Cientos de miles de asistentas siguen sin regularizar cerca del fin del plazo

El cambio de régimen va lento y el colectivo pide una prórroga Las trabajadoras por horas pueden perder su cobertura si los empleadores no las dan de alta

Una mujer registra a su empleada en una oficina de la Seguridad Social.
Una mujer registra a su empleada en una oficina de la Seguridad Social.Á. GARCÍA

"¿Cómo consigo que una señora de 90 años haga los trámites que hacen falta para darme de alta en la Seguridad Social?", se pregunta Margarita Flores, una panameña que lleva siete años en España. Cinco de ellos estuvo contratada como interna al cuidado de un hombre mayor en Galicia. Cuando falleció, en 2010, se trasladó a Barcelona y allí trabajó varios meses en el servicio municipal de ayuda domiciliaria, pero luego se fue al paro. Hace tres semanas consiguió un nuevo empleo como interna, pero aún no ha conseguido que su empleadora le haga los papeles para poder cotizar y mantener su permiso de residencia y sus prestaciones sociales.

Si no se ponen al día, las inmigrantes no podrán renovar sus papeles

"Mi situación no es de las peores. Yo al menos estoy fija en una sola casa y en estos casos las familias suelen acabar haciendo contrato. Pero las que trabajan por horas en diferentes sitios, que antes podían cotizar por su cuenta, van a tener problemas a partir de ahora porque la nueva ley ya no les permite hacerlo. Se las dará de baja automáticamente y tendrán que ser sus empleadores los que coticen. Dependen totalmente de la buena o mala voluntad de ellos, porque ninguna se va a atrever a denunciarlos si no lo hacen", explica Flores, que conoce bien el colectivo porque es vicepresidenta de Sindihogar, sindicato exclusivo de empleadas de hogar. En este estado de incertidumbre que señala Flores se encontraban a finales de mayo 47.000 personas que trabajan por horas en varios domicilios.

El 30 de junio expira el plazo para la incorporación del personal doméstico, en su mayoría mujeres, al régimen general de la Seguridad Social. Ese día se extingue el sistema especial que regía hasta ahora, que solo exigía hacer contrato a quienes trabajaran más de 20 horas semanales en un mismo domicilio, y será obligatorio dar de alta a todas, aunque sea por dos horas a la semana. Quien no lo haga, se expone a una multa de entre 626 y 6.250 euros.

A partir de julio,
quien no dé el alta se expone a multas de
hasta 6.250 euros

La nueva regulación se aprobó para dar respuesta a algunas de las reivindicaciones del colectivo y mejorar sus condiciones laborales, especialmente su protección ante enfermedades o accidentes, aunque seguirán sin tener derecho a cobrar paro. Y también, bajo amenaza de multa, para hacer aflorar el gran volumen de empleo sumergido que registra esta actividad. Pero la evolución de la afiliación desde enero no indica variaciones significativas en estas cifras, Entre otras razones porque muchas son inmigrantes sin papeles a las que no se les puede hacer contrato. Según la Encuesta de Población Activa, a finales de 2011 había en España 770.000 trabajadoras del hogar, de las que solo 297.000 estaban cotizando; el último día de mayo esa cifra apenas ascendía a 301.000.

El proceso de incorporación al nuevo régimen, que empezó en enero de este año, va lento: de las trabajadoras afiliadas a finales de mayo, solo algo más de la mitad, 160.000, habían pasado al nuevo sistema en los cinco meses. Del resto que a esa fecha seguían en el sistema especial, 94.000 eran fijas y tenían ya contrato, por lo que pasarán de forma automática al nuevo sistema aunque sus empleadores no hagan los trámites, pero otras 47.000 eran discontinuas y cotizaban por su cuenta. Son las que pueden perder su afiliación si antes de que acabe el mes no logran que alguno de sus jefes formalice su alta.

¿Cómo tramitar un alta?

