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Regulación de la interrupción del embarazo

El PP recuerda a sus barones que la ley del aborto ha entrado en vigor

Varios dirigentes regionales del PP opusieron ayer resistencia a la norma.- El presidente de Murcia aseguró que no la aplicará en su región hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia.- El consejero de Sanidad madrileño alienta a la objeción de conciencia al aborto

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha advertido a las Comunidades Autónomas que "están sometidas al imperio de la ley" y deben cumplir la nueva legislación sobre el aborto que ayer entró en vigor, tras el anuncio de algunos barones del PP de boicotear la ley. Jiménez ha instado a los populares durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, a no "incentivar un Estado en el que cada Comunidad decide qué ley cumple y de qué manera".

La ministra ha reconocido que de forma "excepcional" una Comunidad puede trasladar a otra un caso "porque no puede dar la prestación que la mujer requiera en un momento preciso", pero ha subrayado que la ley es de obligado cumplimiento. Éste ha sido hasta ahora el caso de Navarra, que no practica abortos asegurando que todos sus médicos de la red pública son objetores, pero que paga la cobertura de esta asistencia en otra. Además, considera protegida la objeción de conciencia de los médicos, que han podido acogerse a ella sin problemas cuando lo han considerado necesario, en aplicación de una "importante" sentencia del Tribunal Constitucional.

Llamada al orden

El Partido Popular ha lanzado hoy un mensaje a sus barones, algunos de los cuales anunciaron ayer su boicot a la ley del aborto. Esta mañana, Soraya Saénz de Santamaría, portavoz del PP en el Congreso, ha afirmado que "la ley del aborto ha entrado en vigor y hay que aplicarla". El más beligerante de los líderes autonómicos, Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia, afirmó ayer -cuando entró en vigor la norma-, que ésta no se aplicaría en su comunidad hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso interpuesto por el PP. El Constitucional se inclina, sin embargo, por no suspender la vigencia de la ley.

Durante toda la mañana se han sucedido las reacciones de rechazo en torno a las declaraciones del presidente de Murcia y de otros mandatarios regionales del PP. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha advertido, tras pedir responsabilidad al PP y calificar su negativa a aplicar la ley como "propia de un partido antisistema", que se pondrán en marcha "todos los mecanismos jurídicos para hacer efectivo el cumplimiento de la ley".

Alfonso Alonso, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, ha contestado a la ministra que "no se puede imponer el aborto con amenazas, sin despejar las dudas que existen en esta ley". Alonso ha insistido en que el PP es "un partido responsable", pero ha admitido que "hay enfado en las comunidades".

La Asociación de Clínicas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que ha considerado "lamentables" las declaraciones de Valcárcel, le ha recordado que "todas las personas están obligadas a cumplir la ley". En términos parecidos se han manifestado el PSOE, Izquierda Unida (IU), y la Asociación de Mujeres Progresistas. "Para Rajoy y para el PP, el sentido de Estado significa rebelarse contra las leyes aprobadas democráticamente", ha dicho en rueda de prensa José Antonio Alonso, portavoz del PSOE en el Congreso. "La admisión de un recurso no suspende la vigencia ni la aplicación de la ley", por tanto, ha concluido Alonso, "la ley está plena y absolutamente vigente, y hay que cumplirla".

Gaspar Llamazares, diputado de IU, ha instado a la Justicia a examinar la "llamada a la rebeldía" de Murcia o Navarra. "España es un Estado de derecho en el que existe separación de poderes", ha recordado Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, que ha recordado que "no es potestad (de Valcárcel) determinar si puede aplicar o no una ley".

El PP de Madrid respalda a los médicos objetores, pero obedecerá la ley

La Comunidad de Madrid insiste en que ningún médico irá a la cárcel por no practicar un aborto, y aclara que obedecerá la nueva ley. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se ha desmarcado hoy de Murcia o de Navarra subrayando que Madrid "cumple todas las leyes".

Su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha declarado que los profesionales médicos que se nieguen a practicar interrupciones voluntarias del embarazo "serán respaldados y respetados" por su Consejería, que no se plantea crear un registro de objetores. El consejero ha reconocido que en Madrid sólo el 2% de los abortos se practican en hospitales públicos. El resto se realizan en clínicas privadas.

Santiago Cervera, presidente del PP de Navarra -la única región en la que no se practican abortos, gobernada por UPN, que ha asegurado que continuará derivando a las mujeres que deseen abortar a otras comunidades-, ha remarcado esta mañana en RNE que la actitud del Gobierno de Murcia es una "consecuencia lógica de cómo se ha generado esta ley". Cervera ha puntualizado que han solicitado que se suspenda la aplicación de la norma hasta que el tribunal se pronuncie, pero que si este se inclina por no hacerlo, acatarán su decisión.