Unas 28.000 empleadas de hogar han perdido su afiliación con el nuevo sistema

Unas 28.000 trabajadoras domésticas perdieron su afiliación a la Seguridad Social el 1 de julio al no conseguir que sus jefes les dieran de alta en el régimen general tras la extinción definitiva del sistema especial que antes regulaba el sector. Se trata de las empleadas discontinuas que acudían menos de 20 horas a la semana a diferentes domicilios, que antes podían cotizar por su cuenta y ahora ya no pueden hacerlo.

El Ministerio de Empleo no tiene previsto un mecanismo especial para solucionar el problema de estas personas, muchas de ellas inmigrantes que al dejar de cotizar pueden perder su permiso de residencia y su tarjeta sanitaria. Según el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que ha presentado esta mañana los datos, pueden recurrir a otras alternativas que ya existen en el sistema: darse de alta como autónomas —con cuotas muy superiores a las establecidas para el colectivo en el sistema extinguido—, suscribir convenios especiales con la Seguridad Social para pagar su cotización ellas mismas o trabajar en empresas que prestan servicios domésticos. "Es pronto para saber qué va ocurrir con las personas de actividad discontinua, pero creemos que una parte sustancial será progresivamente absorbida por el sistema", ha resaltado Burgos.

Según el balance de los seis meses que ha durado la transición al nuevo régimen, el 30 de junio se contabilizaron 342.000 trabajadoras domésticas afiliadas a la Seguridad Social, frente a las 297.000 que había en diciembre del año pasado. Eso no significa que en este periodo hayan aflorado 45.000 empleos sumergidos, pues a esta cifra hay que restarle esos 28.000 discontinuos que el 1 de julio causaron baja automática. De la operación resulta que solo hay unas 17.000 afiliadas más que al principio del proceso. Según la Encuesta de Población Activa, en España hay unas 400.000 empleadas del hogar que no cotizan.

Tomás Burgos no ha querido calificar de fracaso el proceso. “Hay objetivos que se han cubierto, como la dignificación esta labor o el hecho de que se haya incrementado su protección”, ha dicho. No obstante, ha admitido que el objetivo de hacer aflorar la economía sumergida del sector no se ha logrado. "No estamos propiamente ante un incremento significativo de la afiliación, pues es probable que el leve aumento registrado se hubiera producido igualmente sin este proceso de integración", ha subrayado el secretario de Estado. 

Ante las numerosas críticas por la escasa información durante el proceso, Burgos ha echado balones fuera y ha criticado al Ejecutivo de Zapatero, que fue el que aprobó el cambio de régimen. “La complejidad del sistema, que obliga a las familias a realizar trámites similares a los de las empresas, ha provocado muchas resistencias en los hogares”, ha subrayado.

Por ello, según ha avanzado Burgos, el Ministerio de Empleo va a elaborar un informe que presentará al Parlamento en los próximos meses para estudiar medidas que impulsen la regularización, como la simplificación de los trámites o la introducción de incentivos fiscales para los empleadores.