La única vía es la prevención

Los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, referentes al número total de abortos en 2010, reflejan un incremento del 1,3% respecto al año 2009. Esta cifra debe tranquilizar a los que auguraban a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de julio de 2010 una mayor facilidad para la interrupción del embarazo; y como consecuencia, un incremento de los abortos. La tendencia del número de estas intervenciones reflejaba una nítida línea ascendente que afortunadamente bajó en 2009, y que se estabiliza en 2010. Los datos de este último año nos permiten observar que en el primer semestre, antes de la entrada en vigor de la norma, el porcentaje de abortos fue un 8% mayor.

La interrupción voluntaria del embarazo está normalizada en Europa desde los años setenta con diferentes leyes de plazo similares a la norma vigente en España desde julio de 2010. Los diferentes Gobiernos europeos, a pesar de las alternancias de color político, no han modificado en absoluto la filosofía de la norma: en un primer trimestre la mujer decide; en el segundo esa determinación esta tutelada por los expertos ante patologías materno-fetales; y en el tercer trimestre, en el que ya hay viabilidad del recién nacido, la decisión ya no corresponde a la mujer, esos casos excepcionales están fuera de su autonomía.

En una sociedad como la nuestra, que acepta la sexualidad con naturalidad, el número de abortos está relacionado con la accesibilidad de métodos anticonceptivos. Por eso, el camino para reducir el número de interrupciones del embarazo no pasa por restringir la ley que permite acceder a esta prestación. Tampoco en recuperar la caduca norma de 1985, que a pesar de ser teóricamente estricta permitía el aborto con la hipocresía que caracteriza en ocasiones a nuestro país. Muestra de ello es que con esa antigua regulación, el 97% de las interrupciones se realizaban bajo la alegación de grave riesgo psíquico para la embarazada, con el agravante de que ese supuesto no tenía límite de edad gestacional, y que podía realizarse por encima de la viabilidad fetal. Tras la aprobación de la ley de plazos, en 2010, el 96% de los abortos se practican por decisión de la mujer y dentro de las 14 semanas de gestación.

La única vía para disminuir el número de abortos, debe incidir en reducir el número de embarazos no deseados. Algo que viene determinado por un cambio de hábitos en la sexualidad y en la utilización de métodos anticonceptivos fiables. En algunos casos, como el preservativo, la solución incluye proporcionar información para que se utilice bien. Por eso, el camino, según los expertos, pasa por potenciar la educación sexual en colegios y universidades.

Desde el laicismo reconocido en la Constitución española, no debemos permitir que se modifique la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010. A pesar de los malos augurios que se han sucedido en estos 18 meses, su aplicación ha transcurrido con normalidad. En su historia y desde esta fecha, las mujeres en las 14 primeras semanas de gestación han podido decidir en toda su trascendencia y sin tutelas qué hacer ante un embarazo no deseado.