"Hola, me llamo José Antonio Fernández y soy un cura casado"

"Hola, me llamo José Antonio Fernández y soy un cura casado". Así se presentaba cada curso a sus alumnos el profesor de Religión. También a sus padres, pues siempre pidió ser tutor. Luego les explicaba que había sido sacerdote durante más de 20 años y que pidió la dispensa para casarse -"Me enamoré", cuenta-, aunque aún no se la habían concedido cuando en 1991 empezó a dar clase en institutos públicos murcianos; tenía ya cinco hijos.

Por eso, Fernández no entiende las razones que dio el obispado cuando le despidieron en 1997 como profesor -le retiraron la Declaración Eclesiástica de Idoneidad, imprescindible para dar clase de Religión-: al hacerse pública su situación por una fotografía en un acto del Movimiento Pro Celibato Opcional publicada en un periódico, algunos padres se podían sentir ofendidos, argumentaron. "¿Qué padres?, si todos me conocían", y además hicieron públicos escritos a su favor, se indigna. De hecho, le parece tan falaz que lleva 14 años peleando para que se reconozca la injusticia que, asegura, se ha cometido con él. Ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que hoy revisará en audiencia pública su caso; el Constitucional español rechazó sus razones en 2007.

El obispado conocía su situación, pero le retiró el beneplácito al salir en la prensa

"Quiero demostrar que fue una decisión injusta, que siempre ejercí como profesor de forma responsable, con respeto a la fe católica". Un respeto y un amor que mantiene, por eso le ha resultado doblemente difícil este proceso. "Amo a la Iglesia; mis hijos jamás me han oído hablar contra ella", asegura, pero no puede decir lo mismo de una parte de la jerarquía católica, pues en su caso, "se ha obrado con mentiras", explica en el local de Cruz Roja de su pueblo, Cieza (Murcia). A sus 74 años, da cursos de formación a los futuros voluntarios. Asegura que es mentira aquello del escándalo, y lo que ha argumentado ahora la Conferencia Episcopal Española ante Estrasburgo, que José Antonio "ha mantenido una posición contraria a la religión que se había obligado a enseñar".

En cualquier caso, el acusado en el tribunal europeo no es la Conferencia Episcopal, sino el Estado español, que es, al final, quien contrata a los profesores de Religión, pero solo entre aquellos que tienen el visto bueno de los obispos, según los acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede. Una potestad que ha causado ya centenares de juicios y millones de euros en indemnizaciones -la mayor parte pagadas por el Estado- por casos en los que los obispos han decidido el despido, por ejemplo, por casarse con un hombre divorciado o por ejercer el derecho a la huelga. "Ningún acuerdo puede estar por encima de la Constitución y de las leyes", se queja Fernández.

Ahora su vida es más tranquila. Nada que ver con aquella época en que, en la cincuentena, abandonó el sacerdocio después de más de 20 años, nueve como misionero en Ecuador. Entonces fue complicado: trabajó en una fábrica de conservas mientras se licenciaba en Filología Clásica.

Una vez titulado, el entonces obispo de Cartagena le llamó y le dijo: "¿Por qué no trabajas de profesor de Religión? Necesitamos gente como tú". Era 1991 y José Antonio ya llevaba seis años casado y tenía cinco hijos, pero aún no le habían concedido la dispensa. "Cuando lo dejé, el obispo me dijo: 'Tú eres un poeta, y todo esto se te pasará', pero no se me pasó. Desde que pedí la dispensa [en 1984, se casó al año siguiente] actué como seglar, asumí el silencio como concesión", explica. La dispensa le llegó casi a la vez que el despido, en 1997.

Un año antes, le invitaron a un encuentro del Movimiento Pro Celibato Opcional al que asistió: "Era una especie de día de campo, así que fui con toda mi familia", Cuando él, su mujer y sus cinco hijos se bajaron del coche, el fotógrafo de un diario tomó una imagen para una información sobre el celibato opcional. "Ha salido en el periódico, es usted importante", le dijo uno de sus alumnos. Pero la foto molestó profundamente a algunas personas de la jerarquía católica y le despidieron. "¿Tú te crees que llevamos 15 años demostrando que haber ido a una reunión del movimiento por el celibato no es delito? Yo estoy realmente asombrado".

Ahora, Estrasburgo decidirá si se han vulnerado los derechos a la privacidad y a la libertad ideológica y de expresión de Fernández. La Iglesia defiende que le corresponde establecer los criterios morales que han de cumplir los profesores de Religión, y el Estado español que si no tiene voz ni voto para seleccionarlos tampoco para retirarles el beneplácito.