Su vida expuesta en la basura

Los vecinos de 101 municipios de Cataluña han tomado el hábito de separar a diario la basura que generan, incluida la materia orgánica, y la colocan delante de la puerta de casa para que el servicio municipal pase a retirarla. Han desaparecido los contenedores. Este sistema que se ha dado en llamar “puerta a puerta” (PaP), muy extendido en Italia, por ejemplo, ha conseguido unos niveles de recogida selectiva que oscilan entre el 60% y el 85% de los residuos, muy por encima de la media nacional, según Montse Cruz, de la comisión técnica de la Asociación de Municipios Catalanes para la Recogida Selectiva Puerta a Puerta.

La misma fórmula se da en otras 20 localidades españolas, entre las que figuran cuatro Ayuntamientos de Gipuzkoa, todos gobernados por Bildu: Usurbil, Hernani, Oiartzun y Antzuola. Tienen la particularidad de que han instalado junto a los portales unos postes donde los vecinos deben colgar los cubos con la basura y dejarla a la vista de cualquiera. Bildu quiere extender esta experiencia a otras 34 localidades —San Sebastián no figura entre ellas—, lo que ha generado una fuerte contestación social, alentada en gran parte por partidos como el PNV, el PSE o el PP, partidarios de mantener los contenedores y sumar un quinto, de color marrón, para la materia orgánica.

Javier Pradini, director de la Fundación Emaús en Gipuzkoa, opina: “La recogida es una pieza clave para el éxito de una gestión integral de los residuos. Ahí, el puerta a puerta es perfecto, pero tiene el inconveniente de que resulta de difícil aplicación en zonas de alta densidad de población”. Víctor Mitjans, director de Estudios de Fundación Retorna, considera que este modelo es “el que mejores resultados de reciclaje da en todo el mundo”. Admitiendo que genera “incomodidades” al ciudadano, apostilla que “las comodidades nunca deben primar sobre los resultados”. Pone como prueba que el PaP permite reciclar el 80% de los desechos domiciliarios, mientras que con contenedores se llega al 40%.

Los vecinos de Usurbil solo pueden dejar las bolsas entre las 6.00 y las 8.00 de la mañana

La experiencia catalana, informa Clara Blanchar, se inició en 2000 en tres pequeñas localidades, Tiana, Tona y Riudecanyes, y se ha ido extendiendo a una centena con menos de 15.000 habitantes. El servicio abarca a unas 250.000 personas en esta comunidad autónoma. El Departamento del Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat reconoce que el PaP “ha reportado los mejores resultados de recogida selectiva”, aunque para su implantación haya sido necesaria “una voluntad técnica y política, el consenso del conjunto de partidos y el trabajo participativo con asociaciones y la población en general”. “Cuando esto se efectúa de forma correcta, los cambios son francamente espectaculares y la percepción social, pese a las reticencias iniciales, acaba siendo muy positiva”.

La disciplina que exige da lugar en ocasiones a comportamientos incívicos. Las bolsas de basura se depositan en lugares inadecuados, como ha sucedido en Viladrau (Girona). Su alcalde, Francesc Xavier Bellvehí, atribuye esta conducta a “personas con segunda residencia”. “Hemos creado un área para que dejen las cinco fracciones al marcharse, pero no reciclan, no están acostumbrados. También nos cuesta con los hoteles y restaurantes, que a veces mezclan la basura por falta de tiempo”, explica, lo que ha llevado al Consistorio a plantearse sancionar a los infractores.

El analista ambiental Antxon Olabe, socio de la empresa Naider, admite que es un método que plantea “muchas ventajas en municipios pequeños”, pero genera “complicaciones importantes” en zonas de alta densidad demográfica. “Está pensado para recuperar la materia orgánica, pero para eso existen otras fórmulas más sencillas y efectivas, como el quinto contenedor”, afirma. A su juicio, el secreto de un buen sistema de recogida selectiva radica en “la implicación de la ciudadanía”, aunque “el modelo impositivo que defiende Bildu provoca necesariamente un efecto rechazo”.

No hay más que leer la ordenanza que rige “la recogida y tratamiento de residuos urbanos” en Usurbil. En siete folios se repiten una veintena de veces palabras como “obligación”, “prohibición”, y similares. En Usurbil hay que dejar la basura entre las 6.00 y las 8.00 para que una brigada municipal dedique toda la mañana a retirar los cubos. Los horarios son inflexibles, así como los días asignados para cada fracción de residuos. El contenido de las bolsas es inspeccionado: si la separación no está bien hecha, el operario coloca una etiqueta y la basura vuelve a casa del dueño. El Ayuntamiento ha abierto varios expedientes, aunque no ha llegado a imponer multas que irían desde los 60 euros, por una falta leve, a los 30.050 por infracciones muy graves.

