Los grandes laboratorios boicotean la subasta de fármacos andaluza

La última medida innovadora de la Junta de Andalucía para ahorrar en fármacos ha fracasado antes de llegar a ponerse en marcha. La propuesta, una subasta a la baja del suministro de medicamentos para dispensar en las farmacias, debía haberse firmado este viernes, pero solo cuatro de los 11 laboratorios que ganaron el concurso se presentaron a la cita y rubricaron el acuerdo. Son cuatro empresas pequeñas (Industria Química y Farmacéutica Vir, Medinsa, Uxafarma y Aurobindo), aunque acaparaban 20 de los 28 paquetes adjudicados el pasado lunes por la Consejería de Salud.

Los grandes laboratorios, entre ellos Bayer, Sanofi y Abbott, siempre remisos ante un mecanismo que les obligaba a rebajar sus precios, justificaron su decisión en un informe del Consejo del Estado que cuestiona la legalidad de la subasta. Aunque los trabajos de este organismo no son vinculantes, es el argumento que buscaba el Gobierno central para recurrir la medida ante el Tribunal Constitucional, pero, de momento, el recurso no se ha presentado. El Ejecutivo ha preferido esperar a que pasen las elecciones andaluzas convocadas para este domingo, y el PP andaluz, que se abstuvo en la votación del decreto en el Parlamento autónomo, ha eludido concretar su postura durante la campaña electoral. El candidato popular, Javier Arenas, sí admitió en una entrevista con EL PAÍS que la subasta “supone un recorte del gasto”.

La Junta ha cifrado ese ahorro en 40 millones de euros, pero todos los planes se han quedado ahora en el aire. Los servicios jurídicos de la Junta estudian si es posible emprender medidas legales contra las empresas que resultaron adjudicatarias en el concurso público pero no se presentaron a la firma. Además, desde el lunes el Gobierno andaluz estará en funciones y es discutible que pueda abrir una nueva convocatoria pública para subastar los fármacos que se han quedado sin adjudicar.

La Consejería de Salud ha asegurado que los laboratorios seleccionados habían recibido “presiones” por parte de la industria, del PP y del Gobierno para que abandonaran, un extremo que han confirmado varias fuentes del sector. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad niega haber ejercido “algún tipo de presión” y asegura que sigue “abierto al diálogo” con la Junta para encontrar una solución que evitara el recurso ante el Constitucional. Pero la Consejería ha puesto en la subasta buena parte de su previsión de ahorros para los próximos años y está convencida de que la medida es legal, por lo que el boicot casi en el descuento de la legislatura se ha vivido como una traición en la que ha pesado más el color político que la responsabilidad institucional.

Lo que hasta ahora las dos partes querían mantener como una discrepancia entre administraciones solucionable con el diálogo, es ya una guerra abierta. La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha hablado directamente de “amenazas” por parte del Ministerio de Sanidad y la Consejería ha difundido un comunicado en el que señala al subdirector general de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del ministerio, Carlos Lens, como “la persona encargada de realizar las llamadas” a los laboratorios para pedirles que no firmaran el acuerdo con la Junta. Lens decía hacer las llamadas “en nombre de la ministra”, según la denuncia de la Junta. La consejera, María Jesús Montero, ha concretado incluso que en un tren Avant que circuló el jueves por la tarde entre Sevilla y Málaga viajaban dos dirigentes del PP (la portavoz de sanidad en el Parlamento Ana María Corredera y el senador Jesús Aguirre) que pasaron buena parte del trayecto llamando a los laboratorios para pedirles que no acudieran a la cita con la Junta. Alguien los escuchó y contó a respnsables de la Consejería de Salud las conversaciones con todo detalle.

En el comunicado difundido este viernes, la Administración andaluza sostiene, además, que entre las presiones recibidas por las empresas se encontraba la “amenaza clara” de tramitar en los próximos días una resolución por la que se abriría expediente de revisión de los precios actuales de sus medicamentos. Fuentes del sector señalaron que alguna de las empresas seleccionadas llegó a viajar hoy a Sevilla para firmar el convenio, pero dieron marcha atrás.

Los laboratorios guardaron silencio sobre estas supuestas presiones. Varios de los que han renunciado han informado por escrito a la Junta y a los representantes de la industria farmacéutica, pero justifican su decisión en las dudas sobre la legalidad de la medida. Así lo hizo Sanofi el jueves y lo reiteró ayer Bayer, que en un correo remitido a EL PAÍS dijo haberse retirado “en vista de las conclusiones alcanzadas por el Consejo de Estado”.

Tampoco han firmado Abbott, Ranbaxy, UCB Pharma, Nycomed Pharma y Janssen Cilag. La Consejería de Salud agradeció la actitud de los cuatro que “a pesar de las amenazas y las presiones” sí han suscrito el acuerdo.