El Tribunal Superior de Baleares ordena el derribo de 13 edificios en Mallorca

Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ordena que, antes del 15 de mayo de 2013, se derribe el complejo residencial de 13 edificios -–ilegales– en la costa de Ses Covetes, justo al lado de la playa virgen de Es Trenc, en el municipio de Campos, Mallorca, muy cerca de la zona donde el Gobierno balear acaba de aprobar la construcción de un hotel gigante. El bloque, testimonio del desarrollismo residencial hasta la primera línea de costa, es desde 1995 un complejo fantasma, inacabado, repleto de pintadas que cada día en verano ven los miles de visitantes de los arenales."Es un caso como el de El Algarrobico”, observa Agustí Cerveró, abogado de los ecologistas y nacionalistas al celebrar el éxito jurídico y de respuesta civil a esta causa.

No ha sido fácil llegar hasta aquí. Antes de lograr esta sentencia se han emitido dos decenas de sentencias. Este último auto no es firme, pero sí ejecutivo. Ya en 2007 el Tribunal Superior balear ordenó –y reitera ahora– la demolición para “recuperar la legalidad urbanística perturbada” y que la costa recupere su condición natural. Los magistrados señalan al alcalde de Campos, Sebastià Sagreras, del PP, como órgano responsable de ejecutar la orden. El padre del regidor, llamado también Sebastià Sagreras, adquirió la promoción residencial cuando ya estaba bloqueada por los tribunales. Sobre el caso se han pronunciado también la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

La expansión inmobiliaria de la franja no explotada de Ses Covetes y Es Trenc quedó vetada por las leyes baleares de protección de los años 80. El ámbito litoral quedó preservado por la Ley de Costas de 1988. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Campos, en 1992, otorgó una licencia –declarada nula por los tribunales– para levantar 68 apartamentos, un bar restaurante y una piscina en un supuesto solar urbano. La obra fue paralizada en 1995, con las viviendas a punto de venderse y ocuparse.

El complejo se alzó en zona de dominio público marítimo terrestre, en suelo que en realidad no era urbano y protegido por la Ley de Costas. Ni siquiera el proyecto de reforma de esta ley aprobado recientemente por el Gobierno, que indulta miles de edificios construidos en la playa, salva de la piqueta esa muralla inacabada de viviendas de lujo. En el entorno existen antiguas y pequeñas casas tradicionales de veraneo de mitad de principios del siglo XX.

Los ecologistas del GOB (Grup d’Ornitología Balear) y el grupo nacionalista del PSM han promovido la denuncia pública y la acusación del asunto para evitar "un desastre ilegal de gran impacto medioambiental", señaló el proteccionista Miquel Angel March al iniciar su combate de casi 20 años. "Estamos muy satisfechos, por su trascendencia y porque es una noticia muy buena en un momento muy oportuno", celebra la portavoz del GOB, Margalida Ramis. Para poder mantener la causa abierta han tenido que realizar varias colectas ciudadanas.

La empresa propietaria reclamó inicialmente 27 millones de indemnización, pero renunció a la posible reclamación al dejar que expirara el plazo ante el Ayuntamiento. Los negociantes que compraron la ruina y la empresa tras entrar en quiebra anunciaron que recurrirían a los tribunales europeos para terminar la obra y su consumar su negocio. La empresa promotora declaró en la licencia un presupuesto de 2,5 millones de euros.