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Wert asegura que las autonomías tomarán parte en las reválidas

Los socialistas creen que la reforma sitúa la escuela en los años sesenta

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la reunión con los consejeros del ramo.   Kiko Huesca (Efe)
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la reunión con los consejeros del ramo. / Kiko Huesca (Efe)

Las posturas encontradas entre los consejeros socialistas y los populares respecto a la reforma educativa recuerdan a las vividas en otras ocasiones. Y la reforma, también. La tradición continúa: nuevo Gobierno, nueva ley educativa. Los cambios planteados por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, son de tal calado que bien puede hablarse de una norma nueva: Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), cuyo anteproyecto se presentó ayer a los consejeros del ramo. Tres reválidas para sendas etapas educativas y el adelanto de la edad en la que los alumnos han de escoger por una opción académica o profesional son las grandes señas de identidad.

Wert defiende las reválidas, aunque jamás las nombre así, una al final de la primaria, otra al acabar la secundaria obligatoria y una más que da fin al bachillerato, como “un incentivo para que el alumno se esfuerce y obtenga mejores resultados”, aunque también aseguró que no parte de la idea de que el estudiante sea “ni vago, ni tonto ni incapaz”, por eso no cree que las reválidas agranden más la brecha que nos separa de Europa en el número de titulados en enseñanzas medias.

Mar Moreno tacha la futura ley de “carrera de obstáculos”

Para los socialistas, sin embargo, esta reforma no es más que “una carrera de obstáculos que devuelve la escuela a los años sesenta, con los estudios superiores reservados para una minoría. Es elitista, como en los sesenta, quien podía estudiar estudiaba y quien no, tenía que abandonar”, señaló Mar Moreno, la consejera andaluza. “Qué pena que se segregue a los alumnos a edades tan tempranas y se les obligue a decidir su futuro”, añadió. Se refería a los itinerarios previstos ya en 3º de la ESO, en lugar de en 4º, que obligarán a ir cerrando el abanico: o bachillerato o FP. Antes aún, en 2º de ESO, un alumno que haya repetido y alcanzado los 15 años puede entrar en los cursos profesionales que preparan para el mercado de trabajo, pero que no dan acceso al título. “Estos cursos están pensados para alumnos con dificultades de adaptación o situación económica desfavorable”. Así rezaba en el texto que se entregó a los consejeros días atrás y que ha levantado las más agrias críticas de los socialistas. “¿Así que esto está pensado para los chicos pobres?”, se preguntaba el responsable canario de Educación, José Miguel Pérez. El ministro dijo ayer que eso “no es más que una errata que ya ha sido retirada del texto”.

Los nacionalistas siguen preocupados por quién y de qué manera se van a organizar las reválidas. Wert detalló ayer que habrá una parte “uniforme” para todos y otra “variable” en la que intervendrán las comunidades autónomas. “Pero debe haber un parte común, de importancia intrínseca”, advirtió Wert. Es, a su juicio, la forma de medir estas pruebas que el Gobierno se niega en redondo a llamar reválidas. Explica Wert que las reválidas solo miden los conocimientos adquiridos, mientras que las pruebas de evaluación miden las capacidades que tiene el alumno “relacionando los conocimientos y las habilidades adquiridas”.

Mientras para el PSOE esta propuesta es “una contrarreforma con una altísima carga ideológica, que diseña un modelo de élite que condenará a los que no tengan recursos a no poder superar los obstáculos”, según dijo la secretaria de Educación del PSOE, María del Mar Villafranca, para los populares el cambio “recuperará valores perdidos, como el mérito, el esfuerzo, la excelencia, la autoridad y el respeto”, citó la consejera madrileña, Lucía Figar.

El ambiente en la reunión de ayer fue de diálogo, subrayó Wert, pero los consejeros socialistas advierten que estarán muy en contra de que se vulneren con esta reforma las altas cotas de equidad que han reconocido los informes internacionales sobre el sistema educativo español. Mencionaron por ejemplo la prueba sin efectos académicos prevista para los alumnos al final de 3º de ESO, tras la cual un equipo orientador les recomendará el itinerario a seguir. Es lo mismo que ocurría en Holanda hasta que en 2007 el Gobierno encargó un informe para averiguar por qué los niños más pobres (inmigrantes, muchos) aunque tuvieran tan buenas notas como el resto seguían estudios profesionales, FP, en lugar de bachillerato. Resultó que el sesgo lo imprimía el equipo orientador.

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