Expertos proponen dar más poder al Consejo Interterritorial de Salud

Dar más poder a las comunidades, pero a través del Ministerio de Sanidad. Para ello se daría al Consejo Interterritorial (donde están representadas las comunidades y el ministerio) un carácter ejecutivo, de manera de lo que decidiera fuera de obligado cumplimiento a través de leyes o decretos gubernamentales. Esta es una de las propuestas del trabajo Ideas para la reforma sanitaria que ha presentado esta mañana la Fundación Bamberg.

El cambio en la actual reglamentación, que está fijada por la Ley de Calidad y Cohesión de 2003, sería “complejo”, admitió Ignacio Para, presidente de la Fundación. Entre otras cosas porque actualmente los acuerdos del organismo se toman por votación (y muchos por unanimidad), y pesa igual la papeleta del consejero de una comunidad con 300.000 habitantes que la de una de ocho millones.

Según dijo Para, se trata de una conclusión unánime de unas jornadas en las que hubo participación del PP (Manuel Cervera, Jesús Aguirre), del PSOE (Fernando Lamata, Marina Geli, Eduard Rius), laboratorios, sociedades médicas, proveedores de tecnología sanitaria, investigadores (María Blasco, directora del CNIO) y representantes de pacientes (Jesús Ignacio Meco), entre otros. Claro que los representantes de los partidos pudieron manifestarse a título personal, o puede que esta sea una de las propuestas (el 5%, según dijo Mario Mingo, portavoz del PP en el Congreso) en el que no están todos de acuerdo.

Si se adoptara, sería un cambio consustancial de la gestión del sistema, ya que podría darse el caso de que las comunidades obligaran al ministerio a sacar una ley que el departamento no quisiera o no se hubiera planteado. Hasta ahora, el consejo actúa por unanimidad en algunos casos, pero luego nadie puede obligar a las comunidades o al ministerio a hacer lo que ahí se diga, como se vio con el acuerdo de calendario vacunal de 2006, que duró seis meses porque Madrid lo rompió.

En la misma línea de reorganizar las competencias del sistema, el trabajo recoge la necesidad de unificar las tareas de evaluación de las tecnologías sanitarias. Actualmente, hay siete agencias, una estatal y seis autonómicas. La propuesta es dejar solo la nacional. El papel de esta es, en estos momentos, clave, ya que se supone que va a ser la que va a decidir qué prestaciones o servicios se incluyen en el catálogo común para toda España (otra de las reivindicaciones del trabajo).

El documento no descarta, en esta línea, dejar de financiar “prestaciones no prioritarias o fármacos baratos o de patologías menores”. La posibilidad de que haya que llegar a una medida así fue descartada por la ministra Ana Mato en el Congreso (dijo que no habría recortes en las prestaciones), pero se ve como una opción por varios actores del sistema, como Humberto Arnés, director de la patronal de laboratorios, Farmaindustria.

Más allá va la idea de “refundir las legislaciones autonómicas”. “No podemos soportar el galimatías actual”, dijo Para.

Entre las conclusiones del trabajo, que Para resumió en 33 puntos, hay varios que se refieren al personal. Unos van por dar mayor papel a médicos y enfermeras en la gestión. También se insiste en cambiar su sistema de remuneración, dando un mayor peso a los incentivos por productividad, por ejemplo.

En esta línea, Para destacó una de las aportaciones de María Blasco, quien comparó la efectividad del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) –que ella dirige desde el verano pasado- o el equivalente de cardiología (CNIC) con otros organismos como el CSIC. Y lo atribuyó a que el personal de los dos primeros no era funcionario.

También insiste el documento en el papel de la sanidad privada, que se considera clave, siempre que se integre con la pública (que no haya que repetir todas las pruebas cuando un paciente pasa de un hospital privado a uno público, puso como ejemplo Para). En el informe se recoge la idea de que los seguros privados desgraven (algo que apoya, por ejemplo, el PP y barajó CiU).

En el texto pueden rastrearse propuestas que ya han sido ofrecidas durante la pasada campaña electoral. Por ejemplo, la libre elección de médico y centro hospitalario (PP, que ya lo tiene en Madrid). O asegurar el cobro de la atención que se da que deberían pagar las mutuas laborales o de accidentes, o los sistemas de sanidad de los extranjeros (PSOE).