Los informes internacionales no justifican los cambios educativos

Durante el curso pasado, y como consecuencia del cambio de Gobierno y de sus prioridades, la educación se vio sometida, al igual que otros sectores, a los rigores de la crisis y a las exigencias del cumplimiento del déficit. Actualmente, el PIB que se dedica a educación ha sufrido una rebaja de seis décimas, pasando del 4,9 al 4,3% y con la previsión, según se recoge en el documento presentado en Bruselas por el propio Gobierno español, de seguir disminuyendo hasta llegar al 3,9% en el 2015.

Este rigor presupuestario, y no “la racionalización en el gasto”, es el que está vapuleando a la comunidad educativa y, más concretamente, al profesorado que lleva sobre sus espaldas un peso doble: el de ser empleado público y docente.

Además, este será el año del cambio de la ley educativa. De nuevo se cumple la premisa: “a Gobierno nuevo, nueva ley”.

Las leyes anteriores, tanto la LGE de 1970, la LOGSE de 1990 y la propia LOE de 2006, fueron precedidas de los denominados “libros blancos de educación”, documentos presentados por los Gobiernos de turno a la sociedad, con la intención de fomentar el debate, argumentar y fundamentar los diferentes planteamientos, e implicar a la comunidad educativa en la elaboración de la propia ley. Ahora, sin embargo, se nos entrega un “esquema” que apenas contiene fundamentación, a pesar de su gran calado, y con una tramitación que se persigue que sea lo más rápida posible.

Las leyes anteriores fueron precedidas por domentos de debate bien fundamentdos; esta vez no ha sido así

El Ministro de Educación, en la Conferencia de Ministros Iberoamericanos del gremio, afirmó que “existe una alta correlación entre el adelantamiento de la edad para elegir la vía académica o la vía profesional y la reducción del abandono educativo temprano. Es decir, que la flexibilidad del sistema es una de las claves del éxito”.

El ministro tergiversa la realidad de una forma sesgada e interesada.

En Europa existen tres tipos de estructura de las etapas educativas y la organización de estas etapas no influye sobre los buenos resultados académicos, aunque la Comisión Europea de Educación nos advierte de que la elección temprana agrava las diferencias por origen social.

Wert tiene idealizado el sistema educativo alemán por su formación profesional dual y bien es cierto que la FP tiene un prestigio reconocido, sin embargo, en Alemania el alumnado elige el itinerario académico a los 10 años y si nos centramos en los resultados académicos de sus alumnos de 15 años, puntúan por debajo de la media de la OCDE.

Muchos de los cambios que pretende introducir la nueva ley van dirigidos a entender la calidad educativa exclusivamente por sus resultados, bien hipotecando la formación íntegra del alumno con la intención de mejorar los resultados en PISA, o tratando de obtener las capacidades básicas para el empleo, olvidándose del mandato constitucional que establece como el fin de la educación “el pleno desarrollo de la personalidad del alumno”.

Se hace una lectura distorsionada y descontextualizada de los documentos de la OCDE

El ministerio ya ha demostrado que basa muchos de sus cambios en los resultados que obtienen nuestros alumnos en las evaluaciones e informes internacionales. Y sin negar las debilidades de nuestro sistema educativo, considero que se hace una lectura distorsionada y descontextualizada de dichos documentos.

Así ocurre con el Informe PISA donde, a pesar de que la mitad del alumnado obtiene resultados por debajo de la media, también hay que señalar a ese otro grupo de estudiantes, de más del 50% de las comunidades autónomas, que tienen un rendimiento medio-alto. Por tanto, sería más recomendable analizar las causas que conducen al fracaso de unos, sin tocar el desarrollo de aquellos otros que obtienen buenos resultados.

Algo parecido ocurre en el caso de la OCDE, donde además de reconocer la rápida conversión de nuestro sistema educativo en un instrumento eficaz de cohesión social, también nos recuerda las altas tasas de fracaso escolar a pesar de que la media en España ha disminuido en cinco puntos en los últimos años.

En el informe sobre “la equidad y la calidad”, la OCDE nos propone:

- Eliminar la repetición de curso, por caro e ineficaz. España es de los países que más repiten, de hecho, el 35% de los alumnos que terminan la ESO lo han hecho alguna vez. El PP no solo no elimina las repeticiones, sino que propone una carrera de obstáculos para el alumno, a través de las pruebas externas.

Es cierto que en la mayoría de los países de la UE se realizan pruebas nacionales en Educación Obligatoria (primaria o secundaria). Estas pruebas pueden ser obligatorias para todo el alumnado o bien aplicadas solo a grupos como muestras, dependiendo de su finalidad. Los objetivos principales de las mismas varían. Los más repetidos son: control y seguimiento de los centros y/o del sistema educativo, identificar las necesidades individuales de aprendizaje y tomar decisiones sobre la trayectoria educativa de los alumnos. Parece ser que no es esta la intención del señor Wert.

Solamente en la comunidad de habla alemana de Bélgica, Grecia, Gales (Reino Unido), República Checa y Liechtenstein no aplican ningún tipo de prueba nacional.

- Evitar la separación temprana del alumnado. Con las propuestas del PP, los alumnos empezarán a separarse a partir de los 12 años.

Según datos de EURYDICE y aunque existen una gran variedad de premisas a la hora de promocionar en los países europeos, algunos países como Alemania y Suiza separa a una edad temprana a los alumnos (10 -12 años), Países Bajos a los 12 y Francia a los 15 años. Los estudios realizados sobre “Actuaciones de Éxito en las escuelas europeas” por el Proyecto INCLUD-ED concluyen que la separación en itinerarios antes de los 16 años genera desigualdades y que, cuanto antes se realiza, mayores son estas desigualdades. En la mayoría de los países que han implantado itinerarios educativos antes de los 16 años las diferencias en los resultados obtenidos entre alumnado de 9 años de edad aumentaron a la edad de 15, cuando realizaban las pruebas de PISA.

En Suecia y Finlandia se emprendieron reformas educativas para retrasar la separación del alumnado y el resultado fue una mejora en el nivel de estudios alcanzado por el alumnado de ambos países. Así pues, si el ministro Wert hiciese caso de estos informes debería atender estas premisas.

- Gestionar la elección de centro desde las administraciones educativas para evitar aumentar las desigualdades. Los centros a través de la especialización curricular podrán elegir al alumnado). Por tanto sí habrá selección del alumnado.

- Los recursos dedicados a la educación influyen de manera determinante en el proceso de aprendizaje. Los recortes influirán negativamente en nuestro sistema educativo, como ya percibimos en este comienzo de curso con menos profesores por centro, más aulas prefabricadas, encarecimiento de la educación… Para 2013, la partida de los Presupuestos Generales del Estado destinada a Educación se ha visto recortada en un 14,4%.

Si leemos y analizamos las propuestas del ministerio, recogidas en el borrador del anteproyecto de ley, responden más a un planteamiento ideológico de la educación para rebajar la igualdad de oportunidades, que a reorientar la educación en base a las recomendaciones que emanen de los informes de la OCDE. El ministro no solo utiliza según le conviene los informes internacionales sino que hace caso omiso de aquellas cuestiones que no coinciden con las estructuras organizativas que él mismo propone.

Carlos López Cortiñas es el secretario general de Fete-UGT