¿Una reforma de la educación para el siglo XXI?

El sistema escolar, uno de los instrumentos para añadir valor al talento natural de los ciudadanos, ya que facilita la adquisición de competencias que permiten acceder a los beneficios que proporciona la sociedad del conocimiento, no está siendo, en España, suficientemente eficiente, lo que pone en riesgo la competitividad de nuestra nación en el largo plazo.

Es constatable la falta de eficiencia si se consideran, al mismo tiempo, datos relativos al rendimiento académico de los alumnos y a las inversiones en educación en España y en el conjunto de países de la OCDE (OECD (2010), PISA 2009 Results: Learning Trends: Changes in Student Performance Since 2000 (Volume V):

a) Las puntuaciones en las pruebas del programa PISA en lectura, matemáticas y ciencias de los alumnos de educación secundaria españoles son inferiores, desde el año 2000, a las puntuaciones medias de los países de la OCDE.

b) Entre los años 2000 y 2009, España forma parte del grupo de países en los que disminuye el rendimiento en lectura (la disminución, de 12 puntos, es significativa estadísticamente; únicamente Australia, República Checa, Suecia, Argentina e Irlanda retroceden más que España,y son menos del 4% los alumnos españoles que forma parte del grupo más aventajado en esta materia.

c) Tampoco en matemáticas y ciencias la progresión de los resultados es satisfactoria: en matemáticas los alumnos españoles en el período 2003-2009 ven descender sus resultados, y menos del 10% se sitúa entre los que obtienen las más altas puntuaciones. En ciencias, disminuyen asimismo las puntuaciones entre el 2006 y el 2009, y no llega al 5% el número de alumnos españoles que se sitúa entre los que consiguen las más altas puntuaciones.

d) En el Academic Ranking of World Universities (Shanghái) ninguna universidad española figura entre las 200 mejores del mundo. Tampoco ninguna de las facultades de Matemáticas, Química, Física, Ciencias de la Computación y Economía de una universidad española está entre las 50 mejores del mundo.

En materia de recursos destinados a educación, la situación de España es la siguiente:

Cabe preguntarse qué causas están en el origen de la falta de eficiencia del sistema escolar en España (con un gasto en 2008 superior a la media de la Euro área y que destina ya el 5,11 del PIB a educación, ofrece, sin embargo, resultados instructivos inferiores a los que cabría esperar). La respuesta a esta pregunta es muy compleja, y seguramente todos los Gobiernos posteriores a la Constitución de 1978 han tratado de contestarla, hay que decir, sin éxito. Y hay que decir sin éxito porque la terapia aplicada a las posibles causas ha consistido en publicar, compulsivamente, nuevas leyes de educación sin dar tiempo a que sus medidas modificasen la realidad de la enseñanza (la realidad es cada profesor trabajando con cada grupo de alumnos en cada centro escolar). Desde 1980 (se promulga la primera ley, LOECE, que regula la educación con posterioridad a la Constitución de 1978) han visto la luz seis nuevas leyes: LODE/ 1985, LOGSE/1990, LOPEGCD/1995, LOCFP/2002, LOCE/2006 y LOE/2006, lo que, ciertamente, no ha contribuido a la necesaria estabilidad del sistema escolar español.

En materia de equidad, el sistema escolar español, comparativamente, es razonablemente efectivo, aunque la variabilidad formativa de los alumnos intracentro es superior a la media de la OCDE y afecta de forma especial y negativamente a los alumnos de alta capacidad, lo que pudiera ser indicador de que en España existe el riesgo de que esté creciendo la mediocridad. Otra circunstancia que debe preocupar es que en nuestro país la probabilidad de éxito escolar varía según el territorio en el que residen los alumnos (es mayor en las comunidades de Madrid, Castilla y León, por ejemplo, y menor en Andalucía o Canarias, por ejemplo).

En el momento actual, las primeras noticias sobre la política educativa del recién estrenado Gobierno, conocidas a través de la intervención del titular de Educación en el Congreso, pudieran hacernos pensar que se está gestando un añadido más a la retahíla de leyes a la que estamos ya acostumbrados, lo que desearíamos que no fuese así, y es de esperar que no lo sea, y la razón de estos estos comentarios, sin duda excesivamente leves para tratar una materia extraordinariamente grave, es la de coadyuvar a que no sea así.

En lo que sigue no se pretende bocetar cómo tiene que ser el sistema escolar español del futuro, y si subrayar la necesidad, y la oportunidad, de acometer, de una vez por todas, una reforma ambiciosa, estable, que responda a las exigencias de la sociedad del conocimiento, que sitúe la escuela española en la primera línea de la de los países más avanzados. Es oportuno y posible un planteamiento en cierto modo radical si se consideran, además de su urgente necesidad, algunos indicadores como:

a) El porcentaje de españoles que recibe enseñanza formal con 16, 17 y 18 años de edad:

-16 años: 92.4%

-17 años: 77.7%

-18 años: 62.6%

b) La tasa de escolarización de la población de cinco años de edad, prácticamente, del 100%.

c) La duración de las licenciaturas en España (Espacio Europeo de Educación Superior), de 4 cursos por lo que, en general, disminuyen un curso respecto de la situación tradicional (5 cursos).

d) El porcentaje de población juvenil en paro, que supera ya el 40% (¿qué hacen?).

Los países más avanzados, con la finalidad de invertir crecientemente en la formación de capital humano, propenden a situar, de hecho, en 11 y 12 años la duración de la escolarización obligatoria (Reino Unido o Estados Unidos, por ejemplo).

