Sanidad invita a los sin papeles a regularizarse para recibir asistencia

El Ministerio de Sanidad prepara unos convenios para que quienes no tienen derecho a la asistencia la reciban (una especie de aseguramiento), como ha revelado EL PAÍS. Pero o el asunto no está muy avanzado, o no se quieren dar detalles. Ante la filtración de este inusual sistema, el departamento que dirige Ana Mato no ha querido hacer declaraciones. Se ha limitado a enviar una nota en la que menciona los tres supuestos en que una persona podrá suscribir estos acuerdos: El primero, “españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año (rentistas)”, que quedaban fuera del sistema. El segundo “europeos que voluntariamente quieran suscribir estos convenios para ser atendidos por el sistema sanitario público español” –jubilados que tienen aquí su residencia, por ejemplo-. Y el tercero, que es un genérico “nacionales de terceros países que durante su estancia en España, quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público”.

Esta es toda la explicación, porque cuando se rasca llegan las incertidumbres. Este periódico, después de recibir la nota y llamar al ministerio, no ha conseguido aclarar si en este último supuesto de la nota entran los inmigrantes irregulares, que son el colectivo más vulnerable. En principio, la definición de “nacionales de terceros países” les ampara. Pero la duda surge cuando en la misma nota se especifica que “en cuanto a los inmigrantes en situación irregular, el Gobierno les recuerda la necesidad de que regularicen su situación” –como si fuera tan fácil-. Eso sí, se recuerda que “todos los ciudadanos tendrán garantizada su asistencia básica: urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años”.

En la nota se aclara, eso sí, que esas cuotas establecidas (59,20 euros al mes para los menores de 65 años y 155,4 para el resto) se han calculado “de acuerdo a la metodología oficial de cálculo de coste de asistencia sanitaria por ciudadanos, que es la misma aplicada a la facturación por la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos de otros países europeos”.

En un correo, el ministerio aclara algunas dudas. Sobre el hecho de que se fije un precio para la atención a menores (algo que parecía ilógico ya que estos tienen derecho a ser atendidos) se especifica que el derecho a firmar un convenio "o es exclusivo de ningún colectivo, por tanto tiene en cuenta todas las edades". Puede darse el caso de que un rentista quiera incluir a sus hijos, por ejemplo (y pagar por ellos).

Sanidad no tiene un cálculo de cuántas personas se van a acoger a este sistema, ya que es un sistema voluntario. Sobre la pregunta de que la cuota parece muy elevada para un inmigrante en situación irregular, contestan que "el cálculo de la cuota tiene en cuenta el coste real de la asistencia sanitaria en el sistema nacional de salud de España. No es una medida dirigida a un colectivo específico sino a todas las personas, españolas, europeas o de terceros países que no reúnen los requisitos de aseguramiento publico del SNS y que voluntariamente quieran acogerse.

Eso sí, a diferencia de los seguros privados, "entre los requisitos" para firmar el convenio "no se incluye ningún condicionante de salud de la persona". Esto es una ventaja ya que las compañías aseguradoras rechazan a personas con patologías crónicas o graves, por lo que a estas personas no les queda ni la posibilidad de firmar una póliza.

El portavoz de Sanidad del PP en el Senado y coordinador de Sanidad del PP-A, Jesús Aguirre, ha asegurado que el pago de la sanidad española para extranjeros e inmigrantes irregulares que quiere establecer el Gobierno de la Nación, con una cuota de 710 euros anuales, supone una forma de "optimizar recursos".

En rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la portavoz de Sanidad en el Grupo Parlamentario del PP-A, Ana María Corredera, Aguirre ha querido dejar claro que los inmigrantes irregulares tendrán cubierta la asistencia por cualquier patología urgente, patología de salud pública o embarazo, así como también la asistencia a los niño hasta una determinada edad.

El dirigente popular ha dicho: "Si tenemos una sanidad pública excelente y cualquier extranjero que se venga a vivir a España, aparte de las urgencias, quiera que se le cubra todo, pues puede pagar la parte que le corresponda para ser atendido, como si pagara a una aseguradora".

Aguirre ha añadido que el coste sanitario de cada español supone unos 1.200 euros anuales y que todos los países europeos del entorno de España cobran a los extranjeros e inmigrantes irregulares por los servicios médicos que reciben, por lo que, en su opinión, "no hay que rajarse las vestiduras".