Industria justifica en la crisis económica la prórroga a Garoña

El Ministerio de Industria justifica su intención de prorrogar la vida de la nuclear de Garoña como mínimo hasta 2019 en que, "en las circunstancias económicas actuales" España "no debe infrautilizar ninguna de las fuentes energéticas disponibles". Así lo argumenta en el borrador de orden ministerial con la que revoca parcialmente la orden que en 2009 dictó el Gobierno del PSOE y que estableció el cierre para 2013. Greenpeace considera que es un "texto ridículo" y anuncia alegaciones.

Garoña ya roza con los dedos la renovación. La nuclear burgalesa (de Endesa e Iberdrola al 50%) abrió en 1971 y es la más antigua de España. Es de un diseño similar al de Fukushima, y aunque algunas de sus centrales gemelas están ya clausuradas, en EE UU hay reactores similares con licencia para funcionar hasta los 60 años de vida.

El ministerio señala como justificación que "la necesidad de garantizar el suministro se ve acentuada en los últimos tiempos como consecuencia de las incertidumbres derivadas de los conflictos surgidos en algunos países, cuya evolución puede tener una incidencia relevante en el mercado internacional de los combustibles fósiles".

En realidad en España hay una sobrecapacidad eléctrica, como con frecuencia recuerda el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el cierre de Garoña no supondría un sistema para la red. Argumentos igual de forzados los usó el anterior Gobierno para justificar el cierre -como que Garoña dificultaba el cumplimiento de los objetivos europeos de renovables- y fueron aceptados por la Audiencia Nacional.

Industria alega también que la demora en la construcción del almacén nuclear (por el anterior Gobierno) "supone también un retraso en la fecha para poder iniciar el desmantelamiento de la central". Y señala que, de cerrar Garoña, subiría el precio de la luz.

Por todo, Industria quiere revocar tres puntos de la orden ministerial de cierre firmada por Miguel Sebastián. Anula el que fijaba la fecha de cierre, el que iniciaba el desmantelamiento y el que impedía a la central hacer obras o papeleo que buscara otra prórroga. No se puede anular la orden entera porque entonces Garoña se quedaría sin licencia. La nuclear tiene ahora hasta el próximo 6 de septiembre para presentar una nueva solicitud.

El plazo es de seis años (las eléctricas querían 10) porque el Consejo de Seguridad Nuclear tenía todos los estudios hechos para una prórroga hasta 2019 (eso es lo que pidió Garoña en 2009). Era materialmente imposible rehacer los estudios y buscar nuevas condiciones técnicas. El Consejo obligará a Garoña a aquellas obras de las que le eximió (cambiar el cableado y un sistema de ventilación de gases). Pero además debe realizar las mejoras aprobadas para todas las nucleares tras Fukushima, y que incluyen la construcción de un nuevo edificio para los trabajadores en caso de accidente.

Así que la central más pequeña de España tendrá previsiblemente seis años más de vida en los cuales tendrá que realizar cuantiosas inversiones. En el sector nuclear se considera que Garoña es más que un símbolo y que aunque puede que no sea tan rentable, sí sería un gran hito para la industria superar los 40 años de vida con una central igual que Fukushima y cuando ha pasado poco más de un año del accidente.

Carlos Bravo, responsable de Energía de Greenpeace, critica el contenido del borrador y anuncia alegaciones: "Justifica que hay un grado de dependencia energética, pero el uranio que utilizan las centrales también lo importamos del extranjero, así que ese argumento no se sostiene". También ha señalado que "es falso que el cierre de Garoña suba la luz, ya que con el sistema de fijación de precios lo que está ocurriendo es que Garoña se lucra en exceso". "Es un insulto a la inteligencia y a los consumidores en general", ha concluido.