en función de su estado de salud) que absorbe con rapidez el efecto de casi todas las medidas. La prueba está en que el descenso de la partida ha pasado de ese 25,45% en septiembre a un 15,18% en noviembre. Es decir, se han recuperado más de 10 puntos en apenas dos meses. De momento, no ha pasado el tiempo suficiente como para que se pueda predecir en qué se va a quedar esa variación, por lo que es imposible vaticinar si se trata de un ahorro permanente o este va a ser flor de un día.
Lo que sí está claro es que las comunidades, que son las que soportan el grueso de ese gasto, han encontrado en las medidas de ahorro farmacéutico un cierto alivio para sus cuentas. Los datos también permiten obtener una ligera idea del efecto de otra medida: el euro por receta implantado en Cataluña, y que entró en vigor a finales de junio del año pasado. Si se toman los datos de julio a noviembre, en Cataluña el número de recetas dispensadas fue en ese periodo un 20% inferior al del año pasado. Pero hay que tener en cuenta que coincidiendo con la decisión autonómica llegó el cambio del copago nacional, por lo que en el conjunto de España también hubo un descenso del 14% en el número de recetas dispensadas. Así que, en un primer cálculo, puede atribuirse al euro un descenso de seis puntos.
Más fácil es calcular cuánto ha podido reportarle la medida a la Generalitat. Si todas las recetas hubieran llevado el sobrecargo que ahora ha impuesto también Madrid (hay límites máximos y excepciones), serían algo más de 50 millones de euros.
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