El 62,6% de los españoles opina que los sin papeles deben ser atendidos
La mayoría considera “aceptables” las medidas del Gobierno y apoya que se busque la manera de cobrar los servicios
El 62,6% de los españoles está en contra de restringir la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, según una encuesta encargada por el Consejo General de Colegios de Enfermería. Solo el 36,7% está de acuerdo con esta medida, que se ha convertido en una de las más discutidas del paquete de recortes del Gobierno.
Pero los que están en desacuerdo se dividen en dos grupos: el 28,4% que directamente piensan que los inmigrantes en situación irregular tienen que tener la misma atención que los españoles, y el otro 34,2%, que pone limitaciones. Pero estas son de tipo económico: que se les atienda, pero luego se intente cobrar la atención o se les exija un seguro.
La encuesta se hizo el 14 de septiembre, es decir, dos semanas después de que las restricciones entraran en vigor pero casi a los cinco meses de la publicación del real decreto ley. El director de Análisis e Investigación, José María Sansegundo, cree que ya en la opinión de los entrevistados no estaba solo la regulación en frío, sino todos los mensajes posteriores y el debate de este periodo que hizo que el Ministerio de Sanidad y el PP fueran matizando la exclusión. La empresa realizó 1.000 encuestas telefónicas auxiliadas por ordenador, y calcula que el margen de error es del 3%.
Sansegundo también afirmó que había “calado la idea de que los extranjeros abusaban”, y reconoció que el Gobierno había mezclado dos conceptos en su mensaje: turismo sanitario (el de ciudadanos que vienen expresamente a España a recibir una atención que en sus países no se les da o les saldría más cara) con la atención a los inmigrantes (personas sanas que viene a trabajar y que luego enferman). Esto se ve en una de las respuestas, dijo González Jurado: el 79,9% cree que los extranjeros –en general- han abusado del sistema.
El resultado –“razonable”, según Sansegundo- es que un 63% cree que las medidas del Gobierno son “aceptables”, aunque eso no quiere decir (como se ha visto con el asunto de la atención) que las aprueben todas.
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