Garoña ensombrece el futuro nuclear

La nuclear de Garoña, la más antigua de España y gemela de Fukushima, ultimaba anoche su desconexión de la red eléctrica. Endesa e Iberdrola (dueñas de la planta al 50%) tomaron la decisión de apagar la planta y vaciar el núcleo de combustible para evitar un impuesto que, salvo medida de urgencia del Gobierno, entrará en vigor el 1 de enero. La nuclear, abierta en 1971, tiene permiso para funcionar hasta julio de 2013 y se había convertido en objetivo prioritario de los antinucleares. Su cierre no solo prueba la tensión entre las eléctricas y el Gobierno, sino que ensombrece el panorama sobre todas las nucleares, cuando luchaban por superar el daño de Fukushima.

Sobre las tres de la tarde, Garoña comenzó a bajar paulatinamente la potencia del reactor, algo necesario antes de trasladar en los próximos días el combustible nuclear hasta la piscina de almacenamiento. Se trata de evitar la tasa que a partir de 2013 gravará con 2.190 euros cada kilo de uranio quemado en el reactor. El impuesto, incluido por el Ministerio de Industria en su reforma energética, fue aprobado por el Senado el jueves y falta que el Congreso lo ratifique esta semana.

Según Nuclenor, la sociedad que opera la central, la reforma le costará 153 millones al año, que se suman a los 120 millones que debe invertir en obras derivadas de Fukushima, y que incluirían meses de parada para levantar dos edificios nuevos. Las eléctricas argumentan que es demasiado para una central de solo 466 megavatios, y que, de solicitar la prórroga, solo tendría garantizado el funcionamiento hasta 2019. En 2011, Nuclenor declaró un beneficio de 13,5 millones. Los números que esgrimen las empresas hay que tomarlos con cautela. En 2010, después de que el Gobierno de Zapatero decidiera que la planta cerraría en 2013, Nuclenor presentó en la Audiencia Nacional un informe sobre lo que dejaba de ganar con la clausura. En caso de cerrar en 2019, el lucro cesante sería de 385,6 millones de euros, y de 1.021,8 en caso de hacerlo en 2029. La Audiencia descartó cualquier indemnización.

A las nuevas tasas se sumarían 120 millones en obras pos-Fukushima

Endesa e Iberdrola (sobre todo esta segunda) han librado con Garoña un pulso al Gobierno que, por ahora, no ha cedido. En septiembre ya dejaron pasar el plazo para pedir la prórroga que el PP le había puesto en bandeja.

“Sacrifican Garoña porque querían mejorar la fiscalidad para el resto de nucleares”, señala Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, que cree que el argumento de los impuestos es secundario: “Si les ponen un impuesto lo pueden cargar en la luz y recuperarlo. Lo que pasa es que no tienen garantías de que la central vaya a funcionar de forma continuada estos años”. Castejón alude a los problemas en la vasija de la nuclear belga de Doel, fabricada por la misma empresa que hizo la de Garoña.

¿Puede aún rectificar el PP? El sector nuclear lo ve casi imposible. Los plazos son mínimos, ya que Nuclenor ha anunciado que el 31 de diciembre la nuclear estará en “cese definitivo de explotación” si no cambian los impuestos. El jueves, el Congreso ve la ley y solo puede ratificar o deshacer los cambios introducidos en el Senado. El enfrentamiento ha llegado tan lejos que las eléctricas exigen públicamente una rectificación que desautorizaría al ministro de Industria, José Manuel Soria. Fuentes del Ejecutivo consideran que lo que ha ocurrido es que las eléctricas se han topado por primera vez con un Gobierno que no se pliega a sus deseos. En la tramitación parlamentaria, impuestos que afectan a las nucleares no solo no se han rebajado sino que han subido (del 6% al 7% el que grava la generación).

El alcalde: “En la comarca nos sentimos desamparados”

Incluso si el PP rectifica —el sector eléctrico no acostumbra a perder pulsos—, falta conseguir el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, que hasta ahora se ha mostrado inflexible sobre la imposibilidad de evaluar la prórroga en solo seis meses.

El cierre no es un problema para el sector eléctrico, ya que Garoña produce un 1% de la electricidad de España y hay potencia instalada de sobra. Su producción será previsiblemente sustituida por ciclos combinados ociosos (en buena parte propiedad también de Endesa e Iberdrola).

La clausura es, sobre todo, un problema político, otra promesa incumplida de Rajoy, que en 2009 visitó la planta y prometió mantenerla abierta. La Junta de Castilla y León, del PP, hizo de la prórroga su bandera. “Es el mayor ridículo político en Burgos. El PP llegó a poner publicidad en los autobuses urbanos por la continuidad de Garoña”, opina Ander Gil, senador del PSOE por la provincia.

Rafael González, alcalde de Valle de Tobalina, donde está la central, expresó ayer la inquietud de la zona: “El cierre supondría para toda la comarca una pérdida importante de empleo y de impuestos. Nos sentimos desamparados”. González, del PP, recordó que en 2009 se diseñó un plan de reindustrialización que no existe.

Los trabajadores —291 directos más 491 en subcontratas— sobrellevan con angustia tres años de incertidumbre y de noticias contradictorias. “Nos han engañado todos”, señaló el viernes un miembro del comité de empresa.

Lo que ocurra con Garoña puede marcar una senda para el resto del parque nuclear. Las eléctricas han comenzado a lanzar mensajes de que otras nucleares pueden seguir el mismo camino que Garoña y no llegar siquiera a cumplir los 40 años de vida útil para los que fueron diseñadas. De momento, Almaraz I (Cáceres) ha retrasado su recarga hasta enero. El pulso continúa.