A la vista de estos sumarios datos, y sin otra pretensión, insisto, que la de reflexionar sobre la futura reforma de la educación escolar, no resulta utópico considerar que uno de sus ejes debiera ser el incrementar a 11 o 12 años la escolaridad obligatoria, revisando, al mismo tiempo, y en profundidad, los objetivos, planes de estudio, itinerarios formativos, profesorado, etcétera, de cada tramo del sistema escolar. Para afrontar el desafío que supone acometer un cambio radical de la concepción del sistema escolar, sería aconsejable que las autoridades del departamento de Educación:

a) Dediquen tiempo a estudiar cómo ha de ser la enseñanza en la España del Siglo XXI, huyendo de la “puja” actual por “ser el primero en llevar al BOE una ley” (economía, mercado laboral, justicia, sanidad, etcétera): en educación los cambios se manifiestan en decenios, por lo que es razonable introducirlos una vez que sus previsibles efectos se han valorado concienzudamente.

b) Consideren, al menos, una de estas dos opciones para la articulación en niveles de la educación obligatoria: 1º) Inicio de la escolaridad obligatoria a la edad de 5 o 6 años (dos opciones). 2º) Enseñanza primaria: 6 cursos, empezando a los 5 o 6 años. 3º) Educación Secundaria Media: 3 cursos. 4º) Educación Secundaria Superior (Bachillerato): 3 cursos.

c) Acuerden la nueva ley con otros partidos, especialmente con el PSOE y los partidos que gobiernan en las comunidades autónomas, si ello es posible.

d) Consulten antes que a los “gurus” de las reformas o a las organizaciones formalmente constituidas, a los “clientes” (los que pagan y esperan “retornos” del sistema escolar: padres, alumnos, empresarios, etcétera).

Cualquiera de las dos opciones que se sugieren para estructurar en niveles el sistema escolar (previo a la educación superior) tiene, es claro, como “Talón de Aquiles” la financiación: supone incrementar en dos años las subvencionas a la enseñanza privada (necesitadas, las subvenciones, tal vez, de un replanteamiento) y, posiblemente, un ligero incremento en las dotaciones de profesorado en la enseñanza pública.

Estos problemas de financiación (en un momento de fuerte crisis económica) no tendrían que ser un argumento para llevar adelante una insuficiente reforma, y sí debieran servir para racionalizar e introducir sentido común y mesura en los proyectos de cambio, especialmente en el proceso de implantación, que debiera ser progresivo, compatible con el programa 2020 de la Unión Europea, y ajustado a un calendario del siguiente tipo (caben, naturalmente, otras alternativas):

a) Preparación de la Reforma y promulgación de la Ley en la que se definan los objetivos y las líneas maestras de la arquitectura general del sistema escolar. Acordar el programa de financiación. b) Rediseño de la educación infantil: incorporación de un segundo idioma (es el periodo de mayor facilitad para la adquisición de una segunda lengua), atención a los alumnos que presentan singularidades (alta capacidad, limitaciones, etc.), flexibilización de la conexión con la enseñanza primaria, etcétera.

a) Implantación sucesiva de los tres ciclos de la enseñanza primaria, que habrá sido remodelada, previamente y en profundidad, mediante medidas como la simplificación de contenidos (regreso a lo esencial: en el tiempo escolar disponible no cabe todo, por lo que es necesario fijar prioridades), tratamiento de alumnos con singularidades, consolidación del segundo idioma, formación del profesorado, elaboración de materiales, etcétera).

b) Desarrollo de las directrices de la Ley para la Educación Secundaria Inicial: otorgamiento de sustantividad a este periodo (para visualizar esta sustantividad, allí donde fuese posible, podrían organizarse centros para este nivel, al estilo de las “Escuelas Medias” de Estados Unidos); simplificación de contenidos, centrándolos en competencias básicas; diseño de itinerarios que permitan ajustar la enseñanza a las crecientes diferencias existentes entre los alumnos; puesta a punto de un eficaz sistema de orientación para la asignación del alumno a los diferentes itinerarios y para facilitar su progresión al tramo siguiente; formación del profesorado; elaboración de materiales, etcétera)

a) Implantación progresiva de la Educación Secundaria Inicial.

b) Desarrollo de las directrices de la Ley para la Educación Secundaria Superior (Bachillerato): planes de estudio diferenciados para atender a las características de los alumnos, especialmente los relativos a los itinerarios profesionales (con vínculos claros con las organizaciones empresariales y pensados para la efectiva incorporación progresiva de los alumnos al mundo laboral) y académicos (diseñados para seguir estudios universitarios), conexión con la universidad, complementos formativos en empresas, actividades de cooperación y prestación de servicio social, formación del profesorado, etc.).

Como ya se ha indicado, habrá que estudiar si para ese horizonte temporal (año 2020) es posible una Ley que implante una escolarización universal de 11/12 años (progresivamente diversificada a partir de la Educación Secundaria Inicial, con un itinerario netamente profesional en el tramo de Educación Secundaria Superior/Bachillerato), que requiere de recursos suficientes (profesorado, edificios, material pedagógico, etc.) y capacidad técnica (para el rediseño en profundidad de los planes de estudio), tanto en el Ministerio de Educación como en las comunidades autónomas.

Y lo que es más importante que los recursos: los responsables de la educación escolar han de ser capaces de ilusionar a los profesores de todos los niveles para que, con los sacrificios que fuere menester, y el imprescindible reconocimiento por ello, se muestren dispuestos a llevar adelante este proyecto de cambio radical y estable de la educación en España. Ese es, y no otro, el gran desafío que tenemos como país.