Puntualizaciones a Carmen Vela sobre el “adelgazamiento” de la ciencia en España

En respuesta a la reciente carta publicada en Nature por la Secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, es importante hacer las siguientes puntualizaciones. La I+D en España no ha estado sobrefinanciada. En el 2011 se le destinó un 1,35% del PIB, por debajo de la media de la UE-27 (2,3%) y muy lejos del objetivo del 3% del Consejo Europeo, alcanzado ya por algunos los países de nuestro entorno. No se justifica por tanto que los recortes sufridos por la I+D en el 2012 (22.2% en operaciones no financieras) sean mayores que la media del resto de las administraciones públicas (15.5%), con el agravante de que en I+D los recortes acumulados desde el 2009 alcanzan un 36.8%. Lejos de recortar, Alemania, abanderada de la austeridad, ha incrementado su presupuesto en I+D desde 2005 en un 54%. ¿Por qué? Porque existe una relación directa entre los recursos destinados a I+D y el crecimiento del producto interior bruto. Es por ello que la Comisión Europea considera que un aumento de la inversión en I+D es parte de la solución para salir de la crisis económica y repetidamente ha criticado los recortes que en España se están haciendo en este sector porque aleja al país de una posible vía de crecimiento.

No ha sido el crecimiento rápido del sector de la I+D lo que ha llevado a una duplicación innecesaria de centros y a una gestión ineficiente de recursos, ha sido la existencia, no de un sistema nacional de I+D, sino de 17+1, en un escenario en que la coordinación, lejos de seguir un criterio científico, se ha limitado a relaciones puntuales bilaterales con frecuencia de tinte político. Responsable también ha sido la gran inercia del sistema administrativo, con trabas burocráticas innecesarias y muy reticente una la flexibilización de la contratación en I+D que, lejos de precarizarla, la haga competitiva con los países de nuestro entorno.

El adelgazamiento del sistema de I+D, tanto en recursos económicos como humanos, no es ni mucho menos una condición necesaria para fortalecerlo, por el contrario puede causar un daño irreparable. Lo que es necesario es flexibilizarlo, modernizarlo, internacionalizarlo, hacerlo más trasparente, buscando la coordinación real entre los 17+1 sistemas de I+D y potenciando la excelencia con la participación, por ejemplo, de evaluadores internacionales. La comunidad científica no sólo no se opone a una reestructuración sino que la espera como agua de mayo y desea que la futura Agencia Estatal de Investigación, cuya creación es urgente desbloquear, catalice estos cambios.

En su carta, la Secretaria de Estado de Investigación dice que es necesario “mejorar la calidad de los contratos reduciendo su número”. Esta frase se refiere a las nuevas convocatorias tipo Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Torres Quevedo y obedece a un deseo de ajustar el número de estos contratos a las posibilidades reales de absorción del sistema de I+D en el contexto actual. El problema es que el contexto actual nos puede llevar a una situación insostenible. Desde el Ejecutivo y el Legislativo se nos dice que la I+D, como mucho, puede aspirar a una tasa de reposición de un 10%, lo cual implica una reducción continua del número de investigadores tanto en los Organismos Públicos de Investigación (OPI) como en universidades (en el CSIC, por ejemplo, la edad media de los investigadores es de 58 años).

Pero lo cierto es que no nos sobran investigadores. En los últimos indicadores publicados por el Ministerio de Economía y Competitividad (correspondientes al 2009) el porcentaje de la población activa dedicado a I+D en España (9,6 por mil) está por debajo de la media de la UE-27 (10,4 por mil) y lejos de países punteros como Alemania (12,7 por mil), Suecia (15,4 por mil) y Finlandia (20,8 por mil).

La tasa de reposición de un 10% no corresponde ni mucho menos a un estudio detallado de cuáles son las necesidades del sistema de I+D para hacerlo más competitivo y alcanzar, por ejemplo, un mayor retorno europeo. El 10% no es más que una tabla rasa similar a la impuesta en otros sectores, es un número aleatorio establecido por el Ministerio de Hacienda que no sólo no va a fortalecer al sistema de I+D sino que va a provocar la fuga de investigadores muy cualificados. Además, es importante destacar que esta tasa de reposición sólo corresponde a investigadores con grado de doctor, dejando de lado a personal técnico necesario para el correcto funcionamiento del sistema.

Es imprescindible que, ahora que todavía hay tiempo, se reconsideren los recortes en I+D y la tasa de reposición de investigadores y personal técnico en organismos públicos de investigación y universidades: un adelgazamiento, tanto de recursos económicos como humanos, lejos de ser una solución, va a privar al país de un sector que ayudaría a cambiar su modelo productivo.

Amaya Moro-Martín es investigadora del CSIC y promotora de la Plataforma por una Investigación digna