El estreno del copago halla resistencia en las autonomías

La puesta en marcha del nuevo copago de los medicamentos —que incrementa la aportación económica de los pacientes y acaba con los fármacos gratis para los pensionistas— afronta distintos tipos de resistencias en Cataluña, el País Vasco y Baleares, que obstaculizan su estreno 10 días antes de su entrada en vigor.

Estas tres vías de agua se abrieron ayer de forma simultánea, un día después de que la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, lanzara un mensaje de tranquilidad e indicara que los plazos se estaban “cumpliendo con generosidad”.

La medida vincula a la renta el porcentaje que se debe abonar (el 40%, 50% o 60% del coste del medicamento) o, en el caso de los pensionistas, el límite de gasto mensual (8, 18 o 60 euros). Ello implica que el Ministerio de Sanidad ha de transferir a las autonomías los datos de renta de los 44 millones de usuarios del Sistema Nacional de Salud. Y los departamentos sanitarios han de integrar esta información en sus bases de datos.

La Generalitat catalana indicó ayer que no sabe si llegará a tiempo a trasladar a sus sistemas informáticos estos registros. El gerente de Atención Farmacéutica del Servicio Catalán de Salud, Antoni Gilabert, explicó a Europa Press que la Generalitat se está planteando un escenario alternativo por si no consigue importar la información dentro del plazo previsto. El plan B consiste en un instrumento de gestión provisional a la espera de que se pueda poner en funcionamiento la plataforma informática definitiva con todas las garantías. Gilabert echó la culpa del retraso al ministerio por su tardanza en el envío de los datos, una circunstancia que el departamento de Ana Mato niega.

En el País Vasco los obstáculos son de naturaleza política. El Gobierno de Euskadi prepara un decreto de urgencia dirigido a evitar la aplicación del nuevo copago, que debería hacerse efectivo a partir del 1 de julio, tal y como estableció el Ministerio de Sanidad a través del Real Decreto ley 16/2012 de abril de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

El borrador del documento que prepara el Ejecutivo vasco, que supone todo un acto de insumisión a la norma estatal, establece que los pensionistas no tendrán que abonar el 10% del precio del fármaco y que la población activa seguirá pagando el 40%, como hasta ahora. Además, bastará estar empadronado un año para acceder a la tarjeta sanitaria, lo que abre las puertas a la asistencia a personas en situación irregular. Sin embargo, si que incluye algunos aspectos del real decreto, como los fármacos gratuitos para las personas en paro que han agotado el subsidio de desempleo. Incluso contempla la devolución del importe pagado por encima de los precios establecidos en Euskadi que hayan abonado los ciudadanos del País Vasco al adquirir fármacos en otras autonomías.

Competencias en sanidad interior y suficiencia financiera

El Gobierno vasco apoya su postura en el ejercicio de sus competencias en “sanidad interior” y en que cuenta con “suficiencia financiera” para hacer frente al gasto suplementario que implicará la medida, según apuntó ayer.

En Baleares, el problema radica en el hartazgo de los farmacéuticos —una pieza clave en la aplicación del copago— por los 84 millones que les debe la Administración autonómica. Los impagos han llevado a este colectivo a tomar la decisión de cobrar la totalidad del importe de las recetas a los pacientes, quienes, señalan, deberán acudir al Gobierno regional para que les reembolse el porcentaje que les corresponda. Ello, en la práctica, supone reventar la aplicación del copago. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares trasladó en un comunicado que en la próxima asamblea general estudiará cómo llevar a cabo esta medida de protesta que se comunicará “con suficiente antelación” a los usuarios y la Administración sanitaria.“No podemos continuar más con esta situación de tener que sostener la financiación de los medicamentos de los ciudadanos”.

Otras autonomías han optado por mostrar su queja por los impagos con paros. En agosto, los farmacéuticos de Castilla-La Mancha convocaron una huelga. Sus compañeros de la Comunidad Valenciana ya llevan dos cierres patronales desde diciembre por el mismo motivo. Y tienen pendiente cobrar febrero, marzo, abril y mayo, a razón de casi 120 millones de euros al mes.