  • El empleador y el empleado deben formalizar su relación laboral en un contrato escrito. El Ministerio de Empleo propone dos modelos, de duración determinada o indefinida, que pueden solicitarse en las oficinas de la Seguridad Social. Si se trata de un trabajador por horas, debe utilizarse la modalidad de contrato a tiempo parcial, explicitando la jornada y la distribución del tiempo de trabajo.
  • Una vez firmado el contrato, el empleador debe acudir a una administración de la Seguridad Social para dar de alta a su trabajador. Allí deberá rellenar los formularios que le indiquen según su caso y domiciliar el pago de las cotizaciones en su cuenta bancaria.
  • El salario no puede bajar de un mínimo. El precio base de la hora trabajada es de 5,02 euros, que incluye la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias completas a las que ahora tiene derecho el empleado y las vacaciones. En los casos de jornada completa o a tiempo parcial (más de 120 días al año para el mismo empleador), el salario mínimo es de 641,40 euros al mes.
  • La cotización a la Seguridad Social la pagan el empleador y el empleado. El tipo de cotización es del 22%, del que el 18,30% es a cargo del empleador y el 3,70% del empleado. Las nuevas altas se benefician de un descuento del 20% y el coste varía en función del salario, desde 20 euros para los sueldos de 75 euros hasta 165 para salarios entre 700 y 750 euros al mes.
  • Si el empleador quiere dar por terminada la relación laboral, debe comunicarlo al trabajador por escrito con una antelación mínima de 20 días (si lleva más de un año contratado) o de siete (si lleva menos) e indemnizarle con 12 días de salario por año trabajado. Si no lo comunica por escrito, se entenderá que es un despido y la indemnización será de 20 días.

Las más afectadas pueden ser las inmigrantes, que suponen más de la mitad del colectivo. “Si no logran que las regularicen, no podrán renovar sus permisos de residencia ni sus tarjetas sanitarias”, avisa Concha Gómez, portavoz de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE). “Además, algunos empleadores están aprovechando para rebajar los sueldos de forma desproporcionada, con descuentos superiores a lo que les cuesta la Seguridad Social”, añade.

Los colectivos de trabajadoras están preocupados. Denuncian que el Gobierno no ha hecho el suficiente esfuerzo para informar a los empleadores de sus nuevas obligaciones. “Hay mucho caos porque no se ha informado bien. A día de hoy, todavía hay mucha gente que no sabe lo que tiene que hacer”, señala Graciela Gallego, representante de la plataforma Servicio Doméstico Activo (Sedoac). Esta organización está recogiendo firmas a través de la web change.org para pedir al Gobierno que prorrogue hasta final de año la transición al nuevo régimen.

Pese a que el proceso está siendo lento y puede perjudicar a algunas trabajadoras, sindicatos y asociaciones de empleadas siguen considerando que la norma es beneficiosa para el colectivo. “Hay que tener en cuenta que es algo nuevo y la gente tiene que ir acostumbrándose”, augura Carlos Bravo, secretario de Seguridad Social de CC OO. “De momento, el primer objetivo es que al menos las que cotizaban por su cuenta no pierdan su afiliación”, subraya.

En las oficinas de la Seguridad Social, que estos días atienden una gran avalancha de consultas, hay muchas dudas y algunas reticencias. “Hemos detectado resistencia sobre todo entre los empleadores que tienen trabajadoras por horas. No solo por lo que deben pagar de más, sino porque tienen que hacer unos trámites que les resultan complejos y les asustan”, confirma un portavoz de la dirección provincial de Madrid de la Seguridad Social.

Los empleadores explican sus razones. “Se han impuesto unas obligaciones desproporcionadas a las familias, similares a las que comporta ser empresario: hacer contratos, nóminas, dar partes de baja, pagar cotizaciones... Es normal que muchos no quieran asumirlo”, apunta Diego García Diego, presidente de la Asociación Española de Empleadores del Hogar Familiar, recientemente fundada para dar respuesta a las dudas sobre la nueva normativa y dar voz al colectivo. Propone, entre otras cosas, que las cotizaciones desgraven en el IRPF y que se elimine la cláusula que excluye el despido por circunstancias económicas.

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