Años de lucha contra la enfermedad

Con 40 años recién cumplidos, Salam toma medicación a diario y debe someterse a revisiones médicas cada seis meses por sus problemas de corazón. En lucha constante con la enfermedad desde la infancia, dice que lo único que quiere es “estar tranquilo”. Su salud, marcada de por vida, era un obstáculo. La decisión del Gobierno de excluirle del sistema sanitario es un golpe que le quita el sueño. Sin papeles ni posibilidad de conseguirlos a corto plazo, solo alcanza a preguntarse: “¿Qué voy a hacer?”. Ni él ni su pareja, estupefactos desde que conocieron la noticia, han conseguido asumir las implicaciones de la medida.

“Cuando lo vio por la televisión, se quedó frío”. Doris Antelo, pareja boliviana de Salam Abdal, se refiere al día en que conocieron las intenciones del Gobierno. Salam no es su verdadero nombre: en situación irregular en Girona, tiene miedo de que la policía pueda reconocerle. La noticia les pareció tan increíble que no alcanzaron a entenderla. “Pensamos que lo aplicarían a las personas que lleguen ahora a España, no a los que ya estamos aquí”, dice Doris. Salam lleva siete años en Girona y nunca ha tenido un contrato de trabajo.

Lleva siete años en Girona y nunca ha tenido un contrato de trabajo

Desde los 13 años su vida ha sido una carrera contra la enfermedad: una valvulopatía reumática causada por una infección que inflama las válvulas del corazón. Su padre, que padecía la misma dolencia, falleció solo una semana antes de viajar para operarse en Francia. Salam sí consiguió someterse a la intervención, no sin pasar antes por un calvario burocrático. “Después de ocho meses para gestionar los papeles en Argelia, me dijeron que se habían perdido”, explica en un rudimentario castellano. “La enfermera me explicó que no podía esperar otros ocho meses, que tenía que operarme ya”. Viajó hasta Francia, donde viven tres de sus hermanos, y allí le implantaron una válvula biológica con tejido animal. Una de sus hermanas le ayudó a pagar la operación, que le costó 11.000 euros. Decidió quedarse en Europa.

Desde la intervención, en 2003, se encuentra bien. Los médicos dicen que no debería sufrir complicaciones, pero sí necesita estar bajo supervisión. La válvula biológica puede estropearse con el tiempo y en ese caso hay que sustituirla. “Cada año tengo una visita con el cardiólogo y cada seis meses en el centro de atención primaria”, explica Salam. La cicatriz de la operación le recorre el tórax. También toma una medicación diaria, que le cuesta 8 euros con receta de la Seguridad Social y necesita el sello de un inspector (el precio de una caja con 28 píldoras del medicamento es de 21 euros en la farmacia).

Salam y Doris luchan por encontrar un trabajo. Ella, que antes trabajaba de niñera y monitora de comedor, lleva dos años en el paro. Salam sobrevive arreglando y revendiendo objetos de segunda mano y gracias al dinero que le prestan sus hermanas. Su obsesión es tener un contrato que le permita obtener el permiso de residencia. Varios ‘empresarios’ les han ofrecido un contrato falso a cambio de dinero. “Cuando les hablábamos de un abogado desaparecían”, dice Doris. Salam mira hacia otro lado si se le pregunta sobre la pérdida de la tarjeta sanitaria. “No quiere pensar, no quiere saber”, explica su pareja cuando él no está delante. “Se siente triste y deprimido”. Ambos mantienen la esperanza de que el Gobierno dé marcha atrás.