Los grupos parlamentarios, menos el PP, piden aumentar la inversión en I+D

Todos los grupos parlamentarios, a excepción del Popular, han presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado 2012 para incrementar, en cantidades diferentes, la financiación de las actividades de I+D+i, según han informado los representantes de la Carta Abierta por la Ciencia en España, que incluye a sociedades científicas, universidades y sindicatos. El proyecto presupuestario elaborado por el Gobierno fija un recorte del 25,6% en investigación. “Estamos aunando esfuerzos para lograr unos presupuestos de I+D+i que permitan el funcionamiento del sistema”, ha declarado Carlos Andradas, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). “Hemos pedido a todos los grupos parlamentarios que hagan enmiendas para aumentar la inversión, sobre todo en la partida de la que dependen el Plan Nacional de I+D, los proyectos competitivos de investigación, los contratos de personal investigador y las cuotas a los organismos internacionales”, ha explicado.

La respuesta de los grupos parlamentarios, excepto el PP, concretada en sus enmiendas al proyecto presupuestario es muy clara: todos han pedido incrementos en I+D tanto en las partidas de subvenciones (incluyendo nominativas) y transferencias de gastos corrientes como en la partida de préstamos. Las cuantías varían, desde 649 millones propuestos por el PNV o 481 millones de la enmienda del PSOE (en transferencias y subvenciones, excluyendo las asignaciones nominativas)  hasta los 15 millones de aumento que ha propuesto el Grupo Mixto, según los datos de las organizaciones de la Carta por la Ciencia.

Otra propuesta recogida por varios grupos parlamentarios se refiere a los recursos humanos. El objetivo es incluir la I+D+i en el pequeño grupo de sectores que han quedado exentas de la tasa de reposición cero. Con la ley actual, este año no convocan plaza ni se hacen contratos en el sistema público de investigación, ni siquiera para cubrir las vacantes que se van produciendo. También en esto la excepción es el Grupo Popular. Según ha comentado Andradas, el PP aún sin presentar ninguna enmienda en el Congreso, no descartaría hacerlo en el Senado o podría aprobar alguna propuesta de otros grupos.

Piden que se se descongelen las plantillas de investigadores

Al menos una de esas enmiendas debe salir adelante si el Ministerio de Economía y Competitividad quiere cumplir el compromiso recogido en el programa electoral del PP de crear la Agencia Estatal de Investigación. El problema es que el presupuesto elaborado por el Gobierno prohíbe expresamente la creación de ninguna agencia, por lo que la enmienda en este caso es imprescindible. En la puesta en marcha de la agencia está trabajando la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, aunque la enmienda la ha presentado el Grupo Socialista y no el PP.

La Carta por la Ciencia en España, que ha recogido más de 27.000 firmas, es una iniciativa de la Plataforma por una Investigación Digna, la Cosce, la Crue (Conferencia de Rectores de Universidades de España), la Federación de Jóvenes Investigadores y los sindicatos CC OO y UGT. Fue entregada al Gobierno y al Parlamento y sus promotores van a presentarla al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.

Los promotores de la carta han pedido también a los parlamentarios que se reponga la financiación del CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial) al nivel del año pasado, ya que para este año el Gobierno, aduciendo que este organismo tiene un importante remanente de tesorería, ha recortado su presupuesto en 422 millones de euros. Además, recalcan la importancia de mantener las condiciones de los créditos que el CDTI concede a las empresas para actividades de I+D. Esos créditos se venían dando a interés cero, explicó Andradas, mientras que ahora tendrán un interés bancario normal.

Las perspectivas de lograr en el Parlamento que salgan adelante estas propuestas son escasas, según los promotores de la carta, con excepción de la enmienda que permita crear la Agencia Estatal de Investigación y, tal vez, la aprobación de algunas plazas (podrían rondar las 120 en total) dirigidas, esencialmente a absorber a científicos del programa Ramón y Cajal que han culminado ahora su contrato de cinco años. “La situación no invita al optimismo, pero seguimos insistiendo”, declaró Andradas.