Si no es correcta la separación de residuos, se devuelven al dueño

Esta cuestión alimenta otro debate sobre el alcance jurídico de estas inspecciones. ¿Está garantizado el derecho a la intimidad de las personas cuando se husmea entre la basura? Iñaki Esparza, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco (UPV) y vocal de la Agencia vasca de Protección de Datos, afirma: “Cuando una persona se desprende voluntariamente de unos documentos que le pueden identificar echándolos a la basura, esa información entra en la cadena de la gestión de los residuos, una competencia administrativa. El tema se presta al debate jurídico. Sería necesario definir las reglas de juego para que los ciudadanos sepan a lo que se exponen cuando dejan la basura”. Demetrio Loperena, catedrático de Derecho Administrativo de la misma universidad, se pregunta: “¿Te pueden mirar lo que tiras a la basura? Sin una autorización judicial, el acceso a documentos privados no puede estar al arbitrio de un operario de limpieza”. Pone el caso de un ciudadano con una enfermedad que no quiere dar a conocer: “Ni siquiera el médico podría hacerla pública. Pero si alguien rebusca en su basura y encuentra una caja de medicamentos, ¿dónde queda su derecho a la intimidad? Es algo que no está bien resuelto por la legislación”.

El éxito o fracaso del puerta a puerta depende del grado de concienciación ciudadana. “La recogida de la materia orgánica separada debería ser obligatoria. Cuando un ciudadano se siente interpelado y expone sus hábitos sobre reciclaje al Ayuntamiento y a sus vecinos, se crean mecanismos que mejoran la participación”, indica Mitjans, para quien los sistemas basados en la voluntariedad “no dan los mismos resultados”. Pradini también defiende el deber de separar los desperdicios en origen: “Hemos sido demasiado permisivos con las basuras”.

Julio Barea, de Greenpeace, apoya “al 100%” el PaP que se estila en Gipuzkoa, porque “es el futuro”: “Si no lo implantamos, estaremos abocados a sufrir los vertederos y las incineradoras”. Si es válido para Bruselas, Turín o San Francisco, “¿por qué no se puede hacer lo mismo en San Sebastián?”. Esta organización ecologista propone “hacer frente al lobby de empresas que tienen intereses económicos para que toda la basura se queme en incineradoras”. Barea sostiene que el PaP resulta “más caro” al principio, pero “genera más puestos de trabajo y reduce los costes medioambientales”. Pradini participa de esta tesis: “Hay un encarecimiento en la recogida, pero se ahorra en la factura total del tratamiento de los residuos. Hay que analizar la contabilidad en su conjunto”.

El operario no puede mirar documentos desechados, asegura un especialista

El director de Latas de Bebidas, Miguel Abelle, opina que no existe una fórmula perfecta y que esta debe adaptarse a cada sitio. Lo considera adecuado para áreas con viviendas unifamiliares, pero, en todo caso, califica de “despropósito” y “absurdo” el modelo de los percheros para la basura que se da en Gipuzkoa.

El consultor ambiental Javier Belza vive en Oiartzun, separa las cinco fracciones de la basura y, además, ha instalado una autocompostadora en su casa. En su opinión, “el puerta a puerta, en cualquiera de sus modalidades, es el único que te lleva a separar. Si fuese voluntario, nadie lo cumpliría. Supone un mayor esfuerzo, pero los resultados saltan a la vista”. Propone una “fórmula mixta”, sin colgadores en la calle, para ciudades y zonas pobladas. Coincide en esto con Mitjans, partidario de habilitar contenedores comunitarios en núcleos con edificios muy altos, en lugar de los contenedores que ocupan las calles.

En Gipuzkoa, la política ha acabado por contaminar el debate sobre el PaP o el quinto contenedor. Para Loperena, la polémica “es un Bildu contra todos y todos contra Bildu”, siendo “todos” los principales partidos vascos (PNV, PSE y PP). “Me hace gracia el asunto de Bildu y las basuras. Es muy sugerente ver cómo manejan las excrecencias, cómo las tratan, cómo tratan el pasado. El tratamiento que Bildu hace de las basuras está lleno de analogías y metáforas”, opina José María Ruiz Soroa, abogado y analista político.

En el País Vasco, el debate político se ha adueñado de la discusión ambiental

La Asociación de Municipios Catalanes del PaP lamenta que este sistema se haya convertido en Gipuzkoa en “un arma electoral con fines partidistas”. La junta directiva de este organismo juzga necesario evitar la disputa, como ha ocurrido en Cataluña, donde formaciones “de todos los colores políticos” (CiU, ERC, PSC, PP, ICV e independientes) la han aprobado en diferentes localidades.

En Gipuzkoa, en cambio, se ha abierto una brecha entre Bildu y los partidos que prefieren hacer la selección y depositarla en el contenedor marrón. Y para la parte que no se puede reciclar, estos grupos políticos proponen la incineración, mientras que Bildu se decanta por la biometanización y tratamiento mecánico-biológico.