Garoña ratifica su cierre definitivo salvo que Hacienda le dé una exención fiscal

La central nuclear de Garoña ratificó el viernes su cese definitivo de actividad. Lo hizo el mismo día que salió publicada en el Boletín Oficial del Estado la ley de fiscalidad energética, que grava la producción nuclear y el combustible atómico. Sin embargo, según ha informado Nuclenor (propiedad de Endesa e Ibedrola al 50%), existe una remota posibilidad de seguir operando si la dirección general de Tributos, del Ministerio de Hacienda, interpreta que la reforma legal no le afectaría (algo que el Gobierno ni la empresa han insinuado hasta el momento). La central ha calculado que la reforma energética le costaría 380 millones de euros hasta 2019 y que eso la haría entrar en concurso de acreedores.

Garoña cumple de momento todos los pasos para el cierre definitivo en unos días. Tal y como anunciaron las eléctricas, la publicación de las nuevas tasas energéticas, que entran en vigor el 1 de enero, le han llevado a comunicar el cese definitivo de actividad antes de esa fecha. El Consejo de Administración de Nuclenor lo acordó el viernes. Aun sí deja abierto un último resquicio y anuncia que ha elevado una "consulta vinculante a la dirección general de Tributos sobre la aplicación retroactiva de dicho impuesto".

Es decir, que si Hacienda considera que no debería pagar por el combustible ya quemado podría seguir operando. Se trataría de una interpretación novedosa que hasta ahora el Gobierno no ha manejado. Ni siquiera Nuclenor, que siempre ha dado el coste que tendría para la planta la reforma energética como si le afectara plenamente.

En su comunicado, Nuclenor admite que la ley "confirma el carácter retroactivo del nuevo impuesto nuclear", lo que "obligaría a un pago de impuestos de 153 millones de euros para Nuclenor, una Sociedad con unos fondos propios a 30 de septiembre de 2012 de 147 millones de euros y un resultado a dicha fecha de 9,6 millones de euros". Según la empresa, "la magnitud del impuesto a pagar situaría a Nuclenor en patrimonio neto negativo, es decir, muy por debajo de los fondos propios necesarios para evitar la disolución de la sociedad, según lo establecido en la legislación vigente".

El domingo pasado, Nuclenor desconectó el reactor y comenzó a vaciar el reactor de combustible para no pagar el impuesto de 2.190 euros por kilo de uranio. La planta, que comenzó a operar en 1971, tenía  unos 400 elementos combustibles en el núcleo (cada uno tiene un peso de unos 174 kilos). Eso suponía que por la carga que tenía debía pagar 153 millones de euros si paraba definitivamente en julio de 2019.

Las eléctricas han mantenido un pulso contra la reforma energética (que fuentes próximas a Industria han calificado de "chantaje inaceptable") mediante Garoña. En septiembre ya dejaron pasar el plazo para pedir la prórroga hasta 2019 que el Gobierno les había puesto en bandeja.

En campaña electoral, Mariano Rajoy se comprometió a que la nuclear, la más antigua de España, no cerraría en 2013, como había decretado el Ejecutivo de Zapatero. Las eléctricas han contado con que el cierre de Garoña es un problema político para el Ejecutivo, otra promesa incumplida. Especialmente la junta de Castilla y León, del PP, se mojó por la continuidad de la central.

Sin embargo, Industria no ha cedido en lo sustancial y no ha cambiado la ley. Solo en el Congreso retiró una enmienda del Senado sobre la definición del combustible nuclear. El Ejecutivo considera que no es nada de calado.

El cierre definitivo de la central de Garoña supondría una "repercusión negativa importante" para Castilla y León y, especialmente, para la provincia de Burgos, por la pérdida de empleo y de capacidad de generación eléctrica, según un informe elaborado por el Colegio de Economistas de Burgos, informa Efe.