Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

El efecto dominó de la morosidad

La tradicional deuda de las Administraciones con los proveedores de tecnología y fármacos se extiende a otros sectores sanitarios y sociales

Protesta en una farmacia valenciana por los impagos de la administración.  Carles Francesc
Protesta en una farmacia valenciana por los impagos de la administración. / Carles Francesc

Asfixiadas por una deuda incesante, las comunidades autónomas son, desde hace años, morosas de muchos de sus proveedores sanitarios. Pero en los cajones de las Administraciones se han ido acumulando, además de las facturas de laboratorios farmacéuticos y fabricantes de tecnología sanitaria —a quienes se ha llegado a pagar más de un año tarde y con los que se contrajo una deuda de más de 10.000 millones de euros—, otras como las de las clínicas con las que muchas Administraciones tienen conciertos.

La situación se ha ido deteriorando, y los pagos tardíos han alcanzado a otras empresas mucho más pequeñas a las que los retrasos causan enormes perjuicios. Es el caso de las farmacias, algunas residencias —incluidas las de ancianos— y otras organizaciones que prestan servicios asistenciales, por ejemplo, de atención a drogodependientes. Entidades que, ante la falta de ingresos, se han visto obligadas en ocasiones a detener el pago de las nóminas de sus trabajadores. Es lo que está ocurriendo en Valencia en una decena de centros que atienden a personas con discapacidad intelectual, a los que el Consell debe más de tres millones de euros. Impagos por los que las organizaciones se han visto obligadas a suspender el pago de los proveedores y de las cotizaciones a la Seguridad Social; y por los que los trabajadores llevan sin cobrar cinco meses.

Pero el caso de estos centros valencianos no es el único. La situación es similar en otros puntos de España. Y tampoco es nueva. El sistema de dependencia ha estado siempre lastrado por las demoras de pago. En verano de 2011, Castilla-La Mancha dejó de pagar durante varios meses las ayudas a los beneficiarios y el impago de las subvenciones provocó que muchas de las organizaciones de atención a discapacitados tuvieran que dejar de pagar a sus propios proveedores —de agua o incluso de comida— además de las nóminas de sus empleados.

La situación se agrava día a día. Manel Peiró, experto en gestión sanitaria de la escuela de negocios Esade, explica que las clínicas —que realizan con cargo a la sanidad pública desde pruebas diagnósticas hasta intervenciones— y las organizaciones que prestan servicios a través de conciertos tienen cada vez más difícil el acceso a otras fuentes de financiación para poder subsistir cuando la Administración deja de pagar. “El pago de los conciertos tal y como entra, sale para pagar las nóminas. Ahora las vías de financiación a través de créditos bancarios están prácticamente agotadas y son mucho más complicadas de lograr”, dice el experto.

Valencia debe más de tres millones de euros a una decena de centros que atienden a personas con discapacidad

Peiró explica que antes, las Administraciones para ordenar sus pagos hacían una distinción entre los proveedores de materiales y las empresas de prestación de servicios sanitarios. “La deuda con estas empieza a ser cada vez mayor, a pesar de que normalmente el Gobierno se compromete a tratarles como si fueran empresas públicas porque prestan servicios fundamentales”, indica el vicedecano de Esade.

La deuda de las comunidades con las clínicas privadas ha llegado a superar los dos millones de euros, según datos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa a este sector. Facturas que, como las de los laboratorios que proveen de medicamentos a los hospitales, se han ido saldando —eso sí, las más antiguas— a través de la línea de crédito ICO abierta por el Gobierno este año.

También el de las farmacias está siendo un sector muy castigado por la crisis. Administraciones como la valenciana, la murciana o la canaria adeudan a las boticas millones de euros. En Canarias, por ejemplo, la factura asciende a más de 80 millones. Y los farmacéuticos tienen que seguir pagando sus propias facturas lo que, ante la falta de crédito, denuncian en el sector, llevará a muchas de estas pequeñas empresas al cierre. Poco han conseguido las huelgas —o amenaza de ellas, como en Alicante hace unos días— que se han realizado. La Administración afirma que no tiene dinero para pagar y las farmacias no pueden hacer otra cosa que conformarse, de momento. Y seguir apuntando en la cuenta, que no deja de engordar.

Más información