Economía estudia liberalizar las farmacias y darles apertura libre

El Ministerio de Economía y Competitividad estudia liberalizar las farmacias, de forma que cualquier persona o empresa pueda abrir una. Actualmente, solo pueden ser dueños y titulares de una botica los licenciados en Farmacia. La iniciativa, que se recoge en un documento de trabajo del departamento de Luis de Guindos al que ha tenido acceso EL PAÍS, abriría la puerta a las grandes cadenas. Aunque eso sí, la dirección del establecimiento seguiría en manos de un farmacéutico. El cambio supondría un duro golpe para las boticas —en su mayoría pequeñas empresas— y modificaría totalmente el mapa actual, para situar a España en la línea de países como Holanda o Reino Unido, donde el sector está más liberalizado y muy controlado por grandes empresas. Frente a los planteamientos que baraja Economía, el Ministerio de Sanidad afirma que su apuesta es mantener el modelo actual.

Economía, sin embargo, analiza esta posibilidad para incluirla dentro del anteproyecto de ley de servicios profesionales, que entraría a regular también otras profesiones como la de ingeniero o arquitecto. Fuentes conocedoras del proyecto señalan que aún está en fase preliminar y que no existe todavía un texto articulado. Mantienen que no hay una decisión tomada. Aunque, como indica el documento, el grupo de trabajo de Economía que prepara la ley ya ha tenido contactos con los ministerios implicados en la reforma.

La iniciativa perjudicaría a los pequeños establecimientos

Esta no es la primera vez que se pone sobre la mesa la liberalización de las farmacias. Ya en 2006, Bruselas aconsejó a España que revisara su modelo. El Ministerio de Economía lo intentó, pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo aparcó. Sin embargo, la propuesta siguió latiendo. Ahora, la sugerencia también llega desde la Comisión Europea que, como una de las bazas para reducir los desequilibrios macroeconómicos de España, recomendó hace unos meses liberalizar ciertos sectores profesionales fuertemente regulados. Como el farmacéutico.

Para Economía, la reforma de todas las profesiones que abarca el proyecto —no solo la farmacéutica— es necesaria “para mejorar la competitividad de un sector que supone alrededor del 30% del empleo universitario”. El documento que maneja el departamento considera que la regulación actual es “excesiva y obsoleta”, y que reformarla contribuiría a generar más competencia y mejorar la economía.

El Ministerio de Sanidad no ve las cosas de la misma forma y defiende el sistema actual. “Este modelo, vigente en nuestro país durante décadas, ha garantizado la profesionalidad del servicio farmacéutico y una atención de calidad al servicio del paciente por encima de otros intereses”, indica un portavoz. La organización actual, dice, asegura también que cualquier persona —tanto en zonas rurales como urbanas— pueda acceder a los medicamentos y productos sanitarios. La tupida red de boticas permite ahora que el 99,9% de la población disponga de una cerca de casa.

El sector farmacéutico es muy jugoso, un mercado cautivo: los medicamentos solo pueden dispensarse en boticas, que solo son propiedad de farmacéuticos. El volumen de negocio es grande: en 2010 (último año con datos totales) se vendieron en estos establecimientos 1.300 millones de envases de fármacos por valor de 16.500 millones de euros. Aunque a priori la medida no genere ahorro a las arcas del Estado (el 80% de los medicamentos son financiados por Sistema Nacional de Salud) porque los márgenes de beneficio de las farmacias y el precio de los medicamentos está regulado por el Gobierno, el grupo de trabajo de Economía que estudia el asunto considera que la liberalización de sectores como este tendría beneficios económicos a largo plazo.

En España se vendieron, en 2010, 1.300 millones de envases de fármacos

Los farmacéuticos no están de acuerdo. Para este sector, la medida supone una revolución. “Tenemos un sistema cercano, accesible y de calidad que todos los Gobiernos han mantenido porque beneficia a los ciudadanos. Se trata además de una actividad sanitaria”, apunta Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. “Además, la medida no generaría ahorro, porque lo que dispensamos son medicamentos, cuyo precio está regulado. No son productos de consumo sino bienes de interés social. Ahora, el ciudadano tiene todas nuestras garantías de seguridad porque el farmacéutico antepone las prioridades de salud pública al interés lucrativo”, añade. Señala como ejemplo el momento actual, marcado por la crisis y los impagos de las Administraciones. “Es un sistema que no se deslocaliza cuando hay problemas ni en épocas de crisis. Y lo estamos viendo en muchas farmacias afectadas por los impagos de la Administración que están aguantando, poniendo en riesgo su patrimonio incluso, y que a pesar de ello siguen dispensando medicamentos hasta donde pueden”.

Peña cree que la reforma solo beneficiaría a las grandes cadenas. Una opinión que comparte Enrique Granda, presidente del Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). Estos establecimientos podrían conseguir mejores precios por parte de los distribuidores y la industria, porque al comprar mayor volumen tendrían más capacidad de negociación; con lo que ampliarían sus márgenes de beneficio. “La liberalización implicaría que a corto plazo surgirían nuevas farmacias, pero acabaría con el 50% del sector en una década”, dice Granda. Este farmacéutico está preocupado por los 79.000 empleos directos que genera la actividad. Cree que la iniciativa, que perjudicaría a los pequeños establecimientos, llevaría a revisar la normativa actual, según la cual hay una botica para una población de 2.800 habitantes —frente a una por cada 10.300 del sistema holandés—.