La oposición denuncia que el plan de ahorro de Educación invade competencias

Las medidas anunciadas ayer por el ministro José Ignacio Wert para que las comunidades ahorren 3.000 millones de euros en escuelas e institutos invaden competencias de las autonomías. Así lo han asegurado representantes del PSOE, IU y de los Gobiernos de País Vasco, Cataluña y Andalucía.

La consejera de Educación vasca, Isabel Celaá, ha anunciado que su Ejecutivo va a esperar a recibir el texto de la modificación legal para que sus servicios jurídicos "dictaminen si estas modificaciones están realmente sujetas a derecho". Según ha explicado, las tres medidas que entran en conflicto directo con las competencias autonómicas son las que hacen referencia a las condiciones laborales del profesorado: las horas lectivas, las sustituciones por baja y los complementos salariales.

En el mismo sentido se ha manifestado la consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, que ha recalcado que el plan supone un desmantelamiento progresivo de las competencias de las comunidades. Igual que País Vasco, Rigau ha asegurado que sus servicios jurídicos estudiarán minuciosamente el proyecto para recurrirlo si se confirma que se invaden competencias "clarísimamente".

El consejero andaluz de Educación de la Junta en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, ha señalado también que los recortes "tocan los cimientos del sistema constitucional", por lo que Andalucía, aunque cumplirá aquello a lo que "inapelablemente obliga la ley", utilizará el margen que esta le permita para "demostrar que se puede hacer otra política educativa distinta" a la que el Gobierno del PP "quiere imponer". También la viceconsejera de Educación de Canarias, Manuela Armas, se ha manifestado en contra de las medidas porque asegura que son irreversibles y van a afectar a "varias generaciones".

“Nos parece muy preocupante que a través de estas medidas presuntamente no políticas se esté atacando algo tan básico como el derecho al autogobierno de las comunidades autónomas", ha declarado por su parte la secretaria de Educación del PSOE, María del Mar Villafranca, que además ha tachado de improvisado el plan. Villafranca considera que el Gobierno del PP trata de buscar la calidad educativa "despidiendo profesores y hacinando a los alumnos en las aulas" y ha advertido de que el derecho a la enseñanza, uno de los "sostenes vitales del Estado de bienestar", se va a ver "muy afectado". En la misma línea se ha manifestado IU, que ha animado a las comunidades a negarse a aplicar sus últimos ajustes por el "bien" de alumnos y profesores.