EE UU veta a BP en sus contratos públicos tras el vertido del Golfo

En un gran revés para la petrolera británica BP, el Gobierno norteamericano le ha prohibido temporalmente participar como subcontrata en sus proyectos públicos, por su implicación en el mayor vertido de crudo en la historia norteamericana, ocurrido en 2010. Esa es una de las grandes vías de financiación de la empresa en Norteamérica. El año pasado fue la contratista número 45 del Gobierno, con un volumen de negocio en el sector público estadounidense de 1.470 millones de dólares (unos 1.140 millones de euros). La decisión, de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés), no afecta a los contratos ya activos y abiertos en los pasados años.

“La EPA asume esta medida debido a la falta de integridad empresarial de BP, que ha quedado demostrada en la conducta de la empresa respecto al reventón, la explosión, el vertido de petróleo y la respuesta en el caso de [la plataforma] Deepwater Horizon”, ha dicho la agencia en un comunicado. “La suspensión de BP le impedirá temporalmente a la compañía y a sus filiales obtener nuevas contratas federales, subsidios y otras transacciones hasta que ofrezca pruebas suficientes a la EPA de que cumple con los estándares de negocios federales”.

El pasado 15 de noviembre, la empresa admitió negligencia en el mayor vertido de crudo en la historia de EE UU y aceptó pagar una multa de 4.500 millones de dólares. En el accidente murieron 11 empleados de la plataforma y se vertieron 4,9 millones de barriles de petróleo al océano, generando una mancha cuya superficie fue equiparable a la de la isla de Manhattan. Hasta la fecha, BP ha pagado 14.000 millones de dólares en labores de limpieza y reconstrucción, y ha establecido un fondo de 20.000 millones para indemnizar a los afectados, de los cuales solo ha empleado 9.000 millones.

“Después de declararse culpable de una conducta imprudente que provocó pérdida de vidas y supuso un crimen contra el medio ambiente, suspender el acceso de BP a contratas gubernamentales es lo adecuado”, según el congresista demócrata Ed Markey. “Cuando alguien hace chocar su coche de forma temeraria, se le quita el permiso de conducir y las llaves. Los efectos de la conducta temeraria de BP aun contaminan el lecho marino, y este tipo de suspensión es un elemento apropiado dentro de las penalizaciones criminales, civiles y económicas que BP debe pagar”.

Markey presidía en 2010 el Subcomité de Energía y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes. Tras el accidente, en una audiencia a puerta cerrada, interrogó a David Rainey, que entonces dirigía las exploraciones petrolíferas de BP en el golfo de México. Rainey dijo que del pozo, tras el accidente, sólo emanaban 5.000 barriles de crudo al océano cada día. Posteriormente se supo que esa cifra era en realidad de hasta 60.000 barriles. Ahora, el Gobierno de EE UU ha presentado cargos criminales contra Rainey por obstrucción y falso testimonio al Congreso norteamericano.

La economía del golfo de México es altamente dependiente de BP. La petrolera controla unos 700 bloques de perforación de petróleo y de gas en esas costas, con siete plataformas de perforación en activo. Asegura que en los pasados cinco años ha inyectado unos 52.000 millones de dólares en la economía norteamericana. Emplea, además, a 23.000 estadounidenses dentro del marco de esas operaciones. Desde el accidente, el Gobierno de EE UU le ha concedido a BP más de 50 nuevos permisos de perforación en el área.

BP está colaborando con la EPA, y, según un comunicado de la propia empresa, “le ha enviado un informe de asunción de responsabilidades de más de 100 páginas y respuestas a varias preguntas de la EPA derivadas de ese informe”. La petrolera espera que la moratoria a contratas públicas se levante pronto. Cada año le vende unos 1.000 millones de dólares al Pentágono en concepto de gasolina.