Estrasburgo rechaza el recurso de un cura casado despedido como docente

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha rechazado el recurso presentado contra el Estado español por José Antonio Fernández, despedido en 1997 como profesor de religión al hacerse pública a través de una fotografía en un periódico su condición de cura casado. El tribunal rechaza los argumentos del exsacerdote, que asegura que se vulneraron sus derechos a la privacidad y a la libertad ideológica y de expresión, y la sentencia apoya la autonomía religiosa de la Iglesia católica para tomar este tipo de decisiones. En España, los profesores de Religión católica de las escuelas públicas son contratados por la Administración de entre las personas que, año a año, reciben el visto bueno de la jerarquía católica. Este se plasma en la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI), que es lo que se le retiró a Fernández en 1997 tras hacerse pública la fotografía de él junto a su mujer y sus hijos, aunque era bien conocida su condición desde mucho antes. “El mismo obispo [el de Cartagena] que me llamó para dar clase cuando yo ya era un cura casado fue el que después me echó”, explica por teléfono Fernández, de 75 años, muy molesto con el resultado del juicio, el cual va a recurrir.

Las sentencias de Estrasburgo no sientan jurisprudencia, pero sí suelen marcar la actuación de los tribunales de cada país. En el caso de Fernández, el fallo respalda una decisión previa, de 2007, del Tribunal Constitucional. Este mismo tribunal español, sin embargo, amparó recientemente una profesora de Religión de Almería despedida por casarse con un divorciado. El Constitucional sí consideró entonces que se habían vulnerado varios de sus derechos fundamentales, entre otros, el de privacidad. Así, la decisión de Estrasburgo no afecta directamente a otros casos de docentes de Religión despedidos, que desde hace años han originado cientos de sentencias y varios millones de euros en indemnizaciones para los afectados.

Uno de los siete
jueces considera que
sí se ha vulnerado el derecho a la privacidad

La sentencia de ayer del tribunal europeo dice que los motivos de retirada del visto bueno eclesial para dar clase “son de naturaleza estrictamente religiosa” y se apoyan en “la ética basada en la religión y las convicciones”, aunque admite que los tribunales nacionales pueden sopesar si se están vulnerando los derechos fundamentales y “si la decisión de no renovar el contrato se basa en factores no estrictamente religiosos, los únicos protegidos por la libertad religiosa”.

Fernández se ordenó como sacerdote en 1961 y pidió la dispensa en 1984, pero esta no le fue concedida hasta 13 años después. Para entonces, ya llevaba 12 años casado por lo civil y tenía cinco hijos. Fernández fue profesor de religión desde 1991 a 1997 en varios institutos murcianos. Fue el propio obispo de Cartagena quien le llamó y le dijo: "¿Por qué no trabajas de profesor de Religión? Necesitamos gente como tú", relataba hace unos meses Fernández a este periódico. En 1991 José Antonio ya llevaba seis años casado y tenía cinco hijos, y, aunque aún no le habían concedido la dispensa, nadie le puso ningún problema para ser docente de Religión: siempre se presentaba a los alumnos y a sus padres a principio de curso como “cura casado”, asegura.

Hasta que salió su fotografía en el periódico. El 11 de noviembre de 1996, José Antonio apareció fotografiado en un medio de comunicación junto a toda su familia en un acto del Movimiento Pro Celibato Opcional, del que es miembro. Cuando al curso siguiente le fue retirado el visto bueno para ser profesor, el obispado de Cartagena difundió una nota atribuyendo la decisión a que se había hecho "pública y notoria" su situación y "por respeto a la sensibilidad de muchos padres de familia que se sentirían contrariados". El Tribunal Constitucional respaldó el despido y esos argumentos en 2007. Fernández siempre ha defendido que fue una decisión "injusta" y que él siempre ejerció "con respeto a la fe católica".

José Luis Mazón, abogado de Fernández, anuncia por teléfono que van a recurrir la decisión ante la Gran Sala de 17 jueces. Y se queja: "El tribunal ha cambiado el debate, lo que nos plantearon en el juicio fue si la publicación de la fotografía era motivo suficiente para despedirle; si nos hubieran planteado el caso sobre la autonomía religiosa lo habríamos discutido de otra manera". Mazón cita también que uno de los siete jueces que han dictado la sentencia ha emitido un voto particular en el que asegura que "hay argumentos" para considerar que sí se ha vulnerado el derecho a la privacidad. Dice textualmente: "En este caso, creo que tanto los órganos jurisdiccionales españoles como la Corte han favorecido la autonomía doctrinal e institucional de la Iglesia a expensas del derecho fundamental del demandante".

“Tengo 75 años. Voy perdiendo la vista y el oído, pero mantengo la cabeza y aquella fue una decisión injusta, y yo jamás he atacado a la Iglesia; y por eso voy a recurrir”, asegura Fernández.