Empate en el pulso por presidir Enresa

La SEPI junta en la cúpula al cargo que quería Cospedal y al del Ejecutivo Un exalcalde de Ciudad Real presidirá la empresa pública que construye el almacén nuclear El catedrático que proponía Industria será el consejero delegado, un cargo de nueva creación

La pugna por presidir Enresa, la empresa pública que construirá el almacén nuclear, acabó en empate. Después de cinco meses de bloqueos y cambios de nombre a última hora, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) anunció el lunes pasadas las once de la noche que había alcanzado una solución salomónica: la presidencia será para Francisco Gil-Ortega, el cargo del PP de Castilla-La Mancha que quería Dolores de Cospedal; pero a la vez se crea el nuevo puesto de consejero delegado para el catedrático Adolfo Cazorla Montero, el hombre del Ministerio de Industria.

La austeridad y el ahorro en altos cargos no llega a Enresa, la empresa que invertirá 700 millones en construir el almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca). Ese fue el lugar elegido por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado 30 de diciembre, en su segundo consejo de ministros, cuando ni tenía nombrado secretario de Estado de Energía. Según fuentes del PP, cuando Cospedal, número dos del partido y presidenta regional, aceptó la instalación puso como condición controlar la obra, la más polémica en la región.

Pero todos los nombres que proponía chocaban con el Ejecutivo, que quería un perfil más técnico para una obra tan compleja. El principal escollo, según fuentes del PP y del sector, fue la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría (algo que La Moncloa niega).

Cospedal propuso inicialmente a Gil-Ortega, exalcalde de Ciudad Real, licenciado en Químicas, profesor de secundaria y vicepresidente de las Cortes regionales. Después apuntó al senador por Guadalajara Juan Antonio de las Heras, que se manifestó en 2010 contra el almacén cuando el alcalde de Yebra, el popular Pedro Sánchez, presentó la candidatura del pueblo al almacén.

Pero el Gobierno quería al catedrático de Agrónomos Adolfo Cazorla, hombre próximo al secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, y director de un colegio mayor del Opus Dei, con un perfil menos político. Cazorla ya ocupó puestos con el Gobierno del PP en la época de Aznar y al ganar Rajoy sonó para cargos en el Ministerio de Agricultura.

El prolongado bloqueo había generado situaciones insólitas, como que los cargos del PP regional que aspiraban daban por hecho en público un nombramiento que nunca llegaba. Mientras, los trámites del almacén seguían paralizados pese a ser una instalación prioritaria y a la urgencia por elegir la ubicación.

El viernes pasado, la SEPI suspendió un consejo de administración ya empezado en el que el Gobierno llevaba el nombramiento de Cazorla como presidente. Cospedal logró paralizar ese día el consejo de la SEPI y dejarlo para ayer por la tarde. El resultado es que Gil-Ortega será el presidente y Cazorla el consejero delegado (un cargo que no existía). El bloqueo se deshace con un empate y creando dos nuevos cargos. Porque además, la SEPI anunció la "futura designación" de "un director económico-financiero y de control para esta empresa".

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