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Análisis:

Una ley sin coste añadido

El anuncio de una ley para aclarar lo que puede y no puede ofrecerse a un paciente cuando está en una situación en la que sufre y no espera curarse es una buena noticia, pero no consiste en una novedad. Las leyes General de Sanidad de 1996 y la de Autonomía del Paciente de 2002 ya permiten unas prácticas (sedación terminal y derecho a negarse a recibir tratamientos) que están recogidas en todos los manuales de buenas aplicaciones médicas. Solo el exceso de celo -o de fe, a pesar de hasta el Papa lo apoya- de algunos médicos ha impedido que haya habido enfermos terminales que no han muerto con la tranquilidad que da una adecuada atención.

El ejemplo de lo que ocurrió en Andalucía con Inmaculada Echevarría es un caso claro de esta situación. La enferma tuvo que recurrir a la Junta después de que sus médicos se negaran a aplicar la ley -sin ser sancionados, por cierto- para que le retiraran un tratamiento, la respiración asistida, que ella no quería y que estaba en su derecho a pedir.

Pero poner negro sobre blanco lo que no es una novedad, lo que siempre está bien, no debe confundirse con aprobar derechos nuevos, ni con un supuesto acercamiento a una regulación de la eutanasia o de despenalización del suicidio asistido médicamente. A menos que el Gobierno haya cambiado sorprendentemente de opinión, estas posibilidades han sido descartadas por el PSOE, como puso de manifiesto la propia ministra de Sanidad, Leire Pajín, en la entrevista que concedió a este periódico el pasado 11 de noviembre y ha reiterado el vicepresidente Alfredo Rubalcaba. Además, si así fuera, intentarlo al final de la legislatura y cuando se depende para gobernar de un pacto con el PNV, un partido de inspiración democratacristiana, no parecería lo más sensato políticamente. Ni viable siquiera.

Así que sea bienvenida la iniciativa aunque solo sea por lo que tiene de aclaración y refuerzo de las leyes ya existentes, pero que no se quiera vender como un avance. Este progreso solo llegará cuando el PSOE recupere lo que prometió en la campaña electoral de 2004 y abra un debate para regular del todo la muerte digna, eutanasia incluida. Una práctica que, por cierto, según las encuestas del CIS, ya en 2002 apoyaba la mayoría de los españoles.