La Complutense saca a la calle el descontento de las universidades

Más de 100 profesores de la Complutense de Madrid protestaron ayer contra los recortes que ahogan a las universidades sacando sus clases a la calle. Centenares de alumnos les siguieron, a pesar del frío, desperdigados por el centro. El campus presencial más grande de España, y uno de los que sufre más los ajustes, daba visibilidad así a un descontento que atraviesa las universidades públicas de toda España, por los recortes económicos y por la subida de tasas, que afectan directamente a los alumnos.

La cuenta del ahogo es sencilla, aunque los montos exactos sean todavía inciertos: las universidades públicas no consiguen reducir sus gastos a la misma velocidad que desde las Administraciones recortan sus ingresos. Básicamente, porque para hacerlo no es suficiente con reducir al máximo los gastos corrientes o adelgazar la nómina de profesores a tiempo parcial, sino que tendrían que empezar a despedir a docentes funcionarios, explica el catedrático de la Universidad de Jaén Juan Hernández Armenteros. Y esos despidos no son posibles y, probablemente, tampoco deseables en un momento en el que la matrícula está creciendo: el curso pasado había cerca de 70.000 alumnos más en las universidades públicas que en 2008-2009.

Algunos ejemplos del ahogo están en Cataluña, donde los campus acumulan un déficit de 238 millones; y en la Comunidad Valenciana y Andalucía, donde los Gobiernos autónomos deben a sus universidades 600 millones y 700 millones, respectivamente. Ni todas las comunidades están ajustando igual ni todos los campus tienen números rojos, pero el futuro es bastante negro para todos: los recortes serán en 2013 de varios cientos de millones en toda España a sumar a los más de 800 perdidos en los últimos tres años.

En tres años,  800 millones de euros menos para 70.000 alumnos más

En Madrid, las universidades públicas disponen de 863 millones para 2013. Han perdido 165 millones en los últimos presupuestos que la Comunidad de Madrid espera que recuperen con la subida de tasas. El dinero para inversiones (obras y edificios nuevos) ha caído más del 90% desde 2008, cuando el Gobierno regional dinamitó un acuerdo a cinco años por 640 millones que había suscrito con sus seis campus públicos.

“Intentamos cambiar nuestra propia mentalidad, presionar a la Comunidad de Madrid y mostrar a la gente cuál es nuestro trabajo”, explica Juan Varela, profesor de Filología Italiana y miembro de la coordinadora que ha organizado la jornada de protesta. Varela puso el germen hace un mes con una clase al raso sobre Dante Alighieri; antes del verano, habían hecho lo mismo un grupo de profesores de la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide en la capital andaluza. De hecho, desde que los alumnos y profesores catalanes abrieran la espita de la protesta en noviembre de 2011, han seguido todo tipo de acciones en toda España.

Los recortes universitarios empezaron a llegar (como en todos los sectores) en el curso 2009-2010, justo cuando el alumnado repuntaba y cuando se suponía que los campus debían hacer un esfuerzo extra para adaptarse al nuevo modelo común europeo (proceso de Bolonia), que requería, entre otras cosas, atención personalizada con grupos más pequeños de alumnos; algo probablemente inviable hoy.

Los centros tratan de reducir al máximo los gastos corrientes

Desde entonces, los campus han ido aprobando planes de ajuste tratando de reducir al máximo los gastos en infraestructura y en el día a día, desde la luz y la limpieza hasta el material de oficina, los años sabáticos o el dinero para congresos, llegando incluso a cerrar instalaciones en vacaciones, como han hecho, entre otras, las universidades de Oviedo o Málaga.

En la Comunidad Valenciana, las cinco universidades públicas están al borde del colapso financiero. La Generalitat les abona las transferencias para gastos corrientes tarde y mal, unos meses a una le pagan en efectivo, mediante transferencia bancaria, y al resto mediante confirming, una especie de aval con el que los gerentes piden en un banco un crédito para pagar nóminas.

A los recortes desde las Administraciones y los retrasos en los pagos se añade la inestabilidad presupuestaria. “Estamos francamente angustiados”, reconoce Adelaida de la Calle, rectora de Málaga y presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). “Trabajamos con presupuestos virtuales”, afirma De la Calle, que pone como ejemplo su universidad. En la matriculación no han notado mucho el impacto de los incrementos de los precios públicos: tienen el mismo número de alumnos, aunque los chicos se han apuntado a menos asignaturas. Pero ya se está gestando otro problema. De la Calle sostiene que en su centro se han duplicado este año las peticiones de becas al ministerio. “A muchos de estos posibles becarios no le van a conceder las ayudas y entonces se desmatricularán de créditos y tendremos menos ingresos de lo previsto”, apunta la presidenta de la CRUE.

En la Comunidad Valenciana hay cinco campus al borde del colapso financiero

A esa situación hay que sumar los desencuentros de los rectores con el ministro de Educación nombrado por el PP, José Ignacio Wert, que llegó al cargo con un discurso muy duro y crítico hacia las universidades. El desencuentro culminó con un insólito plantón de los rectores al ministro en el Consejo de Universidades de mayo. La razón fue que Wert se negó a discutir el decreto que acababa de aprobar para reducir el gasto educativo en 3.900 millones entre 2012 y 2013, en torno a la mitad de los cuales son de la universidad. Los rectores no llegaron a poner en cuestión la magnitud del hachazo, sino más bien los errores técnicos de los cálculos ministeriales (aunque sí rechazaron firmemente el endurecimiento de las condiciones para obtener becas).

El ministerio piensa ahorrar unos 2.000 millones de euros poniendo más horas de clase a los docentes que investiguen menos, reduciendo el número de titulaciones con pocos alumnos, limitando la incorporación de nuevos profesores, obligando a las universidades a cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria y, sobre todo, aumentando el precio de las matrículas universitarias, medida con la cual pensaban ahorrar más de 1.700 millones.

“Trabajamos con presupuestos virtuales”, denuncia Adelaida de la Calle

Pero estas dos últimas medidas presentan varios problemas. Primero, el cálculo de ahorro, pues cada comunidad ha hecho de su capa un sayo: las hay que han congelado el precio de las primeras matrículas (como Asturias y Galicia) y las hay que las han subido hasta los 400 euros (Madrid y Castilla y León) o de 600 a 900 euros en Cataluña; para los repetidores, los precios se han disparado en la inmensa mayoría. Además, las Administraciones van a dejar de dar esos 1.700 millones a las universidades, contando con que los recuperarán a través del aumento de las tasas, pero esto no está asegurado, porque es muy posible que los alumnos reajusten el número de asignaturas de las que se matriculan para no gastar tanto. Con lo cual, los campus tendrían ahí otro agujero en su financiación justo cuando el Estado les obliga a cumplir con el principio de estabilidad.

En Cataluña, la caída de los ingresos y la lentitud de los planes de ajustes han disparado el déficit de los siete campus públicos hasta los 238 millones. Desde 2009, la aportación a las universidades se ha reducido en 168 millones, pasando de los 901 millones de 2009 a los 747 actuales.

En Andalucía, las 10 universidades públicas tuvieron que recortar a finales del curso pasado 130 millones de sus presupuestos. Paralelamente, los rectores han presionado a la Administración autónoma para que salde la deuda de 700 millones que la Junta mantiene de 2011. La Junta ha empezado a desbloquear fondos para los campus, aunque todavía no se ha fijado un calendario de pagos.

Con información de I. Vallespín, M. Planelles y E. Moltó.