Varapalo al euro por receta

La oposición al euro por receta ha encontrado un aliado en el Consejo de Estado. El órgano consultivo ha propinado un varapalo a la tasa que aplica Cataluña desde junio y que tiene previsto poner en marcha la Comunidad de Madrid a partir del mes de enero al sostener que existen suficientes argumentos para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el gravamen. Para ello, apunta a dos motivos.

Por un lado, el tributo invade la competencia exclusiva del Estado en cuestiones que afectan a la coordinación general sanitaria y farmacéutica: “Las comunidades autónomas no pueden incidir ni directa, ni indirectamente en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública”. Por otro, el gravamen introduce un factor de desigualdad en el acceso a los fármacos entre las autonomías.

El dictamen en el que se pronuncia el Consejo de Estado responde a una consulta formulada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la posible inconstitucionalidad de distintas de las iniciativas impulsadas por la Generalitat de Cataluña en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de marzo de 2012, entre las que, junto al euro por receta, se encuentran nuevas tasas judiciales, algunas de las cuales también son cuestionadas por el Consejo.

El tributo invadiría competencias estatales en materia sanitaria

Respecto al tiquet moderador, como bautizó el Gobierno catalán a la tasa a los medicamentos, el Consejo de Estado estima que es responsabilidad del legislador estatal garantizar “una unidad mínima en las condiciones de acceso a los productos farmacéuticos”, con independencia del lugar de residencia del paciente “y evitar la introducción de factores de desigualdad en la protección básica de la salud”. La decisión de gravar los medicamentos en Cataluña o Madrid obliga a “realizar un desembolso mayor que el que [los pacientes] deben afrontar en otras partes del territorio del Estado”. Por ello, la medida choca con el artículo 149 de la Carta Magna, que se refiere a la competencia exclusiva del Estado en materia de la regulación del ejercicio de derechos y deberes de los españoles.

Pero también contravendría otro precepto constitucional contenido en el mismo artículo. En este caso, la materia en conflicto es la responsabilidad sobre la coordinación sanitaria y la legislación sobre productos farmacéuticos, que la Constitución reserva también al Estado.

El dictamen advierte de que no se cuestiona la capacidad de la Generalitat ni de las comunidades autónomas para establecer tributos propios. El problema es otro: que la tasa “vulnere el orden constitucional de competencias” e invada la parcela que la Carta Magna reserva al Estado respecto a las grandes líneas referidas a la ordenación de la materia de salud en España.

El dictamen responde a una consulta del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas

Arropado con estos razonamientos, el dictamen considera procedente impugnar el artículo 41 de la ley catalana 5/2012 que hace referencia al euro por receta. Esta conclusión, sin embargo, no es compartida por los consejeros Fernando Ledesma, ex ministro socialista de justicia; María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el jurista Enrique Alonso, que han emitido un voto particular, al entender que no existen motivos suficientes para plantear la inconstitucionalidad del tributo.

El gravamen sobre los fármacos se aplica en Cataluña desde junio para cada medicamento dispensado con receta de la sanidad pública en las farmacias por valor superior a 1,67 euros con un tope de aportación de 61 euros anuales. Únicamente 127.000 ciudadanos en riesgo de exclusión social están exentos de pago. A pesar del revés que supone el pronunciamiento del Consejo de Estado, Cataluña mantendrá el euro por receta.

La Generalitat defendió este jueves la implantación de la tasa argumentando que el organismo consultivo en Cataluña, el Consejo de Garantías Estatutarias, ya dictaminó en marzo que el impuesto del euro por receta cabe dentro de la Constitución. “El Gobierno de la Generalitat atenderá siempre, en caso de diversidad de interpretaciones, a la interpretación del Consejo de Garantías Estatutarias”, aseguró la Consejería de Salud, informa Anthony Coyle. El Gobierno catalán subrayó que la opinión del Consejo de Estado “no es vinculante”. Por contra, el candidato del PSC a la Generalitat, Pere Navarro, se felicitó por la decisión y calificó la tasa de “injusta".

La Comunidad de Madrid, por boca de su presidente, Ignacio González, insistió el mismo en su intención de poner en marcha el tributo —“se trata de una tasa sobre la prestación de un servicio, no una medida que entra a formar parta de la configuración” del precio de un medicamento, indicó— y en que el Gobierno autonómico es competente para hacerlo. Si finalmente es así, sería en contra no solo del dictamen del Consejo de Estado, sino también de la opinión que sostiene el Gobierno que preside Mariano Rajoy, de su mismo partido.

Sáenz de Santamaría pide a Mas que retire la medida para no acudir al Constitucional

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha amenazado con la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para tumbar el euro por receta en Cataluña, aprovechó el dictamen del Consejo de Estado para trasladar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que tratará de “hacer entender” a la Generalitat la inconstitucionalidad de la medida y la necesidad de modificarla sin necesidad de llegar al Tribunal Constitucional. Lo mismo hará con el Ejecutivo madrileño, señaló, si secunda a la Generalitat.

El euro por receta se suma en Cataluña a las medidas de ahorro que ha impuesto el Ministerio de Sanidad en los últimos meses. El de mayor impacto ha sido el nuevo sistema de copago que, dependiendo de la renta, elevó a partir del mes de julio el porcentaje que se abona por los fármacos con receta de la sanidad pública y que acaba con los medicamentos gratis para los pensionistas. En septiembre, el departamento que dirige Ana Mato sacó de la financiación pública 400 presentaciones farmacéuticas, que, desde entonces, corren a cuenta de los pacientes íntegramente. Mientras en España se suceden los recortes en sanidad y aumenta la aportación de los usuarios en servicios hasta ahora gratuitos o más baratos, otros países europeos dan marcha atrás en medidas similares. Es lo que ha sucedido en Alemania, que se encuentra en año electoral, con la retirada del copago de 10 euros por trimestre que deben pagar los pacientes que acuden a la consulta a recibir atención sanitaria instaurado en 